La Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) de Ponzano podría no llegar a tiempo para implementarse en esta legislatura dado que, tras los datos de medición concluidos en febrero, ahora se extrapolarán los datos con un modelo matemático y posteriormente comenzarán las reuniones con comerciantes y vecinos, proceso que finalizará en un plazo no inferior a 10, 12 meses.
Así lo ha indicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo, justificando en la necesidad de conseguir seguridad jurídica. Así, el edil ha explicado que se tomaron las primeras mediciones hace un año y, aunque los niveles sonoros superaban los establecidos, no obviaron que aún se estaba en pandemia y esto tenía consecuencias en los registros.
Buscan "rigor jurídico" porque al anterior equipo de Gobierno "no le queda ni una normativa no tumbada por los tribunales". "A nosotros no nos la van a tumbar porque la haremos con plena seguridad jurídica", se ha comprometido el delegado.
Ahora el área trabaja en un modelo matemático para extrapolar los datos en una veintena de ubicaciones para delimitar el área de la ZPAE. Tras estas semanas de trabajo arrancarán las reuniones con comerciantes y vecinos porque "este Gobierno les protegerá por encima de todo" a estos últimos.
El portavoz socialista del área, Ignacio Benito, ha recordado que la proposición de su partido para poner en marcha una ZPAE en Ponzano fue aprobada hace año y siete meses en una zona "tensionada por la proliferación de terrazas". "Que se dejen de largas y rodeos. ¿Para cuándo entrará en vigor?", ha preguntado.
Los vecinos recurren a Europa
Benito ha acusado al Gobierno de incumplir la ordenanza de Terrazas porque hoy en día "Ponzano pertenece a los hosteleros y no a los vecinos, traicionados por la vicealcaldesa, Begoña Villacís". También ha remarcado que la Asociación de Vecinos El Organillo, en el distrito de Chamberí, han conseguido que el Parlamento Europeo admita a trámite la investigación por el ruido en la calle Ponzano.
"Hemos solicitado que investigue las vulneraciones de derechos que por efecto del ruido padecemos en Madrid y que revise la directiva sobre protección del ruido a fin de abordar la contaminación acústica asociada a las actividades de ocio", ha explicado la asociación vecinal a través de sus redes sociales.
La entidad vecinal también optó por otra vía judicial. El pasado noviembre la asociación interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid por su "inactividad" y en defensa de los derechos fundamentales ante el problema del ruido de las terrazas y los locales de hostelería del distrito, que incluye zonas como Ponzano.
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