La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) ha presentado alegaciones al anteproyecto del informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la enajenación de 18 promociones (1.860 viviendas) y lo ha hecho, entre otras razones, por el "simulacro de subastilla" al 'fondo buitre' Fidere, enmascarada por la auditora PWC para vender "sí o sí".
En las alegaciones firmadas tanto por la consejera delegada de la EMVS, María Serrano, como por la presidenta de la empresa, la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, se argumenta que la enajenación debería haberse realizado según las disposiciones en materia de contratación pública de la Ley del Suelo, algo que no sólo no se hizo sino que además se incumplieron las normas internas aprobadas por el Ayuntamiento con el reglamento de adjudicación de viviendas, aprobado en el Pleno de 30 de octubre de 2012.
Además en las alegaciones, la consejera delegada argumenta que el incumplimiento "se enmascaró" en un plan de viabilidad "recomendado de manera exclusiva por una empresa auditora, PWC, que incluso llegó a señalar la banda de precio en la que tendría que moverse la enajenación".
"Se trataba de proceder a dicha venta sí o sí pues nadie se opondría a un plan de viabilidad que se presentaba como fundamental y esencial para la continuidad de la EMVS", señala María Serrano, que añade que el informe de PWC se entregó el 2 de abril de 2013, cinco meses después de que se iniciase por el órgano de administración de la EMVS la comercialización de las promociones", algo que resulta "revelador".
El informe de la auditora, como recogen las alegaciones, valora la cartera en una banda de precio que oscilaba entre los 117.000 y los 135.000 euros, además de considerar adecuado el momento de la venta dado que había inversores extranjeros interesados.
La consejera delegada de la EMVS no duda en tildar la actuación del auditor de "intromisiva y desmesurada e incluso podría ser interesada ya que parece avalar la bondad de una decisión ya tomada hacía tiempo". "¿Pudo ser un informe a la carta emitido para revestir con visos de seriedad una decisión arbitraria?", se pregunta María Serrano. A eso une que las ventas se formalizaron "por un precio que supone una pérdida para la EMVS de más del 40 por ciento del precio en que se tendría que haber realizado, lo que parece "irresponsable y podría dar lugar a exigencias de responsabilidad". Otra de las alegaciones pasa por el hecho de que la enajenación de las viviendas a fondos de inversión "poco o nada" se enmarcan en la función social de cumplimiento del derecho constitucional de acceso a una vivienda digna.
Aunque no forme parte de estas alegaciones, desde la EMVS consideran que la venta, desde un estricto punto de visto del derecho privado, la venta a Fidere "no se ajusta a la legalidad exigible pues se realiza con evidente extralimitación de las facultades del consejo de administración", que no contemplan la venta libre de viviendas "como si de una inmobiliaria se tratase". Esto podría derivar en acciones de responsabilidad.
En relación al precio, las alegaciones destacan que "no fue señalado ni fijado por la parte vendedora" sino que se deduce que "fue señalado unilateralmente por la parte compradora dentro de ese especial simulacro de subastilla que rodeó todo el proceso". Además el precio no fue referenciado a los precios de protección pública de ese momento, "lo que hubiera supuesto una referencia fiable y objetiva", además de no hacerse ninguna tasación. Ha sido en diciembre de 2015 cuando se ha llevado a cabo una tasación por la empresa Thirsa.
La consejera delegada de la EMVS ha apuntado que, por todo lo alegado, "se evidencia una gestión, administración y decisión perjudiciales de los intereses de la EMVS, que ha originado pérdidas en su patrimonio y, por lo tanto, en el del Ayuntamiento. El Consistorio podría proceder a revisar de oficio el procedimiento. También podrían pedir responsabilidades entre quienes tuvieron a su cargo el manejo de fondos públicos.
Marta Higueras, por su parte, ha destacado que podrían exigirse responsabilidades entre quienes tuvieron a su cargo el manejo de fondos públicos, acción que se entablará ante el Tribunal de Cuentas y sin perjuicio de la reserva de posibles acciones, tanto civiles como penales, en espera de la valoración que hagan los servicios jurídicos municipales para emprender las acciones judiciales que se estimen necesarias..
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