La vacunación en España, poco a poco, va adquiriendo la “velocidad de crucero” prometida por las autoridades políticas y sanitarias. De los casi tres millones de dosis recibidas en España, se han inoculado más de 2,5 millones, y más de un millón de personas ya cuentan con la pauta completa de vacunación. Unas cifras que hacen ser más optimistas en llegar al objetivo de conseguir inmunizado al 70 por ciento de la población española durante el verano.
Todas las autonomías españolas ya han llegado al uno por ciento de habitantes vacunados, y si Andalucía es la región con más personas con la pauta completa de vacunación -con 194.477 personas con las dos dosis administradas-, le siguen Cataluña (166.10 habitantes) y la Comunidad de Madrid (156.682 habitantes).
En la región madrileña, esta semana estaba previsto que se completase la primera fase de vacunación, es decir, la que implica a los usuarios de residencias sociosanitarias y sus trabajadores. Asimismo, continúa la administración de dosis al denominado grupo 2 de vacunación, los sanitarios de primera línea, algunos de los cuales por el momento no han recibido la primera dosis, mientras otros ya han recibido el tratamiento completo cumpliendo el margen de tiempo establecido para el fármaco.
De esta manera, ahora toca comenzar con la segunda fase de la estrategia de vacunación, en la cual Sanidad y las Comunidades Autónomas podrían cambiar las franjas de vacunación para avanzar más rápido en el proceso de inmunización frente al coronavirus. La comisión de Salud Pública pretende que, a partir de ahora, dichas agrupaciones se realicen en función de las edades en lugar de por colectivos. Así, se prevé que los tres siguientes grupos en vacunarse sean los mayores de 80 años, el colectivo entre 70 y 79 años, las personas de 56 a 69 años, y la población general entre 45 y 55 años.
Sin embargo, como sostienen muchas asociaciones y colectivos de personas dependientes y sus cuidadores, en muchas ocasiones la priorización por edades no es la adecuada. Tal y como explica a Madridiario Sheila Moreno, directora de la Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer y párkinson de Alcalá (AFA Alcalá), es “prioritario” que las personas que sufren enfermedades neurogenerativas, como son el Alzheimer, otras demencias o el Párkison, “sean grupos prioritarios en la vacunación, independientemente de la edad que tengan”.
Según señala, “no todos los que sufren este tipo de enfermedades son personas mayores”, un concepto que en algunos casos se ha afianzado y que no responde a la realidad. En ese sentido, Moreno explica la vulnerabilidad que sufren este grupo de riesgo, ya que más allá de las complicaciones que pueda suponer la infección por Covid-19 con sus enfermedades, son colectivos “que están obligados a salir de sus domicilios casi a diario para recibir sesiones de terapia o acudir a centros sociosanitarios para su cuidado”.
Más allá de eso, la directora de AFA Alcalá explica a este diario que “las personas enfermas de Alzheimer o demencias, por ejemplo, cuesta que mantengan las distancias de seguridad o las mascarillas puestas en todo momento, puesto que en muchas ocasiones no son ni conscientes de qué es lo que ocurre” a pesar de que puedan mantener cierta movilidad autónoma. Por esa razón, su control depende de personas externas que, en muchas ocasiones, tampoco forman parte de los grupos prioritarios de vacunación, lo que supone una mayor exposición al virus.
En los casos de Párkinson, además, “requieren de terapias de logopedia o similares, que con las medidas de restricción son difíciles de llevar a cabo de manera adecuada, por eso el hecho de que estuvieran vacunas supondