La
reforma afectará al derecho fundamental a la salud, agravará patologías, incrementará costes, los enfermos crónicos (con VIH, diabetes o hipertensión arterial, por ejemplo) se quedarán sin atención. Son algunos de los
argumentos que dan los promotores de la objeción de conciencia ante la reforma sanitaria que entrará en vigor el 1 de septiembre.
Aunque no hay datos fiables, pues los inmigrantes indocumentados no constan en ningún registro, organizaciones sociales estiman que en la Comunidad de Madrid hay "más de cien mil" personas que quedarán desatendidas. Solo en el centro de salud de Lavapiés "se perderán más de 2.000 tarjetas", según fuentes del propio ambulatorio.
Médicos del Mundo, en colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (
Semfyc) ha lanzado este miércoles la campaña
'Derecho a curar', a través de la cual se pretenden sumar
firmas de facultativos —ya superan las 1.300 en todo el territorio nacional excluyendo Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco, cuyas administraciones se han desmarcado de la normativa estatal— que se comprometan a continuar prestando atención sanitaria. Además, pretenden recopilar apoyos de los ciudadanos —a través de su
web y de las redes sociales— "para exigir a
Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la retirada inmediata del Real Decreto 16/2012" y se han convocado
movilizaciones en la calle junto a asociaciones de inmigrantes para el 31 de agosto y el 1 de septiembre.
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