Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han levantado este viernes de la mesa del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado en Zaragoza, tras leer un comunicado en el que acusan al Gobierno de hacer un uso “partidista y sectario” de este órgano de coordinación.
El encuentro había sido convocado de forma extraordinaria por el Ministerio de Sanidad para abordar la financiación y distribución de fondos destinados a la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer, así como la distribución territorial de recursos para el desarrollo del sistema de vigilancia de esta enfermedad. Sin embargo, la reunión se ha visto marcada por la tensión entre el Ejecutivo central y las comunidades del PP, en plena polémica por la negativa de algunas autonomías a remitir datos sobre sus programas de cribado de cáncer, tras los fallos detectados en Andalucía. “Nunca, a lo largo de la historia de este órgano, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder”, señala el manifiesto leído por los representantes populares antes de abandonar la sesión.
Los consejeros del PP justifican su retirada “en defensa de la salud de los españoles, del respeto institucional y del correcto funcionamiento del Consejo Interterritorial”, y exigen al Ministerio que “restaure los cauces reglamentarios y devuelva al Consejo el valor y el contenido que merece como órgano fundamental de coordinación sanitaria”.
En su comunicado, acusan al departamento que dirige Mónica García de actuar “de forma unilateral”, ignorando las aportaciones de las comunidades y “desvirtuando los acuerdos alcanzados en las ponencias y comisiones técnicas”. A su juicio, el Ministerio ha vulnerado el reglamento del CISNS, que debería basarse “en el diálogo y la búsqueda de acuerdos compartidos”.
Polémica por los datos de cribado de cáncer
Uno de los principales motivos de fricción es la petición de datos sobre los programas autonómicos de cribado de cáncer. Según los consejeros populares, el Ministerio “no ha puesto a disposición de las comunidades la herramienta necesaria para ello”, mientras los indicadores “siguen en fase de revisión”. Por ello, denuncian una “manipulación unilateral” de los acuerdos adoptados en la Ponencia de Cribados el pasado abril.
Asimismo, los representantes del PP critican que, tras los fallos identificados en los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía, el Ministerio “en lugar de apoyar y promover su desarrollo, se ha situado frente a las comunidades y frente a las mujeres, intentando sacar rédito político de un asunto que debería ser un punto de unión y orgullo compartido”.
También han apuntado hacia las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, gestionadas directamente por el Ministerio, que —según afirman— “no asume su responsabilidad”, lo que consideran un nuevo ejemplo del “uso partidista que el Gobierno está haciendo de la salud pública”.
Críticas a la gestión sanitaria del Gobierno
El PP ha aprovechado su intervención para denunciar la “incapacidad total” del Ministerio en la gestión de la falta de profesionales sanitarios, a la vez que rechazan el intento de “imponer un nuevo Estatuto Marco sin el consenso de los profesionales ni de las comunidades autónomas”. A esto suman “la deslealtad institucional” y la “intromisión constante” del Gobierno en competencias autonómicas.
Además, los consejeros han señalado que el Ejecutivo ha denegado las modificaciones presupuestarias necesarias para transferir fondos de programas de Salud Pública, entre ellos los destinados a los sistemas de vigilancia del cáncer. Según aseguran, las comunidades fueron informadas de esta decisión “a través de un mensaje de WhatsApp del director general de Salud Pública”.
Por último, los representantes autonómicos han acusado al Ministerio de “falta de transparencia” y “filtraciones constantes” a la prensa, asegurando que muchas decisiones del Consejo se conocen públicamente “antes incluso de finalizar las reuniones”, lo que califican de “desprecio absoluto a los procedimientos internos”.
“El menoscabo reiterado a los miembros del Consejo resulta intolerable. Los representantes de las comunidades autónomas merecen el respeto institucional que reconoce la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”, concluye el manifiesto.
Si (
No(
