Faltos de una higiene mínima, con alimentación escasa y privados de ascensor, calefacción, teléfono e internet. En estas condiciones habrían estado viviendo los algo más de 40 adultos instalados en la residencia para personas con enfermedad mental AFAP en Pedrezuela, un pequeño municipio de poco más de 6.300 habitantes a 42 kilómetros de Madrid en el norte de la región. Así lo denuncian trabajadores a los que se les deben varias nóminas y familiares de los enfermos que reciben tratamiento en este recurso integrado en la Red de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera de la región, de carácter privado, pero que cuenta con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid.
Goyo padece esquizofrenia y lleva más de 20 de sus casi 59 años participando en alguno de los proyectos de la llamada Asociación de Familiares de Adultos con Problemas de personalidad (AFAP). Su rutina consistía en pasar de lunes a viernes en la residencia de Pedrezuela y trasladarse a la casa familiar en Madrid los fines de semana donde su madre se encargaba de la colada. Pero en diciembre del año pasado, la progenitora de Goyo, de 86 años, tuvo que ser hospitalizada por una fractura en la pierna. Esto trastocó los planes de su hijo, que se vio obligado a permanecer en el centro. Su hermana Olga decidió desplazarse a visitarle para comprobar cómo se encontraba y atenderle en lo que precisara. Fue entonces cuando detectó la situación, aunque asegura que no es la primera vez que asiste a los vaivenes en la historia de esta entidad, creada en 1995 por siete socios fundacionales, entre ellos sus propios padres, para enfocarse en la integración sociolaboral de personas afectadas de esquizofrenia y apoyo a sus familiares.
“Hemos vivido de todo, empezaron con un proyecto de una granja avícola, vendían la producción de huevos para ir subsistiendo, con la idea de que ellos mismos gestionasen el pago de la residencia, pero nunca ha sido así”, relata Olga, cuya familia abona entre 1.500 y 1.800 euros por una plaza privada en este centro abierto compuesto por apartamentos compartidos donde los residentes cuentan con la supervisión de educadores sociales y de donde pueden salir y entrar libremente.
“Un día el responsable decidió que las gallinas no eran rentables y la cerró; luego cambió la actividad por una granja escuela, pero se cerró también, así que no tienen nada para subsistir, salvo el pago de las plazas privadas y lo que les da la Comunidad de Madrid para las plazas concertadas”, añade esta familiar que aún recuerda la conmoción que le causó entrar en la residencia en diciembre. “Me quedo muerta, lo que yo veo es un sitio lleno de suciedad; el plato de ducha es lo que más me impresionó, estaba totalmente negro, así que lo fregué”.
Si en principio lo que más le llamó la atención fue la suciedad, enseguida percibió la ausencia de otro elemento importante. “La temperatura era tan baja que no te podías quitar el abrigo”, remarca. Olga consultó al personal y le explicaron que la situación era caótica, que nadie limpiaba, prácticamente no comían y faltaba plantilla, una crisis ignorada hasta entonces por esta familia y que nunca alcanzaron a adivinar por el aspecto de Goyo. Él tampoco les alertó sobre ninguna anomalía. “Estas personas viven en un mundo paralelo, lo que para ti parece una situación anormal, ellos lo transforman en una normalidad porque viven en su mundo”, justifica su hermana, que inmediatamente contactó con la directora para pedirle explicaciones. “Me dijo que ella solo se ocupaba del personal del centro y que el presupuesto para limpieza y comida depende de los administradores, y cuando mencioné que estaban viviendo en condiciones infrahumanas, me respondió que no tenía más que decirme y me colgó”, recuerda.
