Si las protestas y movilizaciones son parte del paisaje otoñal de un Madrid acostumbrado a ser escenario de la queja, este año todo apunta a que van a confluir en tiempo, forma e incluso en el objeto de sus quejas distintos sectores que ya han anunciado huelgas. Los dos más importantes, Sanidad y Educación, ya se unieron a la lista hace semanas y protagonizarán dichas protestas a partir de esta misma semana.
Si la pasada semana podría catalogarse en la Comunidad de Madrid como “la semana de la crispación”. Sin embargo, para muchos colectivos este sentimiento se instaló en sus agendas meses atrás. La crisis sanitaria -y la económica posterior derivada del parón a causa del Covid-19- ha puesto patas arriba la “normalidad” de la región, una cotidianidad que ya contaba con sus reivindicaciones, que ahora más que nunca han pasado a acaparar la gran mayoría de denuncias públicas.
Hace una semana, el Ejecutivo regional se enfrentaba a su primer Debate del Estado de la Región dejando sobre la mesa el balance y las medidas y previsiones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con respecto a su primer año legislativo y de cara a los próximos meses. Sin duda, todo lo acontecido durante la etapa más dura de la pandemia acumuló gran parte de minutos de los discursos y réplicas, en los que también se pidió unión y coordinación para “salir de ésta”.
Por el contrario, el miércoles la sensación de calmada satisfacción mostrada por los socios de Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, se desvaneció a primera hora de la mañana, dando paso a varias jornadas de enfrentamientos silenciados y a una sensación de “caos” y desunión. El anuncio, o no-anuncio, sobre la idea de llevar a cabo “confinamientos selectivos” en la región por parte del viceconsejero de Sanidad y director del Plan Covid, Antonio Zapatero, supuso la caída de la carta más alta de un castillo de naipes político, con todas las repercusiones sociales que conlleva. Además de afrontar desencuentros internos, problemas con sus socios de Gobierno e incluso el descrédito sufrido en los últimos siete días por el Ejecutivo regional, además el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberá a hacer frente a las huelgas y protestas en sectores clave en los próximos días.
El muro con el que se enfrenta la Educación
Con el comienzo del curso ya andando y con los centros educativos haciéndose a esta 'nueva normalidad' como pueden y con los recursos con los que cuentan, las relaciones entre la Consejería de Educación y la de los sindicatos parece que se enfrían cada día más. La huelga de profesorado convocada para los primeros días del curso escolar se retrasaron para dar margen a la Administración y cumplir las promesas tras presentar el 25 de agosto esta su plan estratégico para la 'vuelta al cole', el cual recogía algunas de las peticiones hechas por los sindicatos. Sin embargo, las reivindicaciones educativas no han recibido respuesta por lo que esos paros se han trasladado a esta semana, al 22 y el 23 de septiembre.
Sin embargo, a pesar de que el consejero de Educación, Enrique Ossorio declaró que la vuelta al cole resultó un “exito” dadas las circunstancias, desde los sindicatos aún consideran que hay cosas que mejorar. De hecho, CCOO propuso a principios de septiembre aumentar el presupuestos de la Comunidad en el programa regional en un 45,6 por ciento, pasando de los 697.165.397 euros a los 1.015.332.799 euros. En concreto, se propuso un gasto en el profesorado (incluyendo educadores/as infantiles) de 605.580.727 euros, PAS (incluyendo limpieza) 173.052.072 euros, infraestructuras 35.000.000 euros y material 201.700.000 euros.
"El plan llega tarde y con dificultades para los centros"
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, considera que el plan constituye "un cambio considerable" y "un aumento de inversión en su mayoría derivada de fondos y programas estatales", pero que debería ser "más ambicioso" para asegurar la bajada de ratios y la presencialidad en la totalidad del sistema educativo madrileño: "Aunque ha habido avances muy signiticativos después de que se presentara el plan, están llegando tarde y suponiendo muchas dificultades para los centros, por lo que no podemos bajar la guardia en nuestro deber de presionar”.
Por este motivo, Galvín argumenta que “la huelga ha tenido que convocarse”, a sabiendas que se trata de una situación difícil a nivel sanitario: “Va a ser una huelga rara porque todo lo que engloba este tipo de situaciones no lo hemos podido hacer -las manifestaciones-”, pero igualmente considera que es “necesaria”.
“Fue una defición muy difícil pero gracias a ello hemos constantado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que va por detrás de la sociedad y también de la Educación, solo trabaja bajo presión”, comenta Galvín, que espera que después de los paros se consigan mejoras. “Vamos a seguir peleando porque se bajen los ratios, que ya se han bajado, pero creemos que es muy necesario que continúen reduciéndose y en concreto en Educación Especial y en el primer ciclo de Infantil”, sostiene.
