Raquetazo al negocio del pádel en Madrid: el juez ordena el cierre de dos pistas en la calle Orense

Golpe judicial al negocio del pádel en Madrid. El juzgado de Primera Instancia Nº 83 de Madrid ha ordenado “prohibir” dos pistas de pádel colindantes a una veintena de viviendas, tras tres años de lucha vecinal. No obstante, el propietario de las instalaciones ha decidido continuar con la actividad, al menos, hasta que haya una sentencia firme.

El calvario para los vecinos llegó en 2020 con la construcción de dos pistas de pádel en la calle Orense de Madrid, que se sumaban a las ya existentes de la Avenida de Brasil, que durante décadas lleva operando IberiaMart Pádel Madrid. La construcción de esas dos nuevas pistas generaban un efecto “caja de resonancia” a escasos cinco metros de sus viviendas, vulnerando la ordenanza de ruido y medio ambiente. Un problema que se agrava debido al horario de actividad. De hecho, en un anuncio en una página de alquiler, la promotora de estas pistas de pádel presume de “horarios amplios” (de lunes a viernes de 9.00 a 23.00 horas) y con “magníficas ofertas de reserva para los sábados y domingos”.

Ante este malestar, los vecinos solicitaron que se redujeran los horarios mediante un burofax a la empresa, donde solicitaban que su actividad quedará reducida de diez a seis. Más tarde, ante la pasividad de la compañía, recurrieron al Ayuntamiento de Madrid, que realizó mediaciones que recogían una media diaria al tratarse de una actividad continua, pero esa media no sobrepasaba los límites fijados por la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) municipal. Por último, tras agotar la reclamación administrativa, los vecinos decidieron ir por la vía judicial.

“El Ayuntamiento de Madrid hacía una interpretación de la normativa según la cual no se podía medir el ruido, ya que no se trataba de un sonido continuo como la música, por ejemplo. Pero eso no es así, porque es de sentido común que ese tipo de ruido molesta y puede medirse”, expone el abogado de la acusación particular, Ricardo Ayala, quien demostró en el juzgado que era “perfectamente factible” medir “diez horas seguidas de pádel”.

Según el abogado, las mediciones del Ayuntamiento de Madrid no eran “justas”, ya que incluían la noche —cuando “no hay actividad”— y el domingo por la tarde, por lo que era imposible superar los decibelios permitidos. Una medición que Ayala tacha de “ridícula” y califica como una posible “prevaricación”, porque “las autoridades no pueden interpretar algo así desde el punto de vista lógico, técnico y científico”. “Nos planteamos una querella por prevaricación administrativa”, expone, aunque finalmente no la presentaron.

En la sentencia exponen que “todo dependía del método de la medición del ruido” para saber si la actividad vulneraba los derechos fundamentales de los vecinos o no. Dicho texto, refleja que “si se mide solo el tiempo de actividad de pádel si se sobrepasa los límites administrativos de tolerancia del ruido”, mientras que si la medición se extiende a todo el día y se hace medio, el tiempo de silencio de la noche compensa el realizado durante el día, aparte tener en cuenta que entre raquetazo y raquetazo no tiene por qué haber ningún ruido”.

Más de 700 impactos en la raqueta que superan los índices de tolerancia

El fallo reconoce que un partido de pádel, incluso jugado en condiciones mínimas de disputa y con jugadores en silencio, genera un volumen significativo de ruido debido al propio sistema de puntuación, que implica una alta frecuencia de impactos de la pelota. Se calcula que en un partido se producen al menos 720 golpes, lo que, en combinación con la cercanía de las pistas —a tan solo seis metros de las ventanas de las viviendas afectadas—, genera emisiones acústicas que superan de forma reiterada los índices de tolerancia administrativa.

Este nivel de ruido, prolongado desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche, no solo afecta al descanso, sino que hace razonable considerar que puede perturbar actividades cotidianas como el teletrabajo, el ocio doméstico o el descanso del fin de semana. La sentencia subraya además que no se ha demostrado que las demandadas hayan adoptado medidas efectivas para reducir las molestias, lo que evidencia una falta de equilibrio entre el ejercicio de su actividad y el respeto al derecho de los vecinos a un entorno acústicamente tolerable.

