Operarios del Ayuntamiento de Madrid han demolido este miércoles por la mañana doce infraviviendas del poblado chabolista de El Gallinero. Según los voluntarios, tan solo tres de ellas contaban con orden judicial a instancias de la Junta de Compensación de Valdecarros, propietaria de los terrenos donde se asienta el poblado (a 14 kilómetros de la Puerta del Sol).
Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que las edificaciones estaban ocupadas en el momento de la actuación. "Como es habitual en estos casos, a raíz de la orden judicial se ha desplazado dotaciones de Policía municipal y Samur Social", han detallado.
Voluntarios que trabajan diariamente en el asentamiento han relatado que las excavadoras han llegado sobre las 10.00 horas y han "tomado el poblado". "No se podía ni entrar ni salir", sostiene el voluntario de la parroquia Miguel Ángel Vázquez. Parece ser que, según ha contabilizado el párroco de la San Carlos Borromeo, Javier Baeza, en total se han derribado doce chabolas, dejando sin techo a 40 personas, 22 de las cuales menores de edad. Paradójicamente, una de las infraviviendas pertenecía a un hombre contratado por el Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS), organismo dependiente de la Comunidad de Madrid, que se encargaba de acompañar a los menores residentes en el poblado (unos 180 niños y niñas) cada mañana a tomar la ruta escolar.
La concejal socialista Carmen Sánchez-Carazo, que se ha desplazado hasta El Gallinero, ha acusado al Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de incumplir el compromiso de no efectuar ningún derribo en temporada de invierno. "Esto no es defender los intereses de los propietarios del suelo, esto es querer hacer daño a familias con el frío que hace", ha denunciado en una conversación con este digital. "Esto es inhumano, es el Lampedusa de Madrid", ha añadido.
El Gallinero es un asentamiento de gitanos rumanos que está emplazado a catorce kilómetros de la Puerta del Sol, junto a la A-3, y que desde 2005 constituye un gran problema social y urbanístico en la capital. El Ayuntamiento de Madrid alega que los desalojos corresponden a la legítima voluntad de los propietarios del suelo. Desde junio no se ejecutaban derribos.
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