¿Derecho o trampa? El resquicio legal que el Consistorio ha encontrado en la Ley de Presupuestos para sacar adelante los proyectos en suspenso tras la inmovilización de 238 millones de euros no convence al Ministerio de Hacienda.
El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y Hacienda se recrudece. Tras incumplir el Consistorio madrileño la regla de gasto, tuvo que congelar 238 millones de euros de los Presupuestos de 2017 pero buscó una solución alternativa: un recoveco legal que le permitiera financiar los proyectos correspondientes a las partidas afectadas por esa congelación.
Para ello, el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena recurrió a la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y a la Ley de Haciendas Locales, en las que se contempla una “habilitación legal expresa para poder incorporar el superávit presupuestario del Ejercicio anterior”, según fuentes del Consistorio.
Como Madrid cerró 2016 con un superávit de más de 1.000 millones de euros, ese supuesto era viable y el Pleno aprobó, entre los meses de junio y julio, un total de 303 millones de euros “en suplementos de crédito y créditos extraordinarios” destinados a financiar algunas de las actuaciones presupuestarias contempladas en las partidas congeladas, han explicado fuentes del Consistorio a Madridiario. En concreto se trata de 577 proyectos que abarcan desde asfaltado hasta mejoras en 93 colegios públicos, pasando por la rehabilitación de las Murallas de Madrid o la instalación de desfibriladores en los mercados, entre otros.
La Delegación de Gobierno, a petición del Ministerio de Hacienda, según ha podido averiguar Madridiario, envió entonces dos requerimientos al Ayuntamiento (uno por cada acuerdo adoptado en el Pleno) con el fin de solicitar que se suspendan dichos acuerdos al haber detectado el Ministerio de Hacienda que “se han tocado partidas afectadas por los acuerdos de no disponibilidad”, según han explicado fuentes del Ministerio a Madridiario.
Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, insiste en que es la argumentación de Delegación de Gobierno la que no se ajusta a Derecho porque la fuente de financiación es diferente en estos casos, según ha defendido, porque “las modificaciones no se financian con bajas en créditos para gastos, ni con los ingresos consignados en el Presupuesto de 2017”, sino con “remanente de tesorería”.
Además, el titular de Economía y Hacienda ha asegurado que se cumplen las dos condiciones a los acuerdos de no disponibilidad contempladas en la LOEPSF: que no pueden ser revocados en el Ejercicio y que no pueden dar lugar a incrementos del gasto registrado en cuentas auxiliares.
También ha acusado Sánchez Mato a Hacienda y a la Delegación de Gobierno de “paralizar las actuaciones de mejora”, aunque fuentes del Ministerio aseguran no haber “solicitado en ningún momento la paralización de los proyectos”, sino que los financien conforme dicta la Ley.
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