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    5 de julio de 2022

anticorrupción

Desde el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, se ha rechazado embargar el salario que percibe el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como funcionario. La solicitud la llevó a cabo la Fiscalía Anticorrupción en octubre.

Durante dos meses, el excomisario Villarejo y su mujer, Gema Alcalá, no podrán comunicarse por teléfono tras grabar ella una de las llamadas donde se hablaba de Grande-Marlaska, el CNI y Anticorrupción, y difundirla posteriormente a los medios.

VISTILLAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

El juez ha ordenado prisión incondicional para Luis Bárcenas, Guillermo Ortega y Alberto López Viejo ante el riesgo de fuga. La Audiencia Nacional ha celebrado este lunes las vistillas con las defensas de 16 de los condenados en el primer juicio de la Gürtel. El futuro del resto, incluido el de la mujer del extesorero del PP, se decidirá el miércoles.

Este viernes ha vuelto a declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, por la supuesta financiación irregular de la formación regional. Ante el juez ha asegurado que el vídeo del hurto que provocó la dimisión de Cristina Cifuentes le generó "tristeza". En cuanto a la trama Púnica, Granado ha insistido en que existió una campaña paralela para Esperanza Aguirre dirigida por Ignacio González, quien, a su juicio, controlaba los nombramientos del partido y los ayuntamientos junto a la propia Cifuentes.

La denuncia de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de la Ciudad de la Justicia ha sido remitida a la Fiscalía Anticorrupción con el objetvo de investigar los hechos ante una presunta comisión de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos.

PSOE, Ciudadanos y Podemos piden a Anticorrupción que depure responsabilidades y se investiguen presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, malversación y falsedad documental, entre otros.

Las irregularidades encontradas por la Comisión de la Deuda sobre el Campus de la Justicia serán llevadas por la oposición a la Fiscalía Anticorrupción. Por su parte, el PP dice que la denuncia "no tiene cuerpo jurídico".