El Ayuntamiento de Madrid cerró el año 2013 en equilibrio
presupuestario con un superávit de más de 965 millones de euros y con un
remanente de tesorería positivo de 406,2 millones de euros, como ha
informado este jueves la alcaldesa, Ana Botella.
Ese superávit supone una mejora de 87,1 millones con respecto al dato obtenido en 2012 y supone el 0,8 por ciento de su PIB. El remanente detesorería de 2012 fue de +4,3 millones y en 2011 esta magnitud presentaba una cifra de signo negativo de 876 millones.
Con la liquidación del presupuesto de 2013 en la mano, la primera edil ha señalado que gracias a estos datos se ha podido reducir el periodo medio de pago a proveedores, que pasó de 194 días a comienzos de 2013 a 59 a finales de año.
Botella ha destacado igualmente que en 2013 se consiguió amortizar una deuda de 1.081 millones de euros. Por otro lado, el resultado
presupuestario del Ayuntamiento de Madrid, es decir, la diferencia entre
los derechos reconocidos netos de todos los capítulos de ingresos y las
obligaciones reconocidas netas de los capítulos de gastos asciende a
769 millones de euros.
Descontando el efecto de los planes de pago a proveedores, a los
que el Ayuntamiento de Madrid se ha adherido en 2012 y 2013 (1.017 y 334
millones de euros, respectivamente), el resultado presupuestario
obtenido en 2013 mejora en 355 millones el obtenido el ejercicio
anterior. En cuanto al ahorro neto presupuestario, es decir, la diferencia
entre los ingresos corrientes y las obligaciones reconocidas por gastos
corrientes y amortizaciones de deuda, se llega a alcanzar los 226
millones.
La regidora ha apostillado que estas cifras se han conseguido "sin
exigir ningún esfuerzo adicional a los madrileños más allá del que se
aprobó en el Plan de Ajuste, ni se ha producido una merma en la cantidad
y calidad de los servicios que se prestan al ciudadano". "Sin equilibrio presupuestario no hay crecimiento posible", ha
remarcado Ana Botella, que también ha avanzado que próximamente se
presentarán las obras que se llevarán a cabo gracias al remanente de
caja que, según establece la legislación, sólo se puede destinar al pago
de la deuda y a inversiones sostenibles y que se puedan acometer en el
plazo de un año. Todas ellas se unirán a los más de 300 millones que ya
se están invirtiendo.
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