El año 2024 ha estado marcado en el ámbito educativo por las movilizaciones de los docentes reclamando la reducción del horario lectivo. El plan para impartir 1º y 2º de la ESO en colegios y la dificultad de los estudiantes de la rama de Salud de FP para encontrar prácticas ocuparon también un espacio destacado en la actualidad. Pero han sido las universidades públicas madrileñas las que han estado en el punto de mira estos meses por su llamada de atención sobre la crisis económica que atraviesan en medio de la polémica sobre las cátedras extraordinarias de la Complutense y el supuesto trato de favor a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
En primavera, los sindicatos de docentes avanzaban un fin de curso “calentito” para la Consejería de Educación Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid con jornadas de huelgas y manifestaciones que se trasladaron también al arranque del nuevo curso. Maestros y profesores regresaron a las calles para reivindicar la recuperación del horario anterior a 2011 o, lo que es lo mismo, la reducción de 25 a 23 horas lectivas en las etapas de Educación Infantil, Primaria y Especial, así como de 20 a 18 horas en Secundaria. Las reuniones entre los afectados y el departamento de Emilio Viciana para encontrar un punto de acuerdo no han terminado de fructificar. La última propuesta del consejero a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO., UGT, CSIF y ANPE) es una reducción del horario lectivo para los docentes de Secundaria a partir del próximo curso de 20 horas a 19, y que en septiembre de 2028 alcanzará las 18 horas, momento en el cual se restablecerá el horario anterior a las modificaciones de 2011. En cuanto a Infantil y Primaria, se conservarían las 25 horas actuales, en lugar de las 23 que solicitan los sindicatos, una propuesta "insuficiente" y "alejada de las necesidades reales del profesorado”, por lo que el conflicto se mantiene.
Como siempre, el regreso a las aulas al inicio de curso volvió a enfrentar dos maneras de ver la vuelta al cole. Mientras el titular del ramo ponía el foco en el “récord histórico” de docentes, becas y alumnos en las etapas de 0-3 años y Formación Profesional, la oposición no dudaba en cargar contra la “falta de planificación” y la “pésima” gestión en la educación pública.
Mientras tanto, la Plataforma Autonómica por la Climatización y Adecuación de los Centros Educativos Públicos en la Comunidad de Madrid está recogiendo las firmas necesarias para que la Asamblea regional debata la iniciativa legislativa popular (ILP) que promueve lograr dicha actuación en colegios e institutos madrileños para paliar el efecto de las temperaturas extremas en estos recintos.
El fallido intento de convertir el Ramiro de Maeztu en la primera y única Escuela Europea Acreditada (EEA) de España destinada a los hijos de funcionarios de la Unión Europea ha sido una de las polémicas de este año. Las familias se movilizaron con el lema ‘No somos sardinas’ y emprendieron acciones legales. Los estudiantes temían que esta decisión convirtiera su instituto en un centro "para familias de élite" de estas instituciones y organizaron huelgas y marchas. En medio del descontento, el consejero anunció obras en el centro para construir ocho nuevas aulas. Finalmente, la presión popular obligó a suspender el proyecto de la escuela europea en el Ramiro. Poco después, la Consejería frenó la remodelación.
Este año que termina se han registrado varias incidencias en centros educativos que han dado que hablar. El Ayuntamiento ordenó el cese de actividad del colegio Gredos de Valdebebas por falta de licencia de funcionamiento. El colegio concertado estaba funcionando de forma “ilegal”, sin licencia firme y con varias “irregularidades” en los permisos de obra de la edificación.
Otro cierre, este sin vuelta atrás, fue el de las escuelas infantiles Tesoros, en Arganda del Rey, y El Señor Don Gato, en Valdebernardo. Un “decretazo” de la Consejería de Educación suspendía su funcionamiento, lo que afectaba a sus casi 300 niños y niñas y a sus plantillas. Tras la “nefasta gestión” de la empresa concesionaria, Atreyu Volta Carto, que entró en concurso de acreedores, la Consejería suprimió ambas escuelas, de titularidad pública y gestión indirecta, tras quedar vacante su adjudicación. Los menores fueron reubicados en otros centros. Las trabajadoras de Arganda denunciaron su despido en los juzgados y la Justicia ordenó a la Consejería que fueran readmitidas.
Escasez de prácticas para la rama sanitaria de FP
La escasez de plazas de prácticas en las distintas ramas de la Formación Profesional sanitaria echaba a la calle a estos estudiantes preocupados por el hecho de que este tipo de formación en la empresa es obligatorio para obtener el título de FP. El conflicto se enrareció ante la sospecha de que estudiantes de los mismos grados en centros privados gozaran de privilegios a la hora de acceder a esa formación mediante convenios de pago con hospitales de gestión privada pero de la red pública y coparan todas las plazas de prácticas. En el Gobierno regional negaban tener constancia de dichos cobros. Para subsanar este conflicto, el consejero Emilio Viciana puso sobre la mesa la posibilidad de que los alumnos de FP pudieran cursar sus prácticas obligatorias fuera del plazo previsto, con fecha límite en el mes de marzo, y así titular este mismo curso, sin la necesidad de volver a matricularse el próximo año.
