El Gobierno reduce la subvención a los medicamentos en función de la renta y la edad. Los parados sin prestación no pagarán los medicamentos. También adopta medidas para prohibir el turismo sanitario.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, explicó tras el Consejo de Ministros que el déficit sanitario español asciende a 16.000 millones y que la tendencia demográfica española al envejecimiento obliga a realizar una reforma estructural para dar viabilidad al sistema. La popular concretó que el Real Decreto Ley que se pretende implantar "garantiza la universalidad de la sanidad para todos los españoles", aunque se trata de un paquete de medidas duras que
recuperarán para las arcas del Estado 7.000 millones.
Las principales decisiones son las siguientes:
Turismo sanitario (1.500 millones de euros)
- Eliminar el uso sanitario por parte de extranjeros que no tienen derecho a ello o son extranjeros no comunitarios no sujetos a convenios comunitarios.
- Modificación de la Ley de Extranjería en cuanto al aseguramiento sanitario. Se igualan los requisitos para recibir derecho sanitario entre extranjeros y autóctonos. Hasta ahora se pedía solo el empadronamiento.
- Incorporación del artículo 7 de la directiva europea de transición de ciudadanos comunitarios. Prohíbe expresamente el desplazamiento para recibir atención sanitaria. Hasta ahora, muchos extranjeros venían a España para obtener tarjetas sanitarias y recibir prestaciones sanitarias en sus países de origen a costa del sistema español, que no reintegraban los países de origen.
Gasto farmacéutico (3.500 millones de euros)
- Se pedirá que la industria farmacéutica que la industria adecúe los envases a la cantidad de pastillas que necesita un tratamiento.
- Sacar de financiación algunos medicamentos de bajo valor terapéutico.
- Reordenación de los pagos en función de la edad, la renta y el grado de enfermedad. Los parados sin prestación se incluyen en los colectivos que no pagarán medicamentos. Las rentas de más de 100.000 euros pagarán un 60 por ciento. Las personas en activo con rentas más bajas no cambiarán su aportación (40 por ciento). Las más altas, pagarán un 50 por ciento. Los pensionistas pagarán con carácter general el 10 por ciento de las medicinas, con un tope de entre 8 y
18 euros en función de la renta. El sistema comenzará a funcionar en dos meses.
- Modificación del vademécum para fijar los precios de referencia y de los precios seleccionados para abaratar las medicinas.
Eficiencia y recursos humanos
- Creación de una cartera básica de servicios asistenciales en todas las comunidades autónomas que garantizará una red de nuevas agencias que evalúen las prestaciones sanitarias y farmacéuticas regionales.
- Creación de una plataforma de compras centralizadas para ahorrar en la obtención de productos y servicios sanitarios. Supondrá hasta 1.500 millones de ahorro.
- Creación de un grupo de trabajo para ordenar los recursos humanos y permitir que haya una mayor movilidad de los profesionales en el servicio de salud. También, la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías, modelos retributivos y especialidades para facilitar esa movilidad (500 millones de ahorro).
- Desarrollo de un fondo de garantía asistencial para garantizar la asistencia a habitantes de municipios fronterizos entre comunidades autónomas.
Otros
- Fomentar el pacto sociosanitario para mejorar la prestación conjunta de servicios sanitarios y de servicios sociales.
- También habrá medidas relacionadas con los productos dietoterápicos, ortoprótesis y transporte sanitario no urgente.
Si (
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