Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue desde febrero de 2017 Directora General de Justicia de la Comunidad de Madrid, cargo del que tomó posesión durante el Gobierno de la presidenta Cristina Cifuentes.
Con la llegada al Gobierno de Ángel Garrido, Ibarrola pasó a encabezar la cartera de Justicia, siendo nombrada como ‘número dos’ de esta misma consejería con la Presidencia de Isabel Díaz Ayuso, ahora dirigida por Enrique López.
Tras su licenciatura y hasta 2001, Ibarrola llevó a cabo un ejercicio libre del derecho en calidad de socia en un despacho profesional de abogados, trabajando en las especialidades de Derecho Civil y Penal.
Sin embargo, decidió aventurarse en el mundo de la política y comenzó su andadura en la Comunidad de Madrid con el cargo de Viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas durante la V Legislatura, con Alberto Ruiz Gallardón.
En la VI Legislatura, desempeñó por primera vez la función de Consejera de Justicia, la cual abandonó con Esperanza Aguirre para ser jefa del Gabinete del Portavoz Parlamentario de la Asamblea de Madrid y Senadora autonómica.
Asimismo, desempeñó el cargo de Directora General de Coordinación de la Dependencia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales durante la VIII Legislatura, y antes de que finalizase esta, fue nombrada asesora parlamentaria del Consejero de Economía y Hacienda.
Mejora de sedes judiciales, firmas con sindicatos y ayuda para fiscales
En el año y cuatro meses que ocupó la Dirección General de Justicia –separada desde entonces de la de Seguridad–, se hizo cargo de una inversión de siete millones de euros que se propuso destinar para llevar a cabo numerosas mejoras en el ámbito judicial.
Bajo su mandato, se asignaron 1,8 millones para modernizar un total de 335.000 metros cuadrados en las sedes judiciales en los que se mejoraron aspectos como la seguridad o la climatización.
Defensora de los fiscales, acuñó el lema ‘Un fiscal, un despacho’ para poner el foco en el poco espacio del que disponen los fiscales para llevar a cabo su trabajo, llegando a compartir despacho varios a la vez.
Además, durante su etapa como directora, Ángel Garrido, el consejero en aquel momento, firmó un preacuerdo sectorial con los sindicatos de Justicia de Madrid para mejorar sus condiciones laborales.
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