El Consejo de Estado considera el euro por receta de la Comunidad de Madrid inconstitucional porque "carece de competencia para aplicar esta tasa". Si el Tribunal Constitucional (TC) admite a trámite el recurso del Gobierno de Rajoy —recurso que ya está en el Alto Tribunal— , su suspensión sería inmediata.
El Consejo de Estado, órgano consultivo, considera que la normativa vulnera "las normas básicas del Estado" recogidas en los artículos 2, 7, 8 y 23 de la ley del Sistema Nacional de Salud así como los 89.1, 94 y 94 bis de la ley de garantías y uso racional de medicamentos.
En el dictamen, emitido por mayoría con tres votos particulares —la exvicepresidenta del Gobierno
María Teresa Fernández de la Vega, el exministro de
Justicia Fernando Ledesma y el consejero permanente
Enrique Alonso García— asocia "a la adquisición del medicamento o del producto sanitario la obligación de abonar una cantidad adicional a la que pueda corresponder al usuario conforme al sistema de financiación con 'copago' establecido en el SNS". Tras conocer el dictamen el PSOE ha exigido que se deje de cobrar inmediatamente el euro en Madrid y devuelva lo recaudado hasta la fecha.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno central, ya
anunció el 11 de enero el recurso que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy interpondría a la tasa impuesta en Madrid, contemplada en el polémico
'Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público' en un ejercicio de "coherencia" puesto que había hecho lo propio en Cataluña. La tasa, que supone el cobro de un euro por cada receta expedida,
entró en vigor el 1 de enero en la región.
Entre los motivos para el recurso el Gobierno sí destacó, igual que en el caso de la Generalitat, la supuesta
vulneración del principio de igualdad de los ciudadanos a la hora de obtener una prestación farmacéutica, además de
gravar un acto médico. El Ejecutivo de Rajoy considera además que "la dispensación de medicamentos que es
materia reservada al Estado". En cambio, la Comunidad de Madrid sí que se siente competente para implantar la tasa. De hecho, el jueves pasado el portavoz del Gobierno regional,
Salvador Victoria, reiteró su convencimiento de la legalidad de la medida y
la diferenció de la tasa catalana —el TC
ha suspendido cautelarmente su aplicación—: "En Madrid hemos puesto una tasa administrativa, hemos huido de que esto sea un 'copago' de medicamentos", dijo.
En base a esta confianza, el portavoz del Gobierno de
Ignacio González declaró que no se suspenderá de manera preventiva el cobro de la tasa y que no cuentan con un fondo reservado por si hubiera que devolver el importe pagado a los pacientes. Si, igual que en el caso catalán el recurso se admitiera a trámite, su suspensión sería inmediata.
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