El edificio de la calle Alfonso XII número 21, que contaba con protección patrimonial, ha sido demolido con permiso municipal para construir un hotel de cuatro estrellas de la cadena Ayre de 230 habitaciones, que estará terminado para finales de 2015.
Ha sido el fin de un edificio que lleva casi una década condenado a la desaparición. Durante años estuvo deteriorándose sin que la propiedad hiciese nada por recuperarlo hasta que, en 2006, el Ayuntamiento emitió un informe desfavorable a la solicitud de derribo por parte de la propiedad. En 2007, el Consistorio compró un 20,69 por ciento de la propiedad al Ayuntamiento de Tánger por 2,58 millones e intentó expropiar el resto al otro propietario, Castillo de Aldovea SA, con el objetivo de rehabilitar el inmueble y construir viviendas protegidas de la EMVS y libres. Esta compañía llevó el caso a los tribunales y ganó, haciéndose con la totalidad de la propiedad del edificio.
En 2010, se comenzó a buscar el desarrollo de un hotel en el edificio, de 1.732 metros cuadrados. El Ayuntamiento dio en mayo de 2011 una licencia urbanística de reestructuración general con vaciado del edificio, mantenimiento de fachada, modificación de la escalera protegida, ampliación de dos plantas y ático sobre rasante y cuatro plantas de sótano, destinándose al uso terciario hospedaje y garaje dotacional. Tras aprobarse una prórroga para las obras, se abrió un nuevo expediente que permite la modificación de la licencia anterior para incluir la demolición y la posterior reconstrucción de la fachada. A finales de abril comenzaron las obras de demolición del edificio, que concluyeron a mediados de junio.
El problema es que dicho inmueble contaba con un grado de protección patrimonial nivel 3 en el catálogo municipal, lo que, a priori, impedía su destrucción. Sin embargo, el Área de Urbanismo asegura que la operación es totalmente legal, ya que la operación ya contempla la reconstrucción de la fachada y la modificación de la escalera, que es la exigencia que establece dicha protección.
El portavoz del Grupo Municipal UPyD, David Ortega, concretó en la comisión ordinaria de Urbanismo de mayo que se ha obviado el dictamen de la comisión de Patrimonio y que este es un caso más de la "arbitrariedad del Ayuntamiento en lo relativo al Urbanismo: no hay criterios claros y fijos. A unos se les pone la alfombra roja, como en Canalejas, y con otros se es muy riguroso, como ha sucedido con la Fundación Foster. Evidentemente, esto da lugar a una inseguridad jurídica impropia de la capital de un Estado serio".
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