El grupo municipal de Más Madrid ha interpuesto este miércoles un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la moratoria que permite durante todo 2023 el acceso a la zona de bajas emisiones de Distrito Centro de vehículos industriales y de mercancías de menos de 3.500 kilos con etiqueta B. La moratoria salió adelante en el Pleno de diciembre con el apoyo de PP, Cs y Vox al apoyar la ordenanza de Limpieza.
En su recurso, Más Madrid solicita medidas cautelares para suspender le entrada en vigor de la medida porque estima que "no se puede esperar a la sentencia, que saldría pasado este tiempo, siendo los perjuicios causados a la salud de los ciudadanos irreparables".
Más Madrid basa su recurso en dos argumentos. El primero es que, "al tratarse de una medida regresiva, era necesario un informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad, que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni ha pedido ni se ha realizado".
El segundo argumento indica "que la modificación de la ordenanza de Movilidad Sostenible para permitir que los coches más contaminantes sigan entrando en Madrid Central en 2023 se ha hecho por la puerta de atrás, sin posibilitar que los ciudadanos puedan realizar alegaciones".
El grupo político que lidera Rita Maestre ha criticado que, con esta moratoria, "los intereses en conflicto ceden a favor del interés general y, en este caso, prima la salud", a lo que unen que "la UE ha sentenciado recientemente que las medidas para la calidad del aire no se pueden demorar".
El recurso presentado por Más Madrid subraya que, "si no se suspenden los efectos para el interés general serán de imposible reparación, siendo irremediables los efectos para miles de personas que causaría la entrada de los vehículos contaminantes en el centro de la ciudad. La relación entre tráfico, contaminación y salud está más que aceptada por la comunidad científica y es la base de numerosas normativas y políticas públicas".
Más Madrid ya presentó en enero una demanda contra la ordenanza de Movilidad aprobada por PP, Cs y Grupo Mixto por presuntamente vulnerar el principio de no regresión ambiental. Está a la espera de sentencia.