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Francisco Granados.
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Francisco Granados. (Foto: Juan Luis Jaén)

Granados utilizó su despacho en Transportes para enviar el dinero a Suiza

miércoles 18 de mayo de 2016, 13:21h
El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados utilizó su despacho oficial en la Consejería de Transportes al menos dos veces para hacer entregas de dinero en efectivo a un intermediario bancario, Michael Trevor Langdon, que posteriormente se encargaba de ocultarlo en una cuenta en Suiza. Este mismo procedimiento fue utilizado por encargo del 'cabecilla' de la trama Púnica, David Marjaliza.

Michael Trevor Langdon reveló al juez Velasco en el interrogatorio del 7 de octubre de 2015 los movimientos que hizo como intermediario de Francisco Granados, de quien dice desconocer la cantidad aproximada que llegó a blanquear, así como la procedencia de este dinero. Sin embargo, en el caso de Marjaliza sí reconoce que sabía que el dinero que le entregaba procedía de sus negocios inmobiliarios. "Cerca de El Corte Inglés de Castellana tenía el despacho de su puesto en la Comunidad de Madrid", relata Trevor Langdon sobre Granados, por entonces consejero de Transportes nombrado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Este mediador bancario sitúa entre 2003 y 2005 estos primeros contactos con el exalcalde de Valdemoro y luego 'mano derecha' de Aguirre.

Langdon, norteamericano nacionalizado suizo y con residencia en España, es un experto en fondos de inversión que, a partir de 1999, trabajó para BNP Paribas cobrando una comisión por cada cliente que captaba. Según él, fue el propio Granados el que le habló de un "posible cliente". "Resultó ser Marjaliza, su amigo de la infancia. Me lo presentó en el ayuntamiento de Valdemoro", detalla.

En el año 2006 cierra Granados su cuenta en BNP Paribas, prosigue Langdon, quien en 2013 avisará al exsecretario general del PP madrileño de que la Fiscalía suiza le estaba investigando por sus movimientos opacos, unos movimientos de dinero que siempre hacía en efectivo. "No había huella, por decirlo así", señala. Sobre el montante total, Langdon se escuda en el tiempo transcurrido y en la ausencia de registro contable para no precisar al juez qué dinero se podría haber ocultado por parte de cada cliente. "Me tomé muy en serio el secreto bancario, ibas a la cárcel si revelabas la identidad de un tercero. Yo estaba en medio de dos clientes", añade sobre el operativo por el que se ocultaba el dinero. Concretamente, Langdon recibía el dinero en metálico en España y realizaba una transferencia por idéntica cantidad desde una cuenta suya en Suiza a otra que tenía el cliente en este país. Lo mismo ocurría en caso de que se quisiera disponer del dinero en España. En otro caso las remesas procedieron del 'cabecilla' de la trama, David Marjaliza, quien le entregó a Langdon volúmenes de unos 20.000 euros para que lo ingresara en cuentas suizas opacas a la Hacienda Pública.

Según su confesión, este dinero se recogía en hoteles o en su domicilio en la calle Almagro de Madrid. También lo llegó a recoger en una ocasión directamente en una oficina que Marjaliza tenía cerca de la iglesia de los Jerónimos, detrás del Museo del Prado. "Hubo bastantes operaciones", revela al juez Velasco.

Testaferro sin ingresos
Por su parte, la testaferro del exvicepresidente regional, Francisco Granados, María José Marijuan, alegó ante el juez no poder pagar una fianza de 25.000 euros que pedía la Fiscalía, a pesar de que según el Ministerio Público, tenía una vivienda cercana a La Moraleja valorada en 1,3 millones de euros, según las grabaciones de las declaraciones. Marijuan, esposa de Ignacio Palacios, jefe de gabinete del exalcalde de Valdemoro, participaba en una decena de empresas en lugar de Granados. El juez Eloy Velasco citó al inicio de la declaración cerca de una decena de sociedades en las que ésta habría participado en "delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal", junto con su marido y Francisco Granados. Se trata de "Norian 2000, March Consulting, Sega integrales, Aijoven consulting, Servicios Patrimoniales de Obras y Vias, Circuito de Prácticas Pista Sur, Bustren y una finca en la Higuera en Ávila". Según el juez, las sociedades se usaron para que Granados cobrara comisiones de empresarios. La testaferro se acogió a su derecho de no declarar y solo respondió a su abogado, quien se limitó a hacerle preguntas sobre su situación familiar y económica actual.

Tras esta breve explicación, la Fiscalía explicó que María José Marijuan tiene una vivienda cercana a La Moraleja, valorada en 1,3 millones de euros por la que pagaba un crédito hipotecario de más de 2.000 euros mensuales. Ante lo que la testaferro de Granados precisó que la casa no estaba en La Moraleja y que urbanizaciones con jardines y piscina hay muchas cerca, como por ejemplo Las Tablas. La fiscal prosiguió su explicación y pidió como medidas cautelares la prisión eludible bajo fianza de 25.000 euros. El Ministerio Público alegó para esta petición "toda la trama de sociedades" que había descrito el juez en las que la testaferro había participado en actividades del blanqueo de capitales ayudando a cargos públicos a "ocultar, transformar y poner a buen recaudo ganancias ilícitas procedentes de hechos delictivos de cohecho, prevaricaciones, malversaciones y fraudes". También expuso que había riesgo de que intentara "neutralizar" las fuentes de prueba ya que algunas de esas sociedades habían tenido un desarrollo mercantil con "la diputación de Valencia, aeropuerto de Castellón, instituto de Turismo de Baleares", una expansión fuera de la Comunidad de Madrid que en aquel momento se estaba investigando.

