La nueva Ley del Suelo, camino de la Asamblea: fomentar la rehabilitación, mayor agilidad y sanciones más duras

La nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid avanza. Tras presentar el pasado mes de octubre el anteproyecto, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley, que será remitido a la Asamblea para su debate, tramitación de enmiendas y aprobación. El Gobierno regional confía en que la nueva normativa se apruebe “antes del verano” y “con el mayor consenso posible”.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa Cristina Cifuentes, que ha calificado la ley como una “respuesta a las necesidades urbanísticas del siglo XXI”, basadas, ha dicho, en la sostenibilidad y la transparencia.

Nuevos tipos de suelo

Como ya avanzaba en anteproyecto, la ley introduce cambios en la clasificación de los tipos de suelo: el suelo que hasta ahora se consideraba suelo urbanizable no sectorizado pasa a ser suelo no urbanizable común. En este nuevo tipo de suelo sólo se podrá construir en caso de que los ayuntamientos cambien su clasificación en el planeamiento general. El objetivo, según ha destacado Cifuentes, es el de “evitar desarrollo urbanísticos innecesarios” y fomentar la “rehabilitación y regeneración urbanas frente a los grandes desarrollos”.

Otra de las metas de la nueva normativa es la de agilizar los procesos de tramitación en materia urbanística siempre y cuando se respete el principio de favorecer la rehabilitación sobre las nuevas ocupaciones de suelo. Según ha destacado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, algunos ayuntamientos han tardado hasta 17 años en aprobar un Plan General para desarrollar sus planes urbanísticos. El objetivo es el de reducir este tiempo “a menos de un tercio”.

No siempre será obligatorio modificar el Plan General

Para ello, el proyecto de ley introduce la posibilidad de que aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes y de hasta 6 millones de euros de presupuesto puedan elaborar Plan General de Ordenación Urbana Simplificado, más rápido y flexible, siempre y cuando las actuaciones se centren en los cascos urbanos y no incluyan nuevos desarrollos.

Para los municipios medianos y grandes, se crea una nueva figura urbanística: los programas municipales de actuación sobre el medio urbano. Se trata de una herramienta de elaboración voluntaria que permitirá desarrollar actuaciones de rehabilitación y renovación aprobadas en planes especiales, sin la necesidad actual de modificar el planeamiento general.

Legalidad urbanística

Por otro lado, se pretende reforzar la legalidad en materia urbanística con medidas como la ampliación de los plazos de prescripción de delitos urbanísticos, que pasa de 4 a 8 años; el endurecimiento de las sanciones, que oscilan entre los 600 euros y los tres millones; y la potestad de las administraciones de decomisar los beneficios obtenidos por la comisión de una infracción.