Tras siete días de paros en el servicio de recogida de residuos y
limpieza viaria de Parla, un informe técnico del Ayuntamiento certifica
que es necesario que la empresa pública Tragsa actúe en las zonas más sensibles. Tal y como muestra Madridiario, en las calles se acumulan las montañas de basura desde principios de diciembre, momento en que, a juicio de los vecinos, se inició una huelga encubierta.
En un comunicado en su página web, el Ayuntamiento de Parla ha anunciado este miércoles que ha tomado "medidas para que actúe en la ciudad la empresa pública estatal de limpieza", Tragsa, en referencia al informe técnico en el que se certifica la necesidad de actuar en zonas sensibles. La basura y la suciedad se acumulan desde el día 1 de enero, cuando comenzó una huelga indefinida en el servicio en protesta por el impago a los trabajadores, que aún no han cobrado la nómina del mes de diciembre ni la extra de Navidad, como ha explicado Ricardo Mangue, de UGT.
"Al igual que ha ocurrido en otras ciudades, donde se han producido conflictos similares, hay que respetar el derecho a la huelga, pero hay un derecho, el derecho a la salud del conjunto de nuestra ciudad y de otras localidades, que debe prevalecer. Hoy tenemos un informe de salud que certifica claramente la situación que existe para ponerlo en conocimiento de la empresa pública de limpieza del Ministerio de Medio Ambiente, Tragsa, para que realice una actuación sobre todo en zonas sensibles, como son centros educativos, centros sanitarios, etcétera, en los que hay que garantizar la salubridad", ha asegurado el primer teniente de alcalde, Ángel Sánchez.
La actual concesionaria, Garbialdi-Sadifer, dejó de pagar a los trabajadores alegando que el Ayuntamiento le debe dinero. El consistorio pagó hace 15 días 1,5 millones de los 3 que adeudaba y propuso a la empresa pagar cada mensualidad, junto a parte de la deuda en función de la liquidez del consistorio. Este lunes, el teniente de alcalde pedía a Garbialdi-Sadifer que acepte la oferta y pague a los trabajadores. En los últimos cuatro años cuatro empresas se han sucedido en la gestión del servicio, debido a los impagos. Los trabajadores también han reclamado judicialmente a una adjudicataria anterior 2.000 euros.
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