El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, ha advertido de que la puesta en marcha de la Ley de Eficiencia y de los nuevos Tribunales de Instancia ha generado durante 2025 problemas organizativos, menor ritmo de actividad y un aumento de los asuntos pendientes en los juzgados madrileños.
Durante la presentación de la Memoria Anual del TSJM correspondiente al pasado ejercicio, Rodríguez ha calificado la reforma como la "más ambiciosa en décadas", aunque ha señalado que su inicio ha estado marcado por "retrasos y problemas estructurales". A su juicio, la transformación del modelo judicial llega después de años de reclamaciones para ampliar la planta judicial y reforzar los medios disponibles, sin que esas peticiones hayan recibido una respuesta suficiente.
El presidente del alto tribunal madrileño ha defendido que la Justicia no puede limitarse a operar con "recursos mínimos" y ha reclamado una respuesta acorde con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución. En este sentido, ha advertido de que las demoras prolongadas que afectan al sistema son incompatibles con una protección real de los derechos de los ciudadanos.
"No nos podemos conformar con los recursos mínimos. La Constitución habla de tutela efectiva, e insisto en tutela efectiva. La tutela efectiva es incompatible con el retraso endémico de la Administración de Justicia", ha señalado Rodríguez.
Más asuntos pendientes pese al descenso de la entrada de casos
Los datos de la memoria reflejan una reducción del número de procedimientos registrados en los órganos judiciales madrileños durante 2025. En total, ingresaron 1.184.151 asuntos, un 5,3% menos que el año anterior, mientras que los tribunales resolvieron 1.125.798 procedimientos, ligeramente por encima de la cifra de 2024.
Sin embargo, la acumulación de asuntos sin resolver continuó creciendo. La pendencia alcanzó los 825.114 casos al cierre del ejercicio, frente a los 747.414 del año anterior. La cifra supone más del doble de los procedimientos pendientes registrados en 2019, cuando la bolsa de asuntos se situaba en 370.210.
El TSJM considera este incremento uno de los principales indicadores de la presión que soporta la Administración de Justicia madrileña y lo vincula a la necesidad de reforzar juzgados y plantillas.
Por jurisdicciones, la civil fue la que registró una mayor caída de nuevos asuntos, con 592.189 entradas, un 9,8% menos que en 2024. A pesar de ello, los procedimientos pendientes aumentaron un 8,3%, hasta los 564.957. En penal, aunque los nuevos casos apenas variaron, la pendencia creció un 15,6%. La jurisdicción social acumuló el mayor incremento de asuntos pendientes, con una subida del 26,8%, mientras que la contencioso-administrativa redujo su volumen de casos sin resolver un 3,9%.
Un año de transición para los Tribunales de Instancia
Rodríguez ha evitado realizar una valoración definitiva sobre el funcionamiento del nuevo modelo judicial, al considerar que 2025 fue un periodo de adaptación: durante la primera mitad del año continuó vigente la estructura anterior y en el segundo semestre comenzó la implantación de los Tribunales de Instancia.
El presidente del TSJM también ha apuntado que el descenso de la litigiosidad civil puede estar relacionado con la entrada en vigor de la obligación de acudir previamente a mecanismos alternativos de resolución de conflictos en determinados procedimientos. Según ha explicado, todavía no existen datos suficientes para atribuir esa reducción al éxito del nuevo sistema.
La implantación de la reforma ha recibido críticas por parte del tribunal madrileño, que considera que se llevó a cabo con "excesiva precipitación" y sin una aplicación gradual que permitiera detectar y corregir problemas antes de extender el modelo a los principales partidos judiciales.
Entre las dificultades señaladas figuran la reorganización de las oficinas judiciales, la adaptación de las sedes, la pérdida de coordinación entre jueces, funcionarios y operadores jurídicos, así como la falta de personal. El TSJM alerta de que las vacantes superan el 10% de las plantillas y que la elevada presencia de interinos puede comprometer el funcionamiento del servicio si no se cubren las plazas disponibles.
Reivindicación de más medios y nuevas infraestructuras
En cuanto a las necesidades de personal, Rodríguez ha respaldado la creación de 74 nuevas plazas judiciales para Madrid dentro del plan estatal que contempla 500 puestos adicionales, aunque ha reclamado que su incorporación se ajuste a los procedimientos ordinarios de acceso a la carrera judicial para garantizar los principios de mérito y capacidad.
La memoria también reclama avanzar en la adecuación de las sedes al nuevo modelo organizativo y acelerar las mejoras de transporte hacia la futura Ciudad de la Justicia de Valdebebas, cuya primera ocupación está prevista para el segundo semestre de 2027.
El TSJM recuerda que el complejo podría recibir alrededor de 30.000 personas al día y considera necesario asegurar unas comunicaciones adecuadas para facilitar el acceso de ciudadanos y profesionales y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la tutela judicial.
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