El año que acaba de terminar ha consolidado la diversidad en los vehículos de movilidad individual en las calles de las grandes ciudades. Echar un simple vistazo a las principales calles de la urbe evidencia que la presencia de patinetes eléctricos no es una novedad y están insertados en la cotidianidad de muchas personas que ahora, con la entrada en vigor de nuevas normativas más restrictivas, se enfrentan al dilema de seguir utilizándolos o deshacerse de ellos.
Los usuarios de estos vehículos en la capital ya tuvieron que adaptarse el pasado 2023 a los cambios que trajeron las únicas tres autorizaciones que concedió el Consistorio a Dott, Lime y Tier Mobility, las únicas compañías que tuvieron el beneplácito del Ayuntamiento para operar en la capital tras obtener “la puntuación más alta en la valoración”. El Área Urbanismo, Movilidad y Medioambiente se aseguró que estas empresas incorporaran desarrollos tecnológicos para impedir que se pudiera estacionar fuera de las zonas reservadas para ellos o que circulen por aceras. El recuento de patinetes eléctricos compartidos sin base fija se limitó a 6.000 vehículos, unos 2.000 por cada compañía. Con esta limitación, el Ejecutivo municipal avanzó en un nuevo modelo de utilización de estos patinetes compartidos con la perspectiva de que fuese “más ordenado y seguro”.
Además de la gestión de las compañías privadas, los propietarios de estos patinetes ya tienen que cumplir la normativa estatal para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), cómo se denominan de manera oficial, que más allá de que cada ayuntamiento marque su propia regulación, la Dirección General de Tráfico (DGT) señala unas condiciones de uso compartidas para este tipo de vehículos: una velocidad máxima por diseño comprendida entre seis y 25 kilómetros hora, la prohibición para circular por las aceras y por las vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. Los usuarios de los patinetes eléctricos deben cumplir la normativa con respecto a consumo de alcohol y drogas, así como la negativa a utilizar móvil o llevar puesto auriculares mientras los conducen.
A partir del 22 de enero es imprescindible un nuevo certificado
Este 2024 traerá cambios para los patinetes eléctricos y la DGT avisa que desde el próximo mes de enero se implementa una novedad que impacta directamente en estos vehículos. La fecha señalada en el calendario es el día 22 del recién estrenado año. A partir de entonces, únicamente se podrán vender modelos certificados con la nueva normativa, que establece el equipo obligatorio para que los patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP) circulen legalmente por la vía.
Con esta acción, la DGT busca "velar por la seguridad vial y la protección al conductor" de este tipo de vehículos, así como la de los demás usuarios de la vía, asegurando que los patinetes que salgan al mercado cumplan con garantías de calidad y durabilidad mínimas. Para facilitar esto proporciona a los ciudadanos una herramienta para verificar si una marca cumple con las nuevas exigencias. Se trata de un listado disponible en su página web que enumera los modelos ya certificados que cumplen con todos los requisitos del manual de características de los VMP publicado el 12 de enero de 2022. Esta nueva regulación impactará en los vehículos que circulan actualmente y en las nuevas fabricaciones, que a partir de ahora tendrán una limitación a 25 kilómetros por hora, deberán contar con dos sistemas de frenos independientes e implementarán sistemas eléctricos más seguros en las baterías, todo con la intención de controlar posibles modificaciones para aumentar la potencia y, por tanto, la velocidad máxima.
Prohibición de entrada al trasporte y explosiones
Dos sucesos han hecho mirar con otros ojos a estos vehículos, no muy lejos dos explosiones han puesto en duda la total seguridad de los patinetes eléctricos. La primera ocurrió en la estación de Metro de La Elipa, justo cuando el tren hacía su entrada en el andén. En el último vagón, la batería de un patinete explotaba causando daños en el suelo y en una de las puertas. El humo se extendió rápido por toda la parada, que fue desalojada por el personal de seguridad, sin que se reportaran daños personales. Pocos días después otra batería estallaba, esta vez en un domicilio del distrito de San Blas-Canillejas, llegando a derribar el tabique de un domicilio causando heridas a dos personas y provocando el despliegue de varias dotaciones de Bomberos.
Ante este escenario, las administraciones optaron por prohibir la entrada de estos vehículos en el transporte público. En concreto fue el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) quién acordó esta medida que afecta a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) e interurbanos y urbanos en otros municipios, así como en las instalaciones y vehículos de Metro de Madrid y los cinco intercambiadores de Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Avenida de América. La decisión fue criticada por la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, que la achacaron a un "miedo injustificado" que va a perjudicar "a cientos de miles de personas que ahora mismo dependen de su vehículo de movilidad personal
“Su irrupción ha generado mucha antipatía”
Es innegable que la aparición de estos vehículos ha trasformado la movilidad en la ciudad y su llegada ha contribuido a reducir el uso del vehículo privado, pero también ha ocasionado molestias entre muchos ciudadanos. Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) señala a Madridiario que este medio de transporte ha contribuido a la movilidad de población con bajos recursos ante la ausencia de un billete intermodal adaptado a este sector, siendo para ellos “una alternativa asequible”. Para Villalobos, los problemas llegan con los usos negativos de los patinetes, como el mal aparcamiento o la modificación de las baterías para dar más potencia a los vehículos e insiste: “Hay que garantizar la seguridad de las personas más vulnerables y no prohibir el uso de un intermodalidad real”.
Sobre la ocupación en la vía pública, el presidente de la FRAVM pone como ejemplo las bases donde se estacionan las bicicletas de Bicimad: “Un modelo que asegura que se aparquen en esos puntos y no ocupen otras zonas”, subraya. Además aboga por aumentar los controles para prevenir las modificaciones de las baterías antes que el veto de su uso: “A nadie se le ocurriría prohibir la entrada con un móvil de tercera mano”.
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