El Gobierno de la Comunidad -y, por ende, el Partido Popular madrileño- se ha comprometido a dar la batalla frente a la intención del Ejecutivo central de declarar la Real Casa de Correos, antigua sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) franquista, como 'Lugar de Memoria'. Cueste lo que cueste. Tanto por la vía judicial, con un inminente recurso ante el Tribunal Constitucional por "invasión de competencias", como parlamentaria, mediante el pretendido blindaje del edificio a través de una enmienda a la popularmente conocida como Ley "miniómnibus" que será aprobada este mismo viernes en el último Pleno del curso.
Los servicios jurídicos de la Asamblea, sin embargo, podrían terminar por truncar los planes de los pupilos de Isabel Díaz Ayuso. Y es que un escrito firmado por una de las letradas de la Cámara el pasado 27 de noviembre -adelantado por eldiario.es- advierte ya de la necesidad de suspender la citada modificación en la Ley de medidas para la mejora de la gestión pública al no guardar "conexión material" con la proposición misma.
Las intenciones del PP, sin embargo, no habrían cambiado ni un ápice. Lejos de recular, ha advertido el portavoz del Grupo Parlamentario en Entrevías, Carlos Díaz-Pache, la modificación de la Ley se llevará a cabo en los términos prestablecidos. O lo que es igual, con la enmienda en torno a la "defensa" de la Real Casa de Correos. El principal argumento, considerar que existe "una conexión material con la Ley porque son medidas de eficiencia de la administración y la sede de la Presidencia del Gobierno tiene conexión con el Gobierno de la Comunidad de Madrid". Por tanto, ha añadido acto seguido, "la Ley no tiene ningún problema".
Tal y como ya hiciese este miércoles el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, el vocal Popular en Vallecas ha defendido además que el objetivo del Ejecutivo central no es otro que "vincular" la dictadura con una sede que está "completamente resignificada" como "casa común de todos los madrileños". Con ello buscan, en definitiva, "el enfrentamiento y la injerencia de todas las administraciones en la Comunidad de Madrid".
"El Gobierno de Sánchez quiere intervenir en la Comunidad de Madrid de todas las formas, lo hemos dicho muchas veces, intenta perjudicar a Madrid con el agua, con la energía, con la fiscalidad, con la economía... Y ahora llega también a la sede de la propia presidencia de la Comunidad de Madrid, hasta el edificio, hasta eso lo quieren pervertir y no se lo vamos a consentir", ha concluido Díaz-Pache.
La alternativa parlamentaria se une al "requerimiento" que la Comunidad de Madrid anunciaba en el día de ayer como paso previo -y necesario- a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, tal y como establece el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, de dicho órgano jurisdiccional. A este respecto, el argumentario expuesto por Sol bebe de una presunta "invasión de competencias".
"Lo quieren pervertir y no se lo vamos a consentir"
En concreto, en materias de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés; vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones; desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución de bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid; y sus facultades como poder público en defensa de la libertad, justicia y la igualdad de los ciudadanos.
Críticas de la oposición
La oposición, en bloque, ha criticado esta pretendida modificación de la Ley "miniómnibus". La más contundente, una Manuela Beregerot que no ha dudado en tildar el procedimiento de "artimaña". "La actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid era un espacio donde se torturaba y se reprimía a todas aquellas mujeres y hombres que pensaban diferente al régimen. La Comunidad de Madrid debe dotarse de una Ley de fosas para que los madrileños que tienen a sus víctimas todavía enterradas puedan darles un entierro digno. Mirar de frente a nuestra historia es algo incómodo, pero es un signo de madurez democrática y de amor a los derechos humanos. Comprendo que sea incómodo para el Partido Popular mirar la historia de España, pero no debe negar el derecho a los madrileños a poder recordarlo", ha apuntado la líder de Más Madrid.
Para el portavoz socialista, Jesús Celada, se trata de una muestra más de la perenne "insumisión" frente a la normativa estatal y que personifica Díaz Ayuso: "Llega el último pleno del año y tienen que aprobar leyes aprisa, de manera precipitada, con muchas prisas, como pasará en el Pleno extraordinario que tenemos mañana (...). Es esa insumisión constante de la señora Ayuso y del Gobierno del Partido Popular en esta comunidad. A las leyes que se aprueban por el Congreso, a los diputados, a las leyes del Gobierno de España".
Desde Vox, Isabel Pérez Moñino ha cargado contra la negativa del Gobierno Popular de Mariano Rajoy a derogar la Ley de Memoria Democrática mientras ocupaba La Moncloa. En consecuencia, ha dicho, cualquier iniciativa contraria a la misma no es más que "teatro". "Ahora llegan las consecuencias de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y el Partido Popular de Madrid pone el grito en el cielo. Lo que tienen que hacer es pedir explicaciones al señor -Alberto Núñez- Feijóo por no exigir la derogación de esta Ley en el Congreso de los Diputados o exigirle explicaciones al señor -Mariano- Rajoy de por qué, pese a prometerlo en campaña electoral, no derogó esta ley", ha zanjado.
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