La reciente votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados ha puesto en entredicho la infalibilidad de los sistemas electrónicos y analógicos de los que se sirven los representantes. En la Asamblea de Madrid ha habido varios momentos en los últimos años en donde algunas votaciones no salieron como se esperaba por errores humanos o por presuntas irregularidades. Las reacciones de los partidos ante casos similares a veces coinciden y otras no.
Una de las ocasiones más conocidas fue hace cuatro años. En concreto, el 15 de marzo de 2018. Cristina Cifuentes gobernaba la Comunidad de Madrid con el apoyo ajustado de un Ciudadanos al que todavía le quedaba cierto trecho por recorrer. El escándalo del caso Máster y de las cremas aún no había estallado -ocurrió una semana después- y la presidenta de la región se erguía como una figura pujante en el entorno nacional. En el Parlamento, la aritmética separaba a los bloques de derecha e izquierda por un solo escaño, lo que obligaba a los diputados a extremar sus precauciones. Aquel jueves de marzo se votaba, entre otras cosas, la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, sin embargo, ocurrió algo inesperado: Cifuentes pulsó el botón equivocado.
En las votaciones de leyes, es habitual que se solapen los textos alternativos y las enmiendas de los grupos de la oposición. Es decir, las propuestas del Gobierno y del resto de grupos parlamentarios sobre una misma acción legislativa se votan en la misma tanda de forma consecutiva. Fue en esta fase donde la presidenta se confundió, ya que votó a favor de la enmienda a la totalidad con texto alternativo de Podemos y PSOE, provocando el rechazo del texto del Partido Popular. En un primer momento, el júbilo se apoderó de la bancada de la izquierda aunque nadie entendió lo que había sucedido. Fue después cuando se supo que el dedo de Cristina Cifuentes había presionado el “sí” en vez del “no”. La forma de gestionar este error fue inexistente. La iniciativa de Podemos y PSOE fue aprobada gracias a una equivocación aunque, eso sí, el Gobierno regional la retiró de forma inmediata.
Criterios discrepantes
Fuentes del Grupo Parlamentario Popular aseguran que no es comparable lo ocurrido en 2018 con la votación del diputado nacional Alberto Casero el pasado jueves. “Hay una diferencia muy importante: el voto de Cifuentes fue presencialy el de Casero telemático”. Explican estas fuentes que según el Reglamento de la Cámara Baja, el sufragio telemático anticipado está ideado para evitar problemas técnicos y que “por eso Casero comunica la incidencia y se presenta en el Congreso; porque el voto personal, directo y presencial tiene que tener prioridad sobre el telemático”. Cuando hay dudas, “debe primar la voluntad del diputado”. Sobre Cifuentes, en cambio, relatan que “quedó manifiestamente claro que fue un error personal” y que “son cosas que ocurren” debido a la inmediatez del voto presencial.
"El voto de Cifuentes fue presencial y el de Casero telemático”
Una postura diferente mantiene Jacinto Morano, de Unidas Podemos, que estuvo presente como diputado en 2018 y que mantiene su cargo en la actualidad. Para él, el voto telemático y el voto presencial tienen la misma validez y alegar un fallo informático después de que el propio sistema del Congreso haya aprobado ese sufragio no tiene sentido. “Al final, se le está intentando dar al diputado Casero la posibilidad de modificar su voto”, mantiene Morano. “Si yo me equivoco presencialmente, me jorobo y me aguanto. ¿Tiene más derecho a cambiar el que vota desde su casa que el que vota presencial? No lo creo”, se pregunta y se responde.
“Otra cosa sería que pudiera demostrar que ha sufrido el ataque de un hacker, algo que nadie está planteando”. Sobre el día en que Cifuentes se equivocó, añade una anécdota. Por petición de la Cámara, acudió un perito para comprobar uno a uno el buen funcionamiento de los botones de votación de cada escaño, comprobación que determinó que todo era correcto.
En una línea similar se expresa el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca. “Si te equivocas, va a misa y si llegas tarde, las puertas están cerradas”, cuenta este parlamentario que además desconfía de la tesis del error informático en el voto de Casero. “Creo que nadie se cree que fuera un problema técnico, es algo que es muy fácil de comprobar y nadie lo ha hecho”, concluye.
La primera ley de Ayuso
Otra de las ocasiones en que una votación en la Asamblea de Madrid fue objeto de polémica ocurrió en octubre de 2020. Entonces, Díaz Ayuso todavía gobernaba en coalición con Ciudadanos y su mando atravesaba la difícil gestión de la pandemia que asolaba España y Madrid. El Gobierno apenas cumplía un año y pocos meses de edad y en ese tiempo no había aprobado ninguna Ley, algo que se quiso remediar el uno de octubre del año del virus. Aquel jueves el Ejecutivo aprobó una reforma de la Ley del Suelo en unas circunstancias complejas y que se encuentran, de hecho, recurridas en el Tribunal Constitucional.
La Covid 19 había hecho que el aforo en el Parlamento regional se redujera a la mitad para prevenir contagios y aglomeraciones. Así, el límite de diputados en el hemiciclo se situó en 70, repartidos entre los grupos de forma proporcional a su número de escaños, de modo que había 20 del PSOE, 16 del PP, 14 de Ciudadanos, 10 de Más Madrid, seis de Vox y cuatro de Unidas Podemos. El quórum, el número mínimo de diputados necesarios para votar, estaba en 67. Con estos números y sin el voto telemático habilitado, llegó el momento del sufragio de la reforma de la Ley del Suelo. Minutos antes de la votación, 12 diputados de Más Madrid y Unidas Podemos abandonaron el hemiciclo en protesta por el aforo impuesto y a sabiendas de que sus ausencias provocarían la falta de quórum. La reacción del presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, fue la de realizar la votación a la vez que criticaba la actuación de estos diputados como un “uso torticero del Reglamento”.
Aún así, la Ley quedó votada y aprobada, ante las protestas de los diputados de la izquierda, que señalaban la falta de quórum. Sin embargo, ocho horas después, al terminar una votación de otra iniciativa, el presidente de la Cámara decidió repetir la de la Ley del Suelo. Después de casi media hora de discusiones entre los parlamentarios y el presidente Trinidad, mientras se arrojaban artículos del Reglamento unos a otros, toda la bancada de la izquierda abandonó la Cámara. Esto, por otra parte, no impidió la celebración de una segunda votación en la que solo estuvieron presentes 36 diputados del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
La interpretación de los reglamentos
Según fuentes del Partido Popular, “pueden surgir diferentes interpretaciones sobre si el quórum era válido o no en la primera votación. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que se produjo un ejercicio de filibusterismo”. Este concepto se refiere a una situación en la que un diputado utiliza de “manera torticera” el Reglamento de una Cámara parlamentaria para entorpecer su buen funcionamiento. Aquel día, cuentan estas fuentes, las puertas de la sala se mantuvieron abiertas durante las votaciones por la pandemia, algo que no es lo habitual. “La oposición intentó valerse de una situación excepcional para salirse de un Pleno del que no hubiesen podido salir si las circunstancias hubiesen sido normales, porque las puertas siempre están cerradas”, explican estas voces, a la vez que señalan que será el Tribunal Constitucional el que resuelva las dudas sobre si aquel sufragio fue o no legítimo.
"Una burla al parlamentarismo"
Para Martínez Abarca, de Más Madrid, el Reglamento había sido “pisoteado” desde el principio por las medidas tomadas por la pandemia. “Todos estábamos de acuerdo en que era una situación excepcional pero no había ninguna razón legal para que a la mitad de los diputados no nos dejaran votar”, relata.
Esta es una de las base de la argumentación para la salida del Pleno, según este diputado, que está convencido de que la presidencia de la Asamblea “no previó” esta situación y reaccionó de forma errónea al forzar una segunda votación, fuera del orden del día. Martínez Abarca, además, relaciona lo sucedido en 2020 con lo ocurrido en el Congreso. “No dejar votar a todos los diputados es una ilegalidad, comprensible por la pandemia, la otra no, es una ilegalidad y una burla al parlamentarismo”, concluye sobre la tesis del error informático.
En cuanto a Jacinto Morano, de Unidas Podemos, reconoce sin ambages que la ausencia de los diputados del Pleno fue intencional para provocar una falta de quórum, a modo de protesta por la imposibilidad de que todos los representantes pudieran ejercer su derecho al voto. “Hicimos la de la Ley del Suelo y se la va a tumbar el Constitucional, no tengo ninguna duda”.