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El PP carga las tintas contra Seguriber

martes 27 de noviembre de 2012, 00:00h
El exconsejero delegado de Madrid Espacios y Congresos, José Rivero, acusó en la primera jornada de la comisión de investigación del caso 'Madrid Arena' en el Ayuntamiento de Madrid a la empresa Seguriber, con la que mantenía un contrato de adjudicación de la seguridad de sus edificios, de no dar la alerta a pesar de controlar las 120 cámaras del complejo.
Rivero explicó que Madrid Arena es un edificio seguro y que el problema no estuvo en el inmueble, sobre el que se hicieron obras por valor de 4.000 euros, sino en su mal uso. Así, destacó que MEyC no permitió jamás un aforo de 12.000 personas al empresario de Diviertt, Miguel Ángel Flores, tal y como señala el SMS que este remitió a la empresa municipal. Afirmó que el aforo es de 10.620 personas. También arremetió contra Kontrol 34 porque considera falso que hubiera proporcionado en la noche de la tragedia 75 operativos.

Sin embargo, Rivero reservó sus palabras más duras a Seguriber. MEyC les obligó, según el testimonio del exconsejero delegado, a seguir su plan de autoprotección pero "no lo cumplieron". Criticó que ningún miembro de Seguriber detectara desde el centro de control del coliseo el tapón en el vomitorio, a pesar de tener 120 cámaras, a pesar de que "era su responsabilidad dar la alarma por superación de aforo". También recordó que la empresa de seguridad se puso en contacto con MEyC 45 minutos después de los hechos, tras la intervención de Samur y Policía, y el aviso del propio Flores. No consideró que hubiese una irrupción masiva de jóvenes procedentes del botellón, según las imágenes publicadas en los medios de comunicación.

Aclaró que las actuaciones en Madrid Arena, promovidas por el Ayuntamiento, no necesitaban licencia urbanística, según la Ley del Suelo. Eso sí. No quiso entrar en las consultas del portavoz de UPyD, David Ortega, que preguntó si el edificio contaba con licencia de funcionamiento. Y es que un informe de 2006 de la Policía Nacional denunciaba esta situación. No obstante, otro informe de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, dirigida por entonces por Jaime Lissavetzky, actual portavoz socialista municipal, fechada en diciembre de 2006, descartaba que esta carencia fuese objeto de infracción. Rivero concluyó explicando que Diviertt tenía una deuda con MEyC de 3.300 euros y se consideró que con la fianza aportada (6.000 euros) no había dudas de su solvencia. Además Flores comunicó el pago del 50 por ciento del espacio y la totalidad del seguro en tiempo y forma.

Ortega apuntó a que no se trató de una desgracia inevitable, sino de una negligencia, en la que hay que determinar si era suficiente el servicio médico contratado y el número de desfibriladores. Lissavetzky, continuó la tesis de su compañero, cuestionando si la construcción de una salida de emergencia en cota 0 hubiese evitado la tragedia. El portavoz del PP, Enrique Núñez, destacó que la tragedia "no se debe a que se haya caído parte del techo o que el edificio tuviera alguna sección en ruina sino por la sobresaturación de un aforo, algo no propiciado por MEyC y que es responsabilidad de quien ha dado testimonio ante el juez (Miguel Ángel Flores)". De estas declaraciones se induce que el PP defiende que MEyC cumplía con los niveles de seguridad, para lo que alegan un informe independiente de Fremap, fechado en el 9 de agosto.

"Fracaso" policial
La declaración del coordinador de Economía, Javier Conde, no ofreció nada en claro, ya que este responsable se declaró no competente en los asuntos relacionados con Madrid Arena. Ortega fue muy duro en la comparecencia del director de Seguridad del Consistorio, Pablo Escudero, al afirmar que la Policía Municipal "fracasó estrepitosamente" por "no haber podido evitar el botellón" en los alrededores de la instalación y "por no ver nada" cuando el aforo estaba "sobradamente sobrepasado", según el atestado policial entregado al juez. Ante estas declaraciones, el portavoz del PP, Enrique Núñez, le ha dicho a Ortega que se refiere a un "macro supuesto botellón" cuando "ni la justicia ni el procedimiento" dan fe de él, ni los vídeos divulgados, únicamente se cita en la comparecencia del empresario Miguel Ángel Flores ante el juez. A eso ha unido que "no hay un responsable de la Policía Municipal imputado".

Escudero, que fue llamado a comparecer por la oposición, ha defendido en su intervención que la seguridad de la ciudad estuvo perfectamente cubierta mediante las horas extras de los policías municipales. Ha detallado que las jornadas anuales se incrementan en 160.000 ajustando el número de horas extraordinarias para asegurar los efectivos necesarios para realizar los turnos. "La confictividad laboral no ha afectado al servicio", ha asegurado. La representación procesal del Ayuntamiento de Madrid presentará este miércoles ante el juez un informe que aclara cómo actuó la Policía municipal la noche del 31 de octubre en el pabellón municipal y que defiende que el dispositivo policial estuvo "perfectamente organizado y ejecutado".

El Grupo Municipal Izquierda Unida abandonó la comisión, como ya había anunciado, al no aceptarse la Junta de portavoces que habían solicitado para que se incluyesen todos los comparecientes imprescindibles para entender el suceso en la comisión. Según el concejal portavoz en la comisión, Ángel Lara, faltan el punto de vista de los técnicos y las declaraciones de la alcaldesa. PSOE y UPyD mostraron su repulsa al veto del PP a la petición de IU.

También está prevista la comparecencia del jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, y la del médico Carlos Viñals.

A nivel judicial, la Fiscalía de Madrid rechazó este martes la versión de la empresa Diviertt, la organizadora de la fiesta en el Madrid Arena, acerca de que las cajas con las entradas del evento pudieron ser manipuladas antes de que fueran decomisadas por la Policía y que, una vez incautadas, se puedo romper la cadena de custodia, unos extremos que podrían invalidar esta prueba.

Fuentes fiscales indicaron que las urnas halladas en un pabellón anexo al principal "no eran un instrumento del delito hasta que el juez tuvo conocimiento" de su hallazgo. "Nadie tenía la custodia de las entradas porque nadie las había ocupado", aseveraron dichas fuentes. El juez Eduardo López Palop concluirá este miércoles el recuento judicial de las entradas vendidas.

Por otra parte, el diario El País publica este martes vídeos que demuestran que hubo avalanchas peligrosas en varios momentos de la fiesta, antes de la avalancha que provocó las muertes y los heridos.
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