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Tapa de registro de alcantarilla del Canal de Isabel II frente a la casa de Igancio González.
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Tapa de registro de alcantarilla del Canal de Isabel II frente a la casa de Igancio González. (Foto: Kike Rincón)

La compra de la empresa brasileña por parte del Canal supuso una malversación de 25 millones de euros

viernes 21 de abril de 2017, 14:32h
El juez ve malversación de 25 millones de euros en la operación de la filial latinoamericana del Canal de Isabel II para comprar la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.

La compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes supuso una malversación de 25 millones de euros al patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales".

Así se señala en el auto por el que el juez Velasco decretó el jueves por la noche el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín -que ya ha pagado esa fianza-, ambos detenidos en la 'Operación Lezo' por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.

Velasco les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal -un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción-, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

Irregularidades en la operación

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 detalla en su auto las principales irregularidades detectadas por los investigadores, como es la ausencia de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de "razones jurídicas económicas" que justificaran la adquisición, que se realizó además "a través de un entramado societario opaco".

Además, se modificó el porcentaje de adquisión -del 40 al 75 por ciento- sin la autorización correspondiente y "se renunció a un aval de 3 millones de euros para contigencias sin justificación alguna y sin autorización". Tampoco se contó para firmar estos contratos con valoración independiente ni con autorización de la Consejería de Hacienda, y además la compra no estaba incluida en el Plan Estratégico del Canal Extensia.

El informe de KPMG "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisión", añade el juez Velasco, y además se pago "a través de cuentas corrientes bancarias no autorizadas y en paraísos fiscales".

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