Según han señalado fuentes de la Consejería de Presidencia, área a la que corresponden las relaciones con el Estado, la inquietud se establece con respecto a los artículos 7 y 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad, conocida como Ley de Transexualidad.
El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro considera que la región se excede en estos dos artículos en sus competencias, al estar según su interpretación legislando en una materia que interpreta como propia de la esfera estatal.
El artículo 7 regula lo relacionado con la documentación administrativa. La normativa establece que en los procedimientos administrativos de la región se tendrá en cuenta el sexo 'autodeterminado', aquel al que las personas sienten pertenecer.
Además, recoge que la Comunidad proveerá a toda persona que lo solicite las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole.
Mientras, el artículo 48 regula la inversión de la carga de la prueba. Se establece así que en el momento en que una persona sufra discriminación por razón de identidad y género corresponde al presunto agresor aportar la justificación de que no ha sucedido.
Desde la Consejería han trasladado que debe a un error de interpretación y han pedido al Gobierno central la creación de una comisión mixta integrada por el Ministerio y la Consejería para estudiar los artículos con detenimiento.
Antonelli critica la "intentona"
La diputada del PSOE en la Asamblea y activista LGTBI Carla Antonelli ha asegurado que la "intentona" del Gobierno contra la norma ya se efectuó en Andalucía, también aludiendo al punto de la documentación administrativa. Según la diputada, en esa comunidad finalmente "no se tocó un ápice de la ley y decayó el intento de inconstitucionalidad". "Parece que el Gobierno no tiene antecedentes de sus propios trámites", ha criticado.
En el mismo sentido, ha recordado en que en el País Vasco también hubo "un amago" de querer declarar inconstitucional la normativa de derechos del colectivo transexual, pero que también se quedó "en el anuncio". Antonelli ha aseverado que la normativa aprobada en la Asamblea "no invade para nada las competencias estatales porque se ciñe al ámbito de las administraciones públicas madrileñas".
En cuanto al artículo que regula la inversión de la carga de la prueba, la socialista ha señalado que esta medida ya está aprobada en las normativas LGTB de Cataluña y Extremadura.
"Es absurdo, o no se enteran de que son procesos fallidos o es una cortina de humo para desviar la atención de la formación de un Gobierno de un señor que no se quiere presentar", ha señalado la diputada socialista. De hecho, Antonelli cree que este "es un proceso que está destinado a fracasar y ellos lo saben". "Lo más triste es que están perdiendo el tiempo", ha criticado. La parlamentaria ha incidido en que este es el momento de ver "el comportamiento" de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, dado que cuando se aprobó la normativa el PP se abstuvo.
Podemos alerta contra los "ultraconservadores"
Por su parte, la diputada de Podemos Beatriz Gimeno ha señalado este martes que una "posible impugnación" del Gobierno central a la Ley de Transexualidad supondría que el PP volvería a plegarse "otra vez a sus sectores ultraconservadores" en lugar de defender al colectivo LGTB.
A juicio de la parlamentaria, con esto los 'populares' demuestran que "no hay un nuevo PP que defienda los derechos LGTB, sino que es el mismo PP que llevó la ley" que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo al Tribunal Constitucional.
Además, ha incidido en que si el Gobierno de Cifuentes quiere defender la normativa debería primero "haber votado favorablemente para que saliera aprobada por unanimidad y fuera más fuerte". "El PP de Madrid se abstuvo y no la defendió", ha recordado.
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