Memoria histórica

El magistrado que suspendió de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar los restos de Francisco Franco, José Yusty, ha suspendido su actividad judicial por un incidente de recusación presentado por la Abogacía del Estado. Al parecer, el magistrado escribió hace años algunos artículos en contra de la Ley de Memoria Histórica, por lo que podría haber incurrido en "contaminación por interés".

El Gobierno central da el último paso para la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, una vez expirados los plazos ofrecidos a la familia para que propusieran alguna alternativa. Finalmente, Franco será enterrado en el cementerio de titularidad estatal de El Pardo con el fin de evitar la exaltación del dictador y garantizar, así, el orden público.

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas han acordado pactar planes cuatrienales de exhumación tras actualizar el mapa de fosas, que se encuentra incompleto a la luz de las cifras de desaparecidos que manejan las organizaciones. Así, trabajarán en un censo de víctimas del Franquismo, en un banco de ADN conjunto y en un registro de los símbolos que aún permanecen.

El Consejo de Ministros ha aprobado el primer paso para exhumar los restos mortales del dictador Francisco Franco de su tumba del Valle de los Caídos. La vicepresidenta Carmen Calvo ha sido la encargada de presentar ante la prensa el decreto que facultará al Gobierno de Pedro Sánchez a cumplir una de sus primeras promesas tras la moción de censura. Según sus planes, el cadáver podría abandonar Cuelgamuros a finales de año. La familia tiene dos semanas para decidir dónde le dan nueva sepultura. Si no, será el Gobierno el que escoja.

Cuando Pedro Sánchez alcanzó la Moncloa, propuso estrenarse con la extracción del cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos, aquel mausoleo que el dictador hizo construir para honrar a una memoria que todavía no se ha borrado del todo de nuestras calles. Así, con el ánimo de terminar lo que empezó José Luis Rodríguez Zapatero con la Ley de Memoria Histórica, el presidente parece dispuesto a dar carpetazo a un pasado que se convierte en un dolor de cabeza para el Ayuntamiento de Madrid cada vez que lo toca. En este contexto, Madridiario charla con Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde y encargado de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria Histórica. El objetivo, ver qué queda por hacer a nivel municipal en estas cuestiones.

Un senador valenciano promueve una campaña para eliminar cualquier vestigio de exaltación franquista de los callejeros de todo el país. Miles de requerimientos después, Carles Mulet (Compromís) ha constatado más de 600 modificaciones, un manojo de ellas en Madrid. Y es que la región, más allá de la capital, conserva aún plurales restos de aquella propaganda 40 años después del regreso de la democracia. Pese a que es una obligación legal, algunos alcaldes se niegan a borrarlos.

La Justicia ha tumbado ahora el cambio de nombre de la calle de Chamberí General Asensio Cabanillas, militar africanista que se sublevó contra la República. La jueza responsable del auto, que puede ser recurrido, cree que el Ayuntamiento de Madrid no debe basarse en la Ley de Memoria Histórica, como defiende, sino en sus propias ordenanzas.

La decisión de cambio de denominación a Institución Libre de Enseñanza, se anula al entender que no es ajustada a derecho, por lo que el Ayuntamiento deberá mantener el nombre de la calle Hermanos García Noblejas. Contra esta resolución, cabe la interposición en quince días de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

No hay dos sin tres. El monumento a los brigadistas internacionales ha vuelto a amanecer con símbolos nazis pintados, según ha denunciado Carlos Sánchez Mato, concejal del distrito, que ha avisado de que lo limpiarán "las veces que haga falta".