"Los docentes no saben qué tipo de contrato les han hecho"
Además, respecto a las plantillas recuerda que se prometieron casi “8.000 docentes nuevos” para hacer frente al plan de educación, y a día de hoy el número de contrataciones efectuadas no llega a los 6.000. “El problema en este caso es, además del número, el tipo de contrato que se les está haciendo a los docentes: no saben ni por cuánto tiempo ni qué tipo de plaza se les ha asignado, por lo que queremos que se defina este punto para que haya estabilidad entre alumnos y docentes”, explica. Sobre este tema, recalca que se está convirtiendo en un hándicap para el seguimiento de la huelga, porque “los servicios mínimos presentados por la Consejería de Educación son abusivos y vulneran el derecho a la misma”, ya que son casi del cien por cien: “Estamos trabajando para que todos los docentes que quieran secundarla puedan hacerlo, pero está siendo muy difícil porque falta mucha plantilla y a eso se suma el cumplimiento de los servicios mínimos”.
“Es muy positivo que se estén ampliando espacios para dar clases, pero por ejemplo se sabe que los barracones que la Comunidad de Madrid ha adquirido no van a llegar a los centros hasta octubre o noviembre, y además no se han realizado convenios con ayuntamientos de la región para la cesión de otros espacios”, comenta Galvín, que ve preocupante que se hayan adelantado las lluvias y puedan faltan lugar en los que dar clase.
En cuanto a las pruebas pertinentes en materia sanitaria “se prometió que se realizarían PCR a todos los menores con síntomas, así como a los compañeros, a quienes también se les garantizaba un periodo de aislamiento”. Sin embargo, la puesta en marcha de este protocolo, asegura Galvín, se está viendo que “depende del centro de salud que corresponda a cada centro educativo, y dada la situación de la Atención Primaria, en algunos se está pudiendo hacer y en otros no”. Además, subraya que “los teléfonos de Salud Pública -para las dudas y cuestiones relaciondas con la Covid-19 en los colegios- están colapsados y pueden pasar días hasta que se recibe una respuesta”, que en algunos casos, confirma, “ha llegado a ser del tipo 'no aviséis a los padres'”.
En la misma línea se encuentran los coordinadores Covid: “Una cuestión que asumen los mismos trabajadores de los centros y no personal sanitario”. Tal y como comenta, “los coordinadores Covid están llevando a cabo labores de rastreo, sintomatología y toma de decisiones sobre confinamiento, y eso son decisiones sanitarias que se están suplantando por direcciones educativas, lo cual es inadmisible". “Se suma así a los docentes mayor estrés y burocracia”, algo que quiere poner en valor. La conciliación, la situación de los comedores escolares o los grupos mixtos “dan para hablar una tarde entera”, subrayan desde el sindicato, que no olvida el “impacto curricular de la semipresencialidad en los alumnos”.
Pulso de los sanitarios
Asimismo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se enfrenta a otra una nueva huelga, esta vez de sanitarios. El sindicato mayoritario entre el colectivo médico de Madrid, Amyts, ha registrado este jueves la convocatoria de huelga de sanitarios de la Atención Primaria, que se iniciará el 28 de septiembre de forma indefinida. El sindicato alega que sus médicos soportan una situación de sobrecarga asistencial desde hace años que se ha agravado con la pandemia: "No podemos seguir trabajando en estas condiciones"
Pero no solo la Atención Primaria acumula las quejas, los Médicos Internos Residentes (MIR) de la Comunidad de Madrid manifestaron sus quejas en el mes de julio con una huelga indefinida en busca de mejoras laborales y salariales. Finalmente lograron un acuerdo firmado entre los MIR, la Consejería de Hacienda, la Consejería de Sanidad y la Dirección General de Investigación, Docencia y Documentación. Y los sindicatos del Hospital Universitario Gregorio Marañón presentaron el preaviso de huelga en el servicio de limpieza en junio para exigir los planes de "privatización" de la Consejería de Sanidad al licitarse en un macrocontrato parte de las labores de higiene del centro.
La Atención Primaria "se coloca en el abismo"
Un panorama sanitario en pie de guerra que parece sobrepasado por esta situación pandémica. Desde Amyts reiteran "el abandono y desprecio a los profesionales por parte del Gobierno regional". El sindicato lamenta el tiempo perdido: "Han transcurrido tres meses desde el manifiesto conjunto firmado y presentado por todas las organizaciones sindicales sin que, a día de hoy, los representantes de la Consejería de Sanidad hayan puesto en marcha ninguna medida", Ante la no llegada de ese encuentro con la mandataria regional, finalmente el sindicato convocó las jornadas de huelga que comienzan a finales de mes.
El secretario general del sindicato médico, Julián Ezquerra, recuerda que la huelga "es un serio aviso a los políticos" por la situación que atraviesa este colectivo sanitario: "No puede seguir deteriorándose más", porque la Atención Primaria "ya se coloca en el abismo". Ezquerra sostiene que aunque confían en "la sensatez y en la voluntad de negociación de la Comunidad de Madrid para evitar que la huelga se inicie", este paro responde a la "petición unánime" de sus compañeros.
“Los médicos de Atención Primaria venimos soportando una situación de sobrecarga asistencial desde hace años. Ya antes de la pandemia nos encontrábamos con un importante déficit de recursos humanos: más de seiscientos médicos de familia y más de ciento cincuenta pediatras". Según detallan desde Amyts, en los centros de salud se atienden consultas telefónicas, consultas presenciales, urgencias médicas, patologías crónicas, atención domiciliaria, detección y seguimiento de pacientes Covid, rastreo de sus contactos dada la escasez de rastreadores y la falta de comunicación con los mismos y con salud pública.
La presidenta regional, por su parte, ha expresado que “en la primera parte de la pandemia todo el mundo dio lo mejor de sí mismo para sortear una situación tan complicada y yo entiendo las reivindicaciones, siempre he dicho que son legítimas, pero en estos momentos los servicios públicos deben estar a disposición de los ciudadanos". Sin embargo, desde los sindicatos confirman que “cuando llegó la pandemia todo el mundo puso de su parte y el personal sanitario nos dejamos la piel en hacer nuestro trabajo”, pasada la situación más crítica y “sabiendo que iba a volver a darse un rebrote entre la población”.
Rosa Cuadrado, secretaria general de Sanidad del sindicato UGT, comenta a Madridiario que “lo que más enfada a la gente es que hay cosas que posiblemente no se pueden preveer, y en marzo era impresibisible, y por eso todos los profesionales sanitarios consideramos desde el minuto uno que teníamos que dar el resto, que se trataba de una emergencia sanitaria”, motivo por el cual “nos dejamos la piel, con todo el coste físico, familiar y emocional que conllevó, pero era lo que teníamos que hacer”. Pero después de “este periodo de respiro” que han sido los primeros meses de verano, “nos encontramos con que no se han puesto todas las medidas para afrontar una segunda ola, que no sabíamos cuándo iba a ser, pero que era previsible”, comenta. “La Comunidad de Madrid se podría haber preparado para afrontar esa segunda ola y no se ha hecho", sostiene. “Hicieron un anuncio de la contratación de 400 rastreadores, aunque por cálculos de población tendría que haber en torno a 1.200, pero en cualquier caso los rastreadores prometidos no están contratados”, enumera.
“Es un mal síntoma que a estas alturas aún se esté hablando de rastreadores”
“Sabemos que han llegado curriculos de otras comunidades autónomas de personal que se ofrecía para trabajar como rastreador en Madrid y desde la Comunidad se les ha notificado por e-mail que las contrataciones se realizan a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que hace ver que no es que no haya personal, es que no quieren contratar”, dice Cuadrado. A la vista está, sostiene, que se solicitaron voluntarios de la Universidad Complutense para que hicieran ese trabajo, porque “lo que quieren es que se haga gratis”. El cualquier caso, Cuadrado indica: “Es muy mal síntoma que a estas alturas aún se esté hablando de rastreadores”, porque su labor debería estar ya más normalizada y asumida.
Por otro lado, el sindicato recuerda que acordaron en la Mesa Sectorial de Sanidad "que se llevaría a cabo la renovación de unos 10.000 contratos de personal sanitario entre los que se encontraban los MIR que durante la pandemia habían trabajado como un adjunto más, que se les haría contrato hasta diciembre de este año”, algo que ha dejado entrever las condiciones que se les proponían desde la Comunidad: “Los residentes de Familia, por ejemplo, no han firmado esos contratos y han preferido irse a ejercer a otras comunidades autónomas limítrofes, porque se les ofrecen mejores condiciones de trabajo y contractuales”.
“Somos una comunidad que ya arrastramos falta de plantilla desde hace años”, denuncia Cuadrado, que incide en que los Presupuestos actuales -que son los aprobados en 2018 por el entonces presidente Ángel Garrido- destinan a la Atención Primaria un porcentate “mínimamente superior a lo que se destinaba en 2008”. El motivo: "Se ha apostado por externalizar servicios y se han llevado a cabo otros intentos de privatizar hasta centros de salud y en una situación como la actual se debe contar con echar mano de todos los recursos píblicos para poder enfrentarla, y la Comunidad de Madrid no lo ha hecho”.
“La gente está agotada y no puede más”, sostiene. “No ha habido casi vacaciones y cuando las ha habido ha sido a costa de que las plantillas se han quedado en un 50 por ciento”, dice, para a reglón seguido recordar que los sanitarios también “han enfermado, han perdido personal y familiares, han trabajado jornadas enteras sin dormir y con todas las preocupaciones que derivan de la pandemia”.
A sus palabras se suman las de la secretaría general de Sanidad de CCOO: “Estamos en una situación muy grave, crítica, donde la Sanidad madrileña se está jugando muchas cosas, pero no hay nadie que parezca que vaya a poner ninguna solución”, lo que está “poniendo en peligro de forma inconsciente e irresponsable la salud de los madrileños”.
“En la Comunidad de Madrid hace falta un 'reset' del sistema ya”, sentencian. “Llegaremos hasta donde haya que llegar para conseguir solucionar los problemas no solo de los profesionales sino de los madrileños”.
Otras movilizaciones que amenazan Madrid
Esta semana dará cabida a otras jornadas de huelga y manifestaciones. Una de las primeras reivindicaciones en la calle nos lleva a la Plaza del Cascorro donde cada domingo los comerciantes y vendedores del Rastro, histórico mercadillo madrileño que no había cerrado ni siquiera durante la Guerra Civil, protagonizan una de las protestas más insistentes para que regresen todos los puestos a la plaza.
A principios de julio, recién salidos del aislamiento a causa del estado de alarma, también comenzaron las protestas en respuesta a las 'colas del hambre'. Cientos de personas exigieron al Gobierno municipal un plan urgente de emergencia social. Una oportunidad para reclamar un plan urgente de emergencia social para las 50.000 personas que por esas fechas ya eran atendidas en las despensas solidarias.
A finales de agosto, Madrid acogió una manifestación de “negacionistas” de la Covid-19. Convocada a través de las redes sociales y alentada por figuras mediáticas como la del cantante Miguel Bosé, quien no acudió a la cita, la protesta acogió "entre 2.500 y 3.000" participantes según el cómputo realizado por la policía y notificado a la delegación de Gobierno. Los manifestantes se reunieron en la plaza de Colón en contra del uso obligatorio de mascarillas y de otras medidas implantadas por el Gobierno para hacer frente al coronavirus, alegando que “existe otra realidad que nos han ocultado” al respecto de la pandemia.
El sector de la hostelería, de los más castigados a causa de la pandemia, reivindicaron a principios del mes de septiembre los más de 78.000 empleos que se perderán si la Comunidad de Madrid no "toma cartas sobre el asunto" y presenta un plan de choque "real" con ayudas directas a los empresarios. Representantes de Hostelería Madrid y la Plataforma por el Ocio, España de Noche y Hostelería de España se concentraron ante el Palacio de Cibeles, coincidiendo con la celebración del Pleno del Estado de la Ciudad, para reclamar más apoyo institucional y dejar de lado la "excesiva culpabilización" hacia el sector con "continuas restricciones, sin ningún tipo de medidas compensatorias".
Los trabajadores del mundo del espectáculo y los eventos también ocupado las portadas de la actualidad reivindicativa de la mano de Alerta Roja #HacemosEventos. Una platadorma que concentra varias movilizaciones simultáneas y masivas en algunas capitales españolas, incluida Madrid. Artistas, técnicos y profesionales salieron a la calle y se concentraron en las imediaciones del Palacio Real y la Puerta del Sol para hacer visible la delicada situación que atraviesan a raíz de la pandemia y denunciar el abandono por parte de la Administración. "Habíamos tenido dudas porque con la actual situación se podía ver como una marea, pero es evidente que las acciones hechas hasta ahora no han funcionado para concienciar", explicó el portavoz de Alerta Roja, Iván Espada.
Por su parte, los empleados de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (SFM) amenazaron con cumplir su advertencia de declararse en huelga si el Ayuntamiento de la capital no atiende su demanda de contratar más personal. Los trabajadores denunciaron el pasado mes de julio las precarias condiciones en las que operaron al inicio de la pandemia y ahora afirman que, de nuevo, "se incrementan de nuevo los tiempos de recogida" de los cadáveres. De continuar en la misma línea, consideran que concederán un servicio "peor que el de marzo y abril". Aseguran no contar con medios humanos suficientes y critican la premura con la que se retiraron los efectivos extra contratados durante el pico de contagios.
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