Después trató sin éxito de contactar telefónicamente con los gestores de la entidad, así que recurrió a la Comunidad de Madrid para denunciar el caso y hasta al Defensor del Pueblo para exigir una intervención con carácter de urgencia. En ambas instituciones le remitieron a la página web para formular la queja. Así lo hizo. Sin embargo, no desiste en su empeño de que alguien intervenga para poner fin a esta situación. Mientras tanto, “le he llevado comida, más ropa, un calefactor, era lo único que podía hacer”, añade Olga que no se plantea seguir los pasos de otras familias que ya los han sacado de allí, según cuenta Sergio, uno de los educadores del centro AFAP. “A mi el día 25 me llamaron unos familiares para que preparara todo y llevarse a un residente, porque se enteraron de lo que estaba pasando”. Se refiere a un paciente cuya familia ya estaba negociando su marcha en vista del deterioro que sufrido por el servicio en los últimos meses y que ha precipitado la 'huida' por estos últimos acontecimientos. “La gente que le atendía era maravillosa, creo que ha sido la gestión de los recursos la que ha fallado”, comentan a Madridiario estos familiares.
Trabajadores sin cobrar
Sergio es uno de los trabajadores que menos tiempo lleva atendiendo este recurso, “casi tres meses y no me han pagado un euro”, denuncia el educador social, ahora en turno de fin de semana y noches. Su labor pasa por “realizar una escucha activa, preparar pastilleros con ellos, controlar que se tomen la medicación y estar pendiente de que no se despierten”.
Ya le advirtieron al contratarle de que podían tener “algún problema de impago, pero los nuevos no sabíamos que la situación estaba tan mal cuando entramos y nos enteramos que algunas personas, de once meses, llevan siete sin cobrar”. Los más veteranos en la plantilla le han contado que estos aprietos no son nuevos, “tanto el impago de nóminas como el trato a los residentes lleva pasando desde el 2011”.
Un aspecto que le preocupa más es la falta de personal sanitario o con formación específica en este campo. “Hay ciertas funciones que se nos van de las manos como el pinchar heparina, por ejemplo, que no está dentro de mis atribuciones”. A pesar de ello, lo ha hecho. “Una paciente se desorientó por un camino y acabó caída en una cuneta con el peroné roto. Hubo que pincharle heparina y me tocó estar en urgencias preguntando cómo hacerlo porque no tenía ni idea”. A esta misma residente, ahora en una silla de ruedas y con movilidad reducida, “hay que subirle la comida o bajarla con ayuda de varios residentes porque el ascensor no funciona”. Por si no fuera suficiente, coincide en señalar que los apartamentos han estado sin calefacción por la noche “desde el 24 de diciembre”.
También se muestra crítico con la alimentación. “Hay ciertas dietas prescritas para los residentes que no se cumplen; a una persona diabética no puedes darle un mousse de chocolate de postre, y da gracias que tienen postre, porque hay veces que ni tienen”, comenta. A propósito de la alimentación, Olga asegura haber hablado con la cocinera quien le ha confiado que “el presupuesto para darles de comer es de 2.000 euros al mes y que en la actualidad, si tiene suerte, le hacen un Bizum de 100 o 200 euros a la semana, con lo que se tiene que administrar para dar de comer a los residentes y al personal”. Ella misma llevaría ocho meses sin cobrar y, a pesar de todo, alguna vez habría pagado comida de su bolsillo.
La crisis que atraviesa el centro se traduce además en incomunicación. “Llevamos dos semanas sin internet y sin teléfono con lo que ello conlleva, deberíamos tener una línea interna para que los residentes se puedan poner en contacto con nosotros desde la habitación, como un servicio de hotel, y eso no funciona, y tampoco el email corporativo", un problema más que añadir a la lista de deficiencias sin resolver porque “es imposible contactar con los responsables”. No con todos. Según Sergio, “uno de los jefes está empezando a trabajar de noche porque no hay gente, mucha está de baja”.
Es el caso de las empleadas de la limpieza, “todas sin cobrar, todas de baja, no se la limpiado nada, y lo tenían que hacer los residentes, que son personas con necesidades especiales, un grado de discapacidad del 65%, entre ellos, gente que ha vivido en la calle y que el tema de la limpieza no lo aprecia”.
