La Unión Europea acaba de condenar y amenazar de multa a España por el “incumplimiento sistemático y continuado”, desde 2010, de los máximos de dióxido de nitrógeno. Sólo en Madrid, por NO2 y contaminación acústica, ingresan cada año más de ocho mil personas, a un costo de unos 202.000.000€; a escala nacional, de 2013 a 2018, 83.000 personas, con un costo de unos 1.200.000.000€.
No permitamos que se siga atentando tanto contra nuestra salud. Esta condena de la UE, como las anteriores, no servirá, como máximo, sino para provocar más hipócritas arrepentimientos y promesas de mejora. Una multa adecuada, en cambio, a medio año de las elecciones, obligará a los culpables a actuar ya para no perderlas o facilitará la llegada de autoridades más sensatas o menos corruptas que se preocupen más de la salud de todos.
Pablo Rosales