La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas y drogas entre Argelia y España, una red a la que se atribuye la introducción irregular de unas 400 personas en territorio español y que estaría relacionada con el naufragio ocurrido en el Mediterráneo en 2022 en el que desaparecieron doce migrantes. La operación se ha saldado con 20 detenidos, dos de ellos en Madrid.
La investigación, desarrollada de forma conjunta con la Policía Nacional de Francia, la Policía Federal de Bélgica, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y bajo la coordinación de Europol y Eurojust, ha permitido desarticular un entramado con ramificaciones en España, Bélgica, Argelia, Marruecos y Francia.
En total han sido arrestadas 20 personas: doce en Alicante, dos en Madrid, una en Vitoria, otra en Murcia y cuatro en Bélgica. Además, los agentes se han incautado de embarcaciones, armas, droga, dinero en efectivo y abundante material logístico.
Un clan familiar asentado en Bélgica
Las pesquisas comenzaron en octubre de 2022 tras el hundimiento de una embarcación que transportaba migrantes desde Argelia hasta España y en la que desaparecieron doce personas. A partir de los testimonios recabados y de las investigaciones posteriores, los agentes identificaron a una organización liderada por un clan familiar establecido en Bélgica que utilizaba España como base para sus operaciones de tráfico de personas y estupefacientes.
Según la Policía, la red captaba a los migrantes en Argelia a través de colaboradores que ofrecían el viaje a cambio de entre 8.000 y 10.000 euros por persona. Tras efectuar el pago, los trasladaban a viviendas de seguridad, donde permanecían ocultos hasta que las condiciones meteorológicas permitían iniciar la travesía.
Mientras tanto, la rama asentada en España preparaba las embarcaciones, el combustible y los pilotos. Cuando recibían la orden de los responsables de la organización, los migrantes eran desplazados hasta distintos puntos de la costa argelina para embarcar rumbo a España.
Tráfico de drogas y personas
Los pilotos salían desde el litoral español y realizaban paradas para repostar combustible —una práctica conocida como "petaqueo"— y cargar drogas sintéticas suministradas por el clan asentado en Bélgica, que coordinaba el envío de cocaína y otras sustancias ocultas en vehículos modificados.
La rama española se encargaba de gestionar la ruta marítima, mantener las embarcaciones, coordinar a los pilotos y almacenar la droga en inmuebles utilizados como guarderías. Además, adoptaba medidas para dificultar la actuación policial, como el empleo de vehículos lanzadera, vigilancias previas de las zonas de desembarco y sistemas de protección de los alijos.
Los investigadores determinaron que esta estructura estaba dirigida por un hombre que actualmente permanece en prisión en España y que coordinaba a los miembros asentados principalmente en la provincia de Alicante. También identificaron colaboradores en Argelia encargados de captar clientes, recaudar el dinero y organizar las salidas.
La organización contaba igualmente con pilotos marroquíes especializados en el manejo de embarcaciones de alta velocidad y con captadores establecidos en Francia, país al que se dirigían muchos de los migrantes una vez llegaban a España.
Durante el periodo investigado, los agentes han acreditado la entrada irregular de al menos 400 personas, una actividad que habría generado cerca de cuatro millones de euros. Sumados los beneficios obtenidos por el tráfico de drogas sintéticas hacia Argelia, la organización habría alcanzado unos ingresos de ocho millones de euros.
La Policía sostiene además que el grupo recurría a la violencia para mantener el control interno y proteger sus cargamentos, llegando incluso a utilizar armas de fuego en ajustes de cuentas con otras organizaciones criminales.
Como resultado de la operación, cuatro de los 16 detenidos en España han ingresado en prisión provisional, mientras que otro de los arrestados en Bélgica también ha sido encarcelado. Dos de los principales investigados tenían, además, órdenes internacionales de detención dictadas por Argelia por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
En los registros practicados se intervinieron dos lanchas rápidas utilizadas para el transporte de migrantes y estupefacientes, 1.179 gramos de MDMA en polvo, cinco básculas de precisión, 35 teléfonos móviles y 12.430 euros en efectivo.
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