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Por unos óptimos servicios públicos

miércoles 28 de marzo de 2018, 14:30h

“Vivas, libres, unidas por la igualdad fue el lema que planteamos para la gran movilización del 8 de marzo. Y es que nadie puede negar que sea necesaria la denuncia y la visibilización de la desigualdad, la precariedad y las violencias que viven las mujeres. Nadie puede negar que las mujeres padezcan con mayor intensidad la desigualdad y el avance de la pobreza.

En estos principios de siglo XXI se está empujando a la mujer a ese trasnochado rol patriarcal de “mujer cuidadora”. Esto es, la merma y reducción de servicios sociales y sanitarios auspiciados por la derecha está implicando que la mujer aumente sus jornadas extralaborales o directamente abandone el mercado laboral para dedicarse al cuidado de sus mayores y/o familiares con discapacidad. Y es que en la región de Madrid todavía hay 31.564 personas que tienen derecho a la prestación por dependencia y no la están recibiendo.

Paralelamente, la pobreza avanza en la región como una mancha de aceite mientras el presupuesto de la Renta Mínima de Inserción (RMI) para 2018, alcanza a 31.000 familias, mientras habría necesidad de cubrir a 87.000. En este escenario que debilita el Estado de bienestar, el neoliberalismo ha recortado en gastos de personal hasta eliminar 25.000 puestos de trabajo en el sector público, con la desaparición de las inversiones productivas y en las infraestructuras, lo que ha supuesto un deterioro en la calidad de los servicios públicos.

Nos han querido “vender la moto” de que el sector privado gestiona con más eficiencia y efectividad que las administraciones públicas sectores como los mencionados servicios sociales y sanitarios; pero también la educación o los transportes. Sin embargo, era todo una gran farsa para engordar las cuentas de resultados de “empresas amigas” en detrimento de la ciudadanía.

Este modelo de capitalismo clientelar ha dado lugar a múltiples casos de corrupción: Gürtel, Púnica, Lezo, Canal de Isabel II, Ciudad de la Justicia, etcétera. La corrupción está siendo el cáncer que ha provocado la desconfianza de la ciudadanía ante las instituciones democráticas y que además ha generado impactos económicos y sociales.

No puede ser que se continúen cayendo techos en los hospitales públicos o se inunden centros de urgencias, mientras los convenios de la sanidad privada se incrementan año tras año. Y en esta misma línea, no puede ser que más de diez mil estudiantes hayan comenzado el curso en centros escolares con obras en curso o en barracones. No es de recibo que se desplace a estudiantes a otros centros educativos, mientras la escuela concertada alcanza ya los mil millones de euros anuales.

Hay que mencionar también el deterioro de la red de Cercanías de Madrid, el transporte regional por excelencia de la clase trabajadora. El pasado año, las incidencias imputables a Renfe han alcanzado las 2.500 y a Adif, casi 3.000. En las primeras semanas hemos padecido 43 incidencias con casi 400 trenes afectados. Es decir, día y medio continuado sin tren.

Además de los recortes en los servicios públicos y su consiguiente deterioro auspiciados por la derecha, otra clave de la desigualdad y avance de la pobreza está en una fiscalidad pensada para los ricos a través de exenciones y bonificaciones fiscales. Beneficios que cada día van a más. Hace dos semanas, en su particular competición electoralista con Ciudadanos por ver quién representa mejora a la derecha, el Gobierno de Cifuentes anunció una nueva batería de nuevos regalos fiscales que les va a costar a la ciudadanía madrileña 125 millones de euros.

Paradigmático es el caso del Impuesto de Patrimonio que sólo favorece, según los últimos datos del año 2016 de la Agencia Tributaria, a 15.700 contribuyentes de Madrid, con un patrimonio medio de más de 8 millones de euros.

Desde CCOO de Madrid clamamos por una reforma de la fiscalidad para la igualdad. Esto sería el pilar fundamental para poder acometer una lucha real contra la desigualdad y la pobreza. La solución para mejorar los servicios públicos de la región también pasaría por una auditoría y una evaluación de todos los servicios públicos privatizados para poder ejecutar los cambios que correspondan. Además, proponemos la creación de un organismo público de evaluación de las políticas públicas. Además, frente al sabotaje institucional, consideramos que la aplicación de la ley de Dependencias debe ser objeto de un impulso para hacerla efectiva.

Hay que recordar que la presidenta del Gobierno propuso un pacto educativo y otro sanitario. Recogimos el guante. Del pacto sanitario no sabemos nada y del educativo, se ha planteado y gestionado de forma tan extraña y negativa, que todavía no se ha cerrado. En ambos sectores, una vez avanzado en la estabilidad de las plantillas, tiene que incrementarse las plantillas y urgen planes de inversión y de mejora de la calidad.

Y junto a todo esto, se deben recuperar los instrumentos de participación social y dotarlos de reglamentos que los hagan eficaces. Madrid tiene solución, solo hace falta voluntad.

Jaime Cedrún es secretario general de CCOO de Madrid

Jaime Cedrún

Secretario general de CCOO Madrid

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