El último avance en este asunto ha sido la firma de un acuerdo para cuatro años entre Educación y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que beneficiará a los estudiantes de FP de Grado Básico, Medio, Superior y de cursos de especialización de centros públicos. De esta forma, podrán hacer sus prácticas en centros de trabajo y organizaciones que estén adscritas al Sermas, bien sean recursos sanitarios o u otras instalaciones donde desarrollen su actividad. Cada año enviará a la Consejería de Educación la oferta de plazas disponibles para el siguiente curso escolar, por ciclo formativo y periodo de realización, y esta asignará los puestos.
Por lo pronto, este año la Comunidad de Madrid ha facilitado por primera vez prácticas en su Servicio de Urgencia Médica (Summa 112) a estudiantes de FP de Grado Medio en Técnico en Emergencias Sanitarias (TES).
Al margen de esta polémica, la FP ha vuelto a ser noticia por su oferta de plazas. La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid alertaba al comienzo de curso de que el 52 por ciento de las solicitudes para cursar Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid había visto rechazada su primera elección, situación que afectaba a más de 48.000 alumnos. La Comunidad calificaba de erróneos los datos y defendía que se está haciendo una inversión como nunca en este ámbito con récord en número de plazas, más de 179.000.
Ese mismo sindicato anunciaba su intención de personarse en el caso de las posibles irregularidades en los contratos de obras en centros de Formación Profesional de la Comunidad, una vez llegue al Juzgado. También el PSOE-M adelantaba la petición de una comisión de investigación sobre los presuntos "incumplimientos de la normativa" en la construcción de varios de estos centros, como contratos fraccionados. La propia Comunidad denunció ante la Fiscalía presuntas acciones delictivas en la contratación de obras de reforma en Ciudad Escolar, en la que podrían estar implicados varios funcionarios públicos, entre ellos el anterior subdirector general de Formación Profesional, que fue cesado en febrero.
Financiación de las universidades públicas
La situación precaria de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos y Alcalá) ha llevado este año a sus rectores a reivindicar mayor financiación que la prevista en los Presupuestos alertando sobre la "insostenibilidad económica" que imposibilita "la calidad del servicio público". En una carta firmada por todos ellos y dirigida a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, denunciaban que los fondos que los Presupuestos les asignaban el año que viene no cubrían el impacto de la inflación ni el incremento salarial establecido ni el mantenimiento de los edificios. Los rectores manifestaban que la infrafinanciación "durante más de 15 años" ha desembocado en "una situación crítica que podría volverse catastrófica" en poco tiempo.
Tras una reunión, Ayuso les ofreció aumentar más de un 4 por ciento la aportación a las universidades públicas de la región en 2025, lo que se traducirá en un total de 47,3 millones de euros más que lo asignado en 2024, vinculando parte de la financiación a la consecución de objetivos específicos. El Gobierno regional atendía así en parte el SOS de las universidades en las últimas semanas, aunque lo han considerado insuficiente para garantizar su sostenibilidad.
Coincidiendo con esta polémica surgía otra relacionada con el convenio del programa María Goyri, con el que se crearán nuevas plazas de profesores ayudantes de doctor en las universidades públicas. El propósito de este convenio es rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores con más de mil nuevas plazas, de las que el 60 por ciento serán sufragadas por el Gobierno central durante los primeros seis años y el 40 por ciento restante por cada comunidad.
Madrid era la única comunidad que aún no había firmado el convenio con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. De hecho, la ministra Diana Morant llegó a enviar una carta al Gobierno regional pidiendo que rectificara su posición para no perder los 169 millones de financiación del programa. Aunque la Consejería planteó una propuesta alternativa del acuerdo con algunos cambios, finalmente no le quedó mas remedio “por responsabilidad” de firmar el mismo convenio que el Ministerio ofreció a todas las Comunidades a pesar de considerarlo “una cacicada”.
Todo esto ocurría en medio de la constitución en la Asamblea de Madrid de una comisión de investigación para esclarecer si hubo trato de favor en la Universidad Complutense de Madrid a Begoña Gómez y las posibles irregularidades en la concesión de cátedras y másteres. Se citó a comparecer a la propia esposa del presidente, que atendió a esa obligación, si bien se acogió a su derecho a no declarar. Entre los comparecientes también se encontraba el rector de la UCM, Joaquín Goyache.
