El histórico decreto que ha sacado adelante el Gobierno de Pedro Sánchez pretende poner fin a 43 años de presencia del cuerpo de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. El dictador ordenó la creación de esta basílica en Cuelgamuros en 1940. En las obras, que duraron 18 años, fueron explotados cientos de presos republicanos. Más de 30.000 personas fallecidas durante la Guerra Civil siguen enterradas ahí sin el consentimiento de sus familias.

El 5 de julio de 1938, el Código Penal vigente en la zona sublevada y, posteriormente, en el conjunto del país, recupera plenamente la pena capital. La República la había abolido en 1932, aunque dos años después la legalizó para los delitos de terrorismo y bandolerismo.

La alcaldesa Manuela Carmena ha defendido que los nombres de los fusilados entre 1939 y 1944 deben aparecer en el monumento que se construya para homenajearles, una idea que desoye la propuesta del Comisionado de Memoria Histórica, que planteaba hacerlos visibles solo a través de códigos QR.