El abogado de María José Marijuan alegó que su defendida no podía hacer frente a esa suma y que como mucho podría ingresar como fianza unos 5.000 euros. Además, aseguró que no conocían "nada" de lo que se la imputaba, que no podía destruir pruebas porque ya habían registrado su casa e incautado todos los dispositivos electrónicos y que no tenía ningún riesgo de fuga por el arraigo familiar y por la imposibilidad económica de hacer frente a ella.

Marjaliza, se refiere en un momento de su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a la expresidenta del PP de Madrid y portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, imaginando que estuvo presente en una reunión para impulsar una recalificación en Alcalá de de Henares. Se trataba de unos terrenos situados en El Espartal, en el término de Alcalá, donde la Comunidad de Madrid quería hacer, según el empresario investigado, "un macroproyecto con chalets de lujo y campos de golf". "Luego no sé que pasó, no sé quien lo paró", añadió Marjaliza a preguntas de la fiscal Anticorrupción. Según sigue la declaración, la representante del Ministerio Público se interesó en ese momento por si el presunto cerebro de la trama, Francisco Granados, junto con otro ex primer edil de este municipio, José Miguel Moreno Torres, se reunieron con algún otro político. "Seguro que sí -responde Marjaliza en este punto, con la Consejería incluso, no sé, hasta con Esperanza Aguirre", contesta escuetamente el exsocio de Granados.

Valdemoro, en época socialista
Por su parte, también se ha conocido de la declaración de David Marjaliza, presunto conseguidor de la trama corrupta entre empresarios inmobiliarios y el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) para pactar recalificaciones de suelo, que la organización ya funcionaba en el gobierno de José Huete, el alcalde socialista que ocupó el sillón del primer edil en dicho municipio entre 1983 y 1999, fecha en la que alcanzó el cargo el que fuera secretario general del PP madrileño Francisco Granados.

La fiscal anticorrupción Carmen García preguntó a Marjaliza por Javier Cid, hermano de Ramiro, que era el socio que tenía el declarante en la sociedad que gestionó las recalificaciones de suelo y construcción de vivienda que generaban comisiones para el alcalde Granados. "Inicialmente con el anterior alcalde socialista quien tenía buena relación era Javier", señaló Marjaliza. La fiscal le repreguntó: "¿Buena relación se refiere a que hablaban y pactaban las recalificaciones y la venta de viviendas a las que usted ha hecho alusión?". "Exactamente", contesta tajante el empresario. El socialista José Huete López, alcalde de Valdemoro desde 1983, dejó el cargo en mayo de 1999 después de trascender que la Comisión de Ética del PSOE le estaba investigando por el incremento súbito e injustificado de su patrimonio.

Según Marjaliza, con Granados era Ramiro, el hermano de Javier Cid, quien tenía mejor relación. Según su versión, éste recibió directamente o a través de su jefe de gabinete, Ignacio Palacios, sobres por entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda -si se trataba de un chalet la comisión era algo más alta- construida en los diferentes planes de desarrollo de Valdemoro (Madrid) entre los años 1999 y 2007 e incluso después, siendo ya consejero de la Comunidad de Madrid.

Publicidad en Coslada

Por otra parte, Madiva Editorial y Publicidad S.L., una de las sociedades del empresario Alejandro de Pedro, detenido por la trama 'Punica', siguió cobrando al Ayuntamiento de Coslada por un servicio que había dejado de prestar después de que estallara la operación. Así lo cuenta Miguel Ángel Mateo, director del gabinete de prensa del Consistorio de Coslada desde hace 33 años, durante la declaración que prestó ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en octubre del pasado año.

Según Mateo, Madiva Editorial y Publicidad S.L. tenía un contrato con el Ayuntamiento para el diseño de un 'banner' de publicidad en el periódico digital 'Noticias de Coslada', pero en octubre de 2014, cuando se produjeron las primeras detenciones de los imputados en la trama 'Punica', entre ellos De Pedro, el anuncio dejó de aparecer. Mateo explicó al juez Velasco que cuando estalló la operación el director de Comunicación del Ayuntamiento, Pablo García Lozano, le advirtió de que la empresa contratada para el 'banner' publicitario tenía "problemas por lo que estaba saliendo en la prensa".

Por este motivo, dice que abrió el periódico 'Noticias de Coslada' y no vio el anuncio. "Como tampoco me enviaban ningún comprobante que demostrara que se hubiese publicado, empecé a devolver las facturas", asegura. Según el jefe del gabinete de prensa de este municipio del noreste de Madrid, Madiva Editorial y Publicidad S.L. ha "amenazado" al Ayuntamiento con "demandarle" si éste no abona las facturas que fueron devueltas.

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