“Estamos hablando de derechos fundamentales. Existen sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo que reconocen que el ruido, cuando alcanza ciertos niveles, se convierte en una forma de agresión acústica que vulnera los derechos fundamentales. El artículo 15 de la Constitución Española - por ejemplo – protege el derecho a la vida y a la integridad física y moral, es decir no solo al daño físico sino al psicológico o emocional producido por el estrés continuado, la ansiedad, insomnio o alteraciones del estado de ánimo por la exposición contante de ese entorno sonoro”, explica Ayala a Madridiario.

Además, para el abogado que lleva el caso, esta actividad también infringe el derecho a la inviolabilidad del domicilio, porque cuando “ese ruido entra de forma constante e incontrolada en tu casa, es como si alguien se colara dentro sin tu permiso”. ¿Cómo puedes vivir con normalidad en un lugar donde ya no tienes paz? Para mí —y lo digo siempre—, después de tu propio cuerpo, tu casa es tu segunda piel. Y si esa piel está siendo atacada, el derecho está claramente siendo vulnerado”, manifiesta.

Dos pistas, 720 golpes por partido durante 12 horas

La situación resulta tan evidente que, según el abogado, bastaría con que el juez saliera del juzgado —ubicado en la calle Rosario Pino, en el distrito de Tetuán— y caminara apenas diez minutos (hasta la calle Orense) para comprobar personalmente el problema. “No es una cosa de decibelios. Esto molesta o no molesta. Esto lo quiere tener usted en su casa. El juez, el abogado, el dueño del club de pádel... ¿Se puede vivir con esto?”, se pregunta el abogado.

A pesar de la sentencia que obliga a su cierre, las pistas de pádel siguen funcionando a pleno rendimiento, incluso con “más saña” que antes (pues el fallo puede ser recurrido por la empresa explotadora de las pistas), ya que según los vecinos ahora utilizan más estas dos pistas. “Hasta que no haya una sentencia firme y el juzgado no les ordene cerrar, van a seguir igual porque ellos dicen que es un negocio. Entonces ahora estamos en otra batalla, en la batalla de la ejecución”, confiesa Ayala, que anuncia que reclamarán “todo el daño que se ha venido haciendo y que continúan” con sanciones penales porque entienden que la empresa “no ha cumplido voluntariamente la sentencia, ni ha hecho parones parciales, sino que ha ejercido un ensañamiento al utilizarlas con asiduidad”.

La actividad continúa con "más saña"

Es bien sabido que la justicia avanza con lentitud, por lo que Ayala teme que, mientras tanto, la empresa explotadora de las pistas continúe “ensañándose” con los vecinos, ofreciendo amplios horarios para el uso de sus instalaciones. Por ello, ha anunciado que solicitarán una “ejecución provisional”, con el fin de que el juzgado que dictó la sentencia la haga efectiva de manera inmediata y se prohíba temporalmente la práctica del pádel en esas dos pistas. No obstante, existe un obstáculo: tal y como recalca el abogado, es muy probable que la empresa IberiaMart Pádel Madrid solicite la imposición de una fianza en previsión de que la sentencia pueda ser revocada.

Dos victorias más contra el pádel abusivo

Aunque las pistas siguen en funcionamiento, la sentencia ya establece expresamente la “prohibición a las demandadas de utilizar las dos pistas colindantes a las viviendas de los actores para actividades relacionadas con el pádel”, una medida que los vecinos consideran una primera victoria y esperan que se convierta en definitiva.

No se trata de un caso aislado. Las pistas de pádel situadas en la calle Orense no son las únicas que han generado molestias vecinales. En el distrito de Tetuán, los vecinos del colegio Salesianos Estrecho llevaban tres años denunciando ruidos similares, mientras que en Carabanchel la situación se prolongó durante una década (cerraron el 1 de mayo), aunque continúan otras actividades como los partidos de baloncesto.

En ambos casos, lograron poner fin a la actividad de las pistas sin necesidad de acudir a los tribunales, gracias a la presión administrativa y política. En dichos centros, gestionados por una entidad religiosa, no existía licencia de actividad comercial, por lo que se ordenó el cese de la actividad, quedando las instalaciones reservadas solo para uso escolar.