El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a la carga: demoler la cruz del Valle de los Caídos es fundamental para poner en marcha la memoria histórica que trata de borrar el negro episodio de la Guerra Civil del conocimiento de quienes no vivieron esa tragedia. Parece que restituir la legitimidad de la República, pasa por cambiar el nombre de las calles de personas, acontecimientos o ensañas relacionadas con el franquismo; pasaba por sacar el cadáver de Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, también el de José Antonio Primo de Rivera; pasa por expulsar a los monjes de este santuario y, sobre todo, por derribar la cruz de 150 metros de altura, que corona este emblemático lugar.
Sin tanto se ha dilatado esta pretensión, es porque hay serias dudas sobre la viabilidad legal de llevar a cabo este voladura, controlada por el deseo del sanchismo y asociados.
Vayamos por partes. Todo el término municipal de San Lorenzo del Escorial, al que pertenece el Valle de los Caídos, está calificado como Bien de Interés Cultural y protegido por la Unesco, al ser Patrimonio de la Humanidad, desde noviembre de 1984, en la categoría de sitio histórico.
La calificación de BIC es una figura jurídica de protección del patrimonio histórico español, regulada por la Ley 16/1985, del 25 de junio. Posteriormente fue asumida paulatinamente por la legislación de las distintas Comunidades Autónomas, que participaron en la incoación de expedientes y estudios, con la supervisión del Ministerio de Cultura para la declaración definitiva. En 2006, la Comunidad de Madrid declaraba BIC todo el término municipal de San Lorenzo de El Escorial, en la categoría de Territorio Histórico, sin hacer mención expresa al monumento del Valle de los Caídos, que se encuentra dentro del área protegida.
Así las cosas, no resultaría fácil, desde el punto de vista legal, demoler la gran cruz, y quizá esas dudas, ese miedo a perpetrar una acción ilegal irreversible, es la razón por la que la escultura aún permanece en pie.
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