La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Adolfo Carretero la apertura de juicio oral contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el caso de las mascarillas en el que se investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la compraventa de material sanitario durante la pandemia del coronavirus.
En su escrito, el fiscalel Luis Rodríguez Sol solicita una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y eleva la petición a 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño.
El escrito se presenta en la fase intermedia de las actuaciones de cara a la próxima celebración del juicio oral. Ahora, las partes personadas en el procedimiento deben presentar sus respectivas conclusiones provisionales al magistrado para que determine la apertura de juicio oral.
En el caso de Luceño, reclama una multa que asciende a los 5 millones. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.
A Luis Medina le imputa en concepto de coautor un delito continuado de estafa agravada y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. A Luceño le acusa de los citados delitos en calidad de autor, junto a otro delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y otro contra la Hacienda Pública agravado.
De igual modo, el fiscal pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.386,29 euros.
El fiscal considera que procede, asimismo, decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros, en el caso de Luis Medina.
"La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador", recalca el fiscal.
En este sentido, insiste Rodríguez Sol en que los acusados "convencieron" al Ayuntamiento de Madrid de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación" a pesar de las comisiones millonarias que se desembolsaron.
En el auto de procesamiento, Adolfo Carretero sostuvo que las compraventas en las que intervinieron los investigados constituyen un caso de "negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando con dolo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio, sin tener poder alguno de la empresa vendedora y con falsedad de documentos mercantiles".
Carretero afirmó que Medina y Luceño se "enriquecieron" con ello y "perjudicaron" al Patrimonio Municipal en bienes de primera necesidad, como era en el momento de la venta los materiales sanitarios "y en cantidad superior a 50.000 euros". El magistrado también apunta que Alberto Luceño "engañó al propio Luis Medina en el reparto de comisiones" fijadas de manera unilateral por él mismo.
El Ayuntamiento solicita una indemnización de 8 millones
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid solicita que Luis Medina y Alberto Luceño indemnicen de manera conjunta y solidaria a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (SFM) con 7,9 millones de euros por la presunta estafa del caso 'mascarillas'. La representación jurídica del Consistorio madrileño solicita una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y 11 años de prisión para su socio.
El Consistorio acusa a Luceño de un delito continuado de estafa agravada; un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular; y un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular. A Medina le imputa los dos últimos ilícitos penales.
En su relato, el Ayuntamiento de Madrid expone que el aristócrata y el que fuera su socio en aquella época "aprovechándose de la situación de crisis sanitaria existente", ofrecieron al Consistorio su mediación, de forma altruista y gratuita, "en la adquisición de material sanitario consistente en mascarillas, guantes y test de detección de la Covid 19 a través de una empresa malaya".
Lo hicieron, según esta parte, "ocultando de manera intencionada que su actuación incluía en realidad el cobro de pingües comisiones mediante la integración de estas en el precio de los productos vendidos".
El plan preconcebido por los acusados "consistió en incluir en el precio de los contratos el importe de las comisiones que consideraron pertinentes por su actuación, las cuales eran desconocidas para el Ayuntamiento, y que además resultaban leoninas, encontrándose fuera de cualquier estándar de mercado".
"Las comisiones fueron establecidas previamente por los acusados, los cuales hicieron creer al Ayuntamiento de Madrid que los precios de venta eran los fijados por la mercantil fingiendo, por tanto, que su actuación era altruista y gratuita", subraya el escrito.
"En definitiva, los acusados, sabedores de la necesidad apremiante de suministro de material de protección así como de la imposibilidad de satisfacer comisiones por parte de la Administración, ocultaron deliberadamente al Ayuntamiento dichas comisiones, llevándola a realizar un acto de disposición patrimonial en su perjuicio que no habría hecho de haberlo conocido", agrega el escrito de la representación municipal.
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