La oposición reúne información "muy reveladora" sobre la compra de Emissao e Inassa

Los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid han anunciado este martes que ampliarán la demanda que interpusieron en marzo en la Fiscalía Anticorrupción por los nuevos datos sobre posibles irregularidades en la compra por parte del Canal de Isabel II de la filial brasileña Emissao y de la colombiana Inassa.

La portavoz socialista en la comisión de estudio sobre la auditoría del Endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, Mercedes Gallizo, ha asegurado que con esta ampliación se trata de aportar documentación y datos que creen "relevantes" aparecidos a raíz de la operación Lezo. Entre ellas, está un informe de un despacho de abogados de Uruguay que intervino en la sociedad instrumental creada para comprar Emissao, una información "muy reveladora".

También incorporarán datos del propio informe del Gobierno regional enviado a la Fiscalía, y del que Gallizo se ha quejado no conocer, así como información periodística, "en la que se constatan contradicciones". "Todavía tenemos algunas cosas interesantes que aportar y lo que proponemos tras el debate de esta mañana y el Pleno del jueves es que se remita a la mayor brevedad posible a la Fiscalía los documentos", ha indicado.

Por otro lado, la parlamentaria socialista ve interesante que se aporten las afirmaciones que hizo en su día Arturo Canalda cuando presidía Canal Extensia en la comisión de Medio Ambiente de esta Asamblea porque a su juicio dijo "datos inciertos e inexactitudes y sobre el proceso mismo de compra" de Inassa. Y es que ha apuntado que con esta empresa de Colombia se hizo "un montaje similar a la adquisición de Emissao, ya que los propietarios de la misma crearon una sociedad ficticia para vender la empresa a un precio multiplicado".

"En una de las conversaciones (destapadas en la operación Lezo) Ignacio González confiesa que aquello fue una estafa que se ha venido tapando durante mucho tiempo. Por tanto, la investigación debe extenderse a otras empresas de Canal en América. Y la necesidad de ampliar investigación a su compra, actividad y gestión", ha añadido la portavoz parlamentaria.

Finalmente, ha señalado que a la ampliación de la denuncia adjuntarán información sobre negocios "amparados bajo paraguas de los fondos de cooperación" del Canal y también sobre proyectos de la empresa pública de aguas madrileña en América en asociación con Mercasa.

Sobre las auditorías

Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión de la Deuda, Eduardo Gutiérrez ha señalado que la nueva información recopilada de bufetes de abogados "pone de manifiesto una maquinación y una intencionalidad para saquear".

También ha señalado que tienen "indicios bastante evidentes de que los auditores parecen no haber cumplido con sus obligaciones legales". Concretamente, han anunciado que harán una propuesta de denuncia ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas contra la firma KPMG, ya que hizo un informe de auditoría de las cuentas del año 2014 de la entidad Extensia.

Por su parte, Mercedes Gallizo quiere que la Fiscalía analice el papel de las auditorías en encargos que les ha hecho el Canal en los últimos años. "En muchos de los casos se nos ha contestado que no hay informes, que se trata de asesorías verbales. Queremos saber si ha habido malversación de fondos sobre trabajos que no se pueden acreditar", ha añadido.

Además, la diputada autonómica recordó que el representante de KPMG que acudió hace unos meses a la Asamblea dijo que no habían participado en ninguna valoración de la compañía Emissao y que, por tanto, no les compatía a ellos determinar que la compra era adecuada o no.

Desde KPMG han explicado que "en ningún caso se faltó a la verdad en su comparecencia voluntaria en la Asamblea de Madrid", afirmando que "se ha producido por parte de algunos grupos políticos una confusión entre el carácter y alcance de un informe de Due Diligence, efectivamente realizado, y un informe de Valoración, que la auditora "nunca realizó".

"El informe de Due Diligence - cuyo contenido se ha hecho público a través del auto judicial en la operación Lezo- se refiere a un análisis descriptivo de posibles deficiencias de carácter financiero, fiscal y laboral en la compañía. Este tipo de servicios son compatibles con el trabajo de auditoría y no impactan en la independencia del auditor, tal y como refleja el propio Reglamento de Auditoría de la Unión Europea", han apuntado las mismas fuentes.

Los diputados de la oposición aún no saben cuándo podrán recopilar toda la información necesaria para interponer la ampliación de la demanda que, en todo caso, ven compatible tanto con el informe aportado el año pasado por la Comunidad como por la investigación policial. El diputado de Ciudadanos Juan Rubio ha señalado que "es de Justicia que aporten esta información", mientras que el del diputado del PP Juan Antonio Gómez Angulo se ha remitido al informe de la Comunidad, tal y como hizo cuando presentaron la demanda en marzo.

Inassa costó 10 veces más que su precio de tasación

El Canal de Isabel II desvió 73 millones de dólares (67 millones de euros) al paraíso fiscal de Panamá para la compra en 2001 de Inassa, según una información adelantada por OK Diario. La operación se habría consumado con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid.

La transacción a través de Panamá se efectuó entre 2001 y 2002, apenas dos meses después de que Pedro Calvo Poch, persona de la más absoluta confianza del entonces presidente madrileño, hubiera tomado posesión de la Presidencia del Canal de Isabel II en sustitución de Carlos Mayor Oreja, quién abandonó abruptamente la empresa semanas antes de que se emplease el paraíso fiscal centroamericano para entrar en el capital de la empresa colombiana.

La operación se consumó a pesar de las contundentes advertencias del informe elaborado por el despacho madrileño Garrigues, que consideraba dudosamente legal efectuar los pagos en un paraíso fiscal, además de poner en tela de juicio el precio: 73 millones de dólares, ya que Inassa había sido tasada un año antes en “7 millones de dólares”, es decir, 10 veces menos que el precio desembolsado finalmente por el Canal. La compra se financió con dos créditos: uno otorgado por BBVA y otro por Caja Madrid, entidad que en esa época presidía Miguel Blesa.