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Promoción de viviendas del Ivima en construcción (archivo)
Promoción de viviendas del Ivima en construcción (archivo)

Los pisos protegidos dejan de ser gangas

miércoles 09 de octubre de 2013, 07:30h

De sobra es conocido que la crisis ha provocado una bajada generalizada del precio de las viviendas, tanto para comprar como para alquilar, independientemente de que sean nuevas o usadas. A esta rebaja general, sin embargo, parecen ajenas las administraciones públicas, pues mantienen los precios de las viviendas protegidas. Como resultado muchos de sus inquilinos renuncian a las adjudicaciones.

El artículo 47 de la Constitución establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Para ayudar a hacer efectivo este derecho, las administraciones públicas inventaron varias herramientas. Una de ellas son las viviendas de protección pública (VPO), que se construyen para satisfacer esta necesidad básica para "aquellos colectivos con mayores dificultades". En la Comunidad de Madrid las VPO han de cumplir unas determinadas condiciones de uso, fijadas por ley, y obtener la calificación correspondiente de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. Pueden estar disponibles para la venta o el alquiler, pero su característica más importante es la limitación existente en cuanto al precio, en relación a una vivienda libre, siendo la administración regional la encargada de fijar las cantidades máximas a pagar. Al fin y al cabo, se trata de que sean viviendas baratas, asequibles para familias con menos recursos económicos. El Gobierno regional es el encargado de calificar estas viviendas y dispone de un organismo que actúa como promotor e impulsa de forma directa la construcción de VPO, el Ivima. Cada ayuntamiento, además, sigue las políticas que considera oportunas para su promoción.

Ahora, con la omnipresente crisis que ha provocado que decenas de miles de madrileños estén sufriendo situaciones económicas de extrema dificultad, una oleada de desahucios que no decrece acentúa las necesidades de vivienda pública. Paradójicamente, al tiempo que muchas familias se quedan sin casa hay viviendas protegidas que permanecen vacías. Sólo las correspondientes al Plan Joven del Ivima eran, a 7 de octubre, más de 3.000 "pendientes de adjudicación". Una portavoz de este organismo declaró a Madridiario que no saben cuántas viviendas hay vacías en total porque la cifra "varía cada día".

En Madrid capital (PP) la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) posee varios cientos de ellas. En Getafe (PP) hay 64 viviendas protegidas sin ocupar, de dos y tres dormitorios, en los nuevos desarrollos de Los Molinos y Buenavista. En otros municipios como Fuenlabrada (PSOE), donde la mitad de los nuevos desarrollos son viviendas con algún tipo de protección, "no hay ninguna VPO vacía", sostiene una portavoz municipal. "Es el propio Ayuntamiento el que gestiona todo el proceso, lo que ha permitido que no se encarezca el precio de los pisos y sean bastante asequibles", agrega. En Tres Cantos (PP), según publicó el diario 'El País', hay 590 pisos deshabitados por la renuncia de sus adjudicatarios.

Pero, ¿por qué no se ocupan todas las VPO? Para Antonio García Gordillo, diputado socialista y portavoz de Vivienda en la Asamblea de Madrid, la causa fundamental  es que los precios que fijan algunas administraciones no distan en exceso de los precios de mercado: "Históricamente era mucho más barato adquirir una vivienda protegida que una libre; ahora, en algunas zonas como el PAU de Vallecas, es al revés".

Adolfo Moreno, madrileño de 28 años, en 2007 resultó adjudicatario de un piso de dos habitaciones de alquiler con opción a compra en Móstoles. En 2010 entró a la vivienda y dos años y medio después la dejó. "Decidí renunciar porque me quedé en el paro y no lograba encontrar trabajo. Además, un alquiler de 620 euros a las afueras de Móstoles tampoco era ninguna ganga", explica. Cuando tomó la decisión, tuvo que avisar con dos meses de antelación y aún así fue "imposible recuperar la fianza". Y es que, aunque el piso era de protección, las gestiones las llevaba una empresa privada que "apuraba en todo".

García Gordillo recuerda que el problema se remonta a 2008, cuando la normativa de precios se actualizó "brutalmente", incluyendo subidas que llegaban al 64 por ciento. El precio de la vivienda libre, por el contrario, ha caído un 39,1 por ciento desde los importes máximos alcanzados en diciembre de 2007. Blanca Moltó, miembro del Consejo de Administración de la EMVS en representación del PSOE, critica que se hayan "puesto los precios máximos que permite el reglamento de la Comunidad de Madrid a la vez que se baja la calidad de las construcciones". A su juicio, "un alquiler para un piso de 70 metros cuadrados en Carabanchel por 675 euros al mes es bastante caro. Es lógico que la gente deje las viviendas, hay otras más baratas que no son de protección oficial", señala. Este diario ha comprobado que en varios portales inmobiliarios on line pueden encontrarse pisos en Carabanchel de 70 metros por menos de 600 euros, no sujetos a ningún tipo de protección.

Más información:

En Madrid hay 263.279 viviendas vacías

 

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