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El Plan de Integración no responde a las necesidades de la crisis, según UGT

El Plan de Integración no responde a las necesidades de la crisis, según UGT

Por MDO/E.P.
martes 17 de marzo de 2009, 00:00h
UGT-Madrid criticó este martes que el Plan de Integración 2009-2012 de la Comunidad de Madrid no responde a las necesidades reales que plantea la actual crisis económica y que se haya reducido el presupuesto asignado a esta iniciativa, y exigió al Ejecutivo autonómico que "modifique su filosofía para garantizar la máxima eficacia en su aplicación". Desde la Comunidad se niegan las acusaciones y consideran el Plan como el correcto para la situación de crisis actual.
En un comunicado, la plataforma sindical explicó que, a pesar del incremento del 7 por ciento del presupuesto total con respecto a 2008, las partidas para políticas sociales en el Gobierno regional "descienden una tercera parte", algo que "es completamente incomprensible dado el aumento de las situaciones de desprotección que sufren miles de familias de inmigrantes". Por ello, UGT emitió un voto particular contra el Plan en el Consejo Económico y Social (CES) de la región.

"Las políticas de empleo también presentan una serie de carencias que las convierten en ineficaces. No han sido arbitradas medidas tendentes a erradicar el empleo irregular ni a cubrir las necesidades de formación profesional incidiendo en aquellos sectores de economía puntera y emergente", subrayaron desde UGT, proponiendo a su vez, "la creación de una Comisión Tripartita Laboral que vele por la puesta en marcha de actuaciones orientadas a estos dos fines".

Por otra parte, desde el sindicato se recordó que, de los 19 Centros de Atención Social para Inmigrantes (CASI) de la Comunidad, "en la actualidad sólo continúan abiertos cuatro, mientras se potencia la figura del Centro de Integración y Participación de Inmigrantes (CEPI), creados en función de las nacionalidades, y que impiden la relación entre la población autóctona y la inmigrante así como la convivencia entre las personas procedentes de países distintos".

"Los CEPI vienen asumiendo competencias en materia de formación y empleo que no les corresponde, pero beneficia la opción política que gobierna la Comunidad de Madrid hoy por hoy", apostilló la formación. Y es que el sindicato entiende este trabajo debería ser realizado por la Administración autonómica como un servicio público ya que "el modelo del Gobierno regional en absoluto facilita la continuidad de los proyectos y contribuye a dilapidar fondos públicos".

Finalmente, manifestó que "este Plan no satisface ninguna de las necesidades reales de las personas inmigrantes y despilfarra recursos públicos que bien pudiera destinarse a mejorar la situación de todos aquellos ciudadanos extracomunitarios que son golpeados especialmente por la crisis".

Respuesta desde la Comunidad
Por su parte, el director de Inmigración de la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad, Pablo Gómez-Tavira, respondió este martes a dichas acusaciones del sindicato asegurando que prevé las necesidades reales de los inmigrantes, y criticó que UGT no elevara sus quejas cuando se votó el texto, delante de colectivos inmigrantes, pero que lo haga ahora en los medios de comunicación.

"Nosotros preveíamos un escenario de crisis dura que afectaría de manera importante a los inmigrantes y lo tuvimos en cuenta, incorporando actuaciones relacionadas con este tema como una mejor coordinación de los recursos para optimizarlos", indicó Gómez-Tavira.

Por otra parte, el sindicato acusó al Ejecutivo autonómico de haber reducido en una tercera parte el presupuesto para políticas sociales. "Eso es falso, porque si por políticas sociales entendemos los recursos destinados a servicios sociales, empleo, familia, juventud o formación laboral, la realidad es que crecen más de un 40 por ciento con respecto al Plan anterior", aseguró el director de Inmigración.

Dentro de estas iniciativas, se incluyen asimismo las medidas para erradicar el empleo irregular, otra de las críticas de UGT. "Es cierto que en la lucha contra el empleo irregular colaboran el Estado y la Comunidad de Madrid, pero si leyeran bien el Plan, que creo que no lo han hecho, verían que hay medidas para atajar el problema en lo que compete a la Comunidad, como por ejemplo aumentar las inspecciones de trabajo", apostilló.
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