Inspección de la Comunidad
En la Consejería de Familia, Juventud y Política Social están al tanto de la situación y ya intervinieron hace semanas.
“A mediados de diciembre nos reunimos con sus responsables para exigirles que tomaran las medidas necesarias para solventar los problemas del recurso y garantizar el pago de las nóminas a los trabajadores”, apuntan fuentes de la Consejería, que añaden que se están “estudiando todas las medidas legales para asegurar que los usuarios de las plazas concertadas reciban la atención en las condiciones establecidas en el contrato de gestión de estas plazas, que la Comunidad de Madrid está cumpliendo escrupulosamente”.
El pasado martes sometieron al centro a una larga inspección que “duró casi siete horas”, concreta esta familiar citando el testimonio de miembros de la plantilla a los que se les ha comunicado que “el centro no se cierra porque no hay un riesgo vital”, pero que en adelante “van a estar inspeccionados periódicamente sin previo aviso y a cualquier hora del día”.
Francisco Esquide, gerente del centro y uno de los siete socios fundacionales de AFAP, ha señalado a Madridiario que se encuentra “al corriente del problema y en contacto con la Administración para dar cumplimiento a nuestras obligaciones”.
Admite que “ha habido un retraso en el pago de nóminas a los trabajadores debido a unos embargos judiciales que ya están en proceso de solucionarse”. Eso significa que en cuanto se levante el bloqueo sobre las cuentas de la asociación, “probablemente a finales de esta semana o comienzos de la siguiente, se podrán abonar las nóminas pendientes”, augura el gerente.
Precisamente a esas cuentas es donde la Comunidad de Madrid les ingresa mensualmente las cantidades previstas por el servicio prestado a los usuarios de las plazas concertadas en estos pisos supervisados y ahí se encuentran retenidas hasta que se levante el embargo judicial. El montante anual del concierto alcanza, según Olga, los dos millones de euros, una cifra que Esquide rebaja sin concretar más que “se cobra por los servicios estipulados en el acuerdo marco con la Comunidad de Madrid”. En total, 15 personas de aquellas familias que comenzaron la aventura de AFAP ocupan plazas privadas, "el resto hasta 48 están concertadas con la Comunidad", precisa Esquide.
El gerente confirma que el pasado martes volvieron a reunirse con la Comunidad de Madrid para transmitirle que el problema económico se iba a solucionar en breve y con él la falta de higiene, la única irregularidad que admite. “Sí ha habido puntualmente una deficiente limpieza por falta de personal, pero no un problema con la alimentación". En cuanto a la calefacción, "sí funciona, ayer mismo la inspección, de seis a doce y media de la noche, pudo comprobarlo”.
Mientras los responsables del centro tratan de resolver el entuerto, a Sergio no se le ha pasado por la cabeza abandonar AFAP, a pesar de las carencias, la situación crítica y los impagos. “Honestamente, prefiero quedarme yo cuidando de ellos”, declara.
La familia de Goyo también ha descartado llevárselo de allí. “No tengo otra opción, es una persona de 59 años, no hay dónde institucionalizarla”, sostiene su hermana para llamar la atención sobre una realidad, la falta de recursos para enfermos como los que viven en este centro de Pedrezuela, con esquizofrenia, trastorno bipolar y otras psicosis. “Las premisas que siguen en la Comunidad es que si son menores de 60, tendrían acceso a algún tipo de institución y a partir de esa edad pasan a residencias geriátricas. Creo que ese no es su sitio”. Otros familiares de estos pacientes coinciden en la necesidad de centros especializados para este tipo de enfermos cuando llegan a una edad avanzada, porque “dependiendo del cuidado que reciben, evolucionan más o menos. Si les abandonas en una residencia de mayores, el deterioro es tremendo”.
Por eso Olga le lanza un SOS a la Comunidad de Madrid para “que sea consciente de que la esquizofrenia es una patología que sufren muchas personas y no existe ninguna institución real donde estén cuidados, hay que hacer algo con ellos”.
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