Madrid pondrá a la venta sus entradas del Open de Tenis y ahorrará 1,8 millones

Según fuentes municipales, esta decisión, que este miércoles firmará la alcaldesa, Manuela Carmena, sigue la línea de actuaciones similares que ha realizado el Consistorio en otros coliseos como la plaza de toros de Las Ventas o el Teatro Real. El Gobierno municipal reservará tan solo el palco institucional, desprendiéndose del resto de localidades que, por convenio con la organizadora del torneo, le son propias (3.461 invitaciones, 33 palcos y 550 asientos en grada). Esta operación supondrá un ahorro anual de 1,8 millones de euros (a 445 euros por entrada de media; dependiendo del partido, el coste mercantil de la localidad puede llegar a alcanzar los 1.001 euros más IVA).

Estas localidades se reciben a raíz de un convenio suscrito el 29 de diciembre de 2011 entre el Ayuntamiento y la empresa Madrid Trophy Promotion, organizadora del evento por convenio hasta 2021. La regidora ya anunció en el mes de mayo que había decidido distribuir las entradas municipales a "colegios, entidades sociales y clubs deportivos", manteniendo, eso sí, "una reserva de butacas para la estricta representación institucional cuando se considere oportuno". En el último torneo, sobraron oficialmente 1.138 entradas de palco y 119 de grada. Con esta decisión se cambia la política de localidades del Consistorio, minorando los gastos relativos a este concepto.

No son las únicas localidades a las que ha renunciado el Gobierno municipal. En abril, el Consistorio renunció a los 40 asientos del palco de la plaza de toros de Las Ventas para disfrutar de las corridas de la Feria de San Isidro. Asimismo, el equipo municipal cedió el palco para autoridades municipales del Teatro Real, como símbolo de apoyo a la entidad, acción que le reportó 100.000 euros anuales de ingresos. También renunció a las entradas del estadio Santiago Bernabéu (aunque sí que ha pisado el palco del coliseo madridista) y a las gradas VIP de la Cabalgata de Reyes (de 714 entradas, 574 localidades fueron repartidas entre personas con movilidad reducida y familias en riesgo de exclusión social).