En paralelo, ambos están inmersos en un procedimiento judicial instruido por el juez Juan Carlos Peinado en relación con la cátedra codirigida por Gómez, a quien se acusaba en principio de los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y posteriormente se añadieron los de apropiación indebida e intrusismo, por un software de la Complutense que supuestamente utilizó para sus fines empresariales sin autorización. La querella de las organizaciones ultras origen del caso se basa en publicaciones periodísticas sobre las supuestas conexiones de Begoña Gómez con empresarios que habrían patrocinado su cátedra y se habrían beneficiado económicamente de fondos públicos. Después de la imputación de la mujer del presidente, la Complutense decidió no renovar la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que codirigía Begoña Gómez.
En el ámbito universitario también fue noticia la acampada indefinida iniciada en mayo por unos 200 estudiantes en el campus de la Complutense para mostrar su apoyo al pueblo palestino y exigir el fin del conflicto en Gaza. Al grito de "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá", los estudiantes reclamaban la ruptura de relaciones de España con Israel, el fin del comercio de armas y la desvinculación de las universidades españolas con este país. Un mes después se levantaban las casi 500 tiendas de campaña para comenzar una nueva etapa con la creación de comités de lucha en cada una de las universidades madrileñas con la mira puesta en continuar la presión hacia los rectores para que rompan las relaciones con las instituciones académicas israelíes.
En octubre, los activistas trataron de reactivar la movilización y coincidiendo con el primer aniversario de los atentados del 7 de octubre y el reinicio de la guerra, llamaban a la “Intifada universitaria”. “Haremos temblar las universidades que siguen vinculadas con el sionismo, las fábricas que nutren el genocidio, los gobiernos que apuntalan la guerra aumentando el presupuesto militar”, amenazaban a través de un comunicado difundido en redes sociales.
De la EvAU a la PAU
La controversia sobre la prueba de acceso a la universidad ha seguido viva este año en que han convivido las iniciativas a favor de una prueba única en todo el país con el anuncio del PP de que implantará en las comunidades que gobierna una EvAU común en la que los estudiantes tendrán acceso a unas pruebas con mismos contenidos evaluables, criterios de corrección, tipo de ejercicios, opciones a elegir, número de preguntas, penalización por faltas y calendario para la realización de las pruebas y para la publicación de las notas.
Esta propuesta no convenció a la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) que la rechazaba llamando la atención sobre las diferencias entre las distintas CCAA a nivel estructural, socioeconómico, de infraestructura y de recursos. Y consideraban fundamental adecuarla a las realidades curriculares para que no degenerara en un agravio comparativo entre las diferentes comunidades autónomas.
Mientras tanto, el Gobierno central impulsaba una nueva selectividad bautizada como Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que va a contar tanto con unas estructuras como con unas características básicas y con criterios de corrección comunes para todos los territorios. La prueba, aprobada por el Consejo de Ministros, ha sido ampliamente debatida con las comunidades autónomas, las universidades, los órganos de los rectores, los estudiantes y las familias. El Ministerio asegura que es el modelo "más debatido de la historia" y la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) lo ha valorado positivamente.
Las PAU se celebrarán los días 3, 4 y 5 de junio en la convocatoria ordinaria y el 1, 2 y 3 de julio en la extraordinaria y como principal novedad respecto a anteriores exámenes es que desaparece el modelo adoptado en la pandemia haciendo imposible prescindir de algunos de los saberes y competencias del temario. A partir de ahora, se ofrecerá un único modelo de examen en lugar de las múltiples opciones disponibles hasta el año anterior, además de la obligación de incluir preguntas con enfoque competencial. En todos los ejercicios de la prueba se valorarán específicamente la capacidad expresiva y la corrección idiomática. Las faltas de ortografía penalizarán más en el examen de Lengua Castellana y Literatura, donde se podrán perder un máximo de dos puntos. La duración de las pruebas será la misma que en los últimos años: 90 minutos por materia.
La tardanza en conocer ejemplos del nuevo modelo preocupaba a la comunidad educativa hasta el punto de que el Sindicato de Estudiantes llegó a amenazar con convocar una nueva huelga en la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, algo que no fue necesario.
Novedades educativas
La Comunidad de Madrid ha modificado este curso los currículos de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para que los contenidos de estas etapas relacionados con la Historia de España se impartan en español en los centros con programa bilingüe a partir de este curso 2024/25. Tiene como objetivo reforzar el aprendizaje de los contenidos para facilitar a los alumnos de las distintas etapas su mejor comprensión y conocimiento del legado cultural e histórico de nuestro país.
Además, dentro de la asignatura de Geografía e Historia, los alumnos de la ESO han empezado a recibir nuevos contenidos con aspectos tan controvertidos como la violencia, las drogas y las adicciones, la pérdida de la libertad, el crimen organizado y las bandas juveniles, los delitos en Internet, el narcotráfico y la trata de personas, las autolesiones y el suicidio, la legítima defensa o la misión “protectora” del Ejército y la Policía.
Otra de las novedades en el ámbito educativo que conocíamos este año tiene que ver con el proyecto de retrasar el paso de los alumnos de Primaria al instituto permitiendo continuar su educación en el mismo colegio al finalizar esta etapa y cursar 1º y 2º de Secundaria. El Gobierno regional tiene como objetivo incrementar progresivamente el número de centros que adopten este modelo a partir del próximo curso. Este sistema sería similar al de la Educación General Básica (EGB) y se implementará en aquellos colegios que cuenten con suficiente espacio y jornada partida. La Comunidad de Madrid se ha comprometido a financiar la adaptación de las instalaciones en los primeros 25 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria que incorporarán los cursos de Primero y Segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a su oferta educativa desde el próximo año académico 2025/26. Con esta medida, Educación persigue "proteger la infancia, combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso o sus hábitos de alimentación, así como luchar contra la soledad, las adicciones o la posible influencia de las bandas juveniles".
También ha sido el año del estreno en las aulas de la danza. Cerca de 13.000 escolares de 46 centros escolares sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid reciben ya contenidos de danza de la mano de medio centenar de bailarines que actúan como auxiliares de los maestros de música. Con esta actividad, que forma parte del Plan Integral de Danza, el Gobierno regional quiere fomentar el conocimiento y la difusión del folclore y la cultura popular, mejorar la motricidad, coordinación y ritmo de los alumnos, combatir la obesidad y descubrir nuevos talentos y vocaciones en esta disciplina.
Además se daba luz verde definitiva a la apertura de los colegios públicos de la región fuera del calendario lectivo, en origen era una propuesta del PSOE-M que ha materializado la Comunidad y ya se ha puesto en marcha este curso escolar para “favorecer la conciliación al tiempo que se "fomenta la educación integral de los menores". Se ha destinado una partida de hasta 12 millones de euros que serán gestionados por los Ayuntamientos que lo soliciten y que incluye también la ampliación de la financiación del plan de actividades extraescolares que ya se encuentra en vigor. De acuerdo con las estimaciones de la Consejería, podrían beneficiarse del programa hasta 310.000 alumnos en 800 centros. Se han abierto desde el 1 de septiembre hasta el inicio de las clases, durante las vacaciones de Navidad y se repetirá en Semana Santa y en el resto de jornadas consideradas no lectivas en el calendario escolar de la región. Para ello se pondrán en marcha actividades deportivas, vinculadas a la formación en primeros auxilios o nutrición y hábitos saludables, entre otras.
Otro anuncio de este año tiene que ver con el refuerzo del Programa de Enriquecimiento para alumnos con Altas Capacidades (PEAC) con más plazas y mejoras que faciliten el procedimiento de inscripción en esta iniciativa que contribuye al desarrollo integral de los escolares. El PEAC es un programa gratuito y voluntario que ofrece tareas formativas a los escolares de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato de centros públicos, concertados y privados de la región. Los participantes, propuestos por el profesorado especialista en orientación educativa tras un proceso de valoración psicopedagógica, asisten quincenalmente las mañanas de los sábados durante los meses de octubre a mayo con el objetivo de favorecer su pensamiento y creatividad en ámbitos de aprendizaje como el científico-tecnológico, artístico, humanístico-literario o de habilidades sociales.
Supimos también que los alumnos de la Comunidad de Madrid han obtenido la mejor nota de todas las regiones de España en la competencia de Pensamiento Creativo del informe PISA. Esta variante fue incluida por primera vez en el año 2022 con el objetivo de evaluar la capacidad de los estudiantes para generar nuevas ideas y mejorar las ya existentes. Los madrileños han conseguido 34,8 puntos. Una nota que está por encima del rendimiento de España (32,8) y de la media de la Unión Europea (32,1), según los datos de este estudio educativo de referencia mundial que elabora la OCDE en un total de 80 países.
No han faltado este año las Jornadas de Educación organizadas por Madridiario, en las que participó Emilio Viciana, quien puso el foco en las bondades del sistema educativo madrileño, destacando especialmente las cifras “récord” en inversión recogidas en los Presupuestos 2024, la bajada de ratios, el refuerzo en las asignaturas troncales de Geografía e Historia, la puesta en marcha del sello 'Sin Pantallas' en las etapas de Infantil y Primaria o el “modelo de éxito” en la Formación Profesional, pero también sobre las “batallas” a librar frente a las políticas encabezadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. En las distintas mesas redondas que se celebraron se abordaron los principales retos de la educación obligatoria, la FP y los posgrados, como apuesta segura que reúne “necesidades reales de las empresas"; el impacto de la inteligencia artificial en la educación, la internacionalización de la universidad del futuro y la “crisis de confianza” en la educación superior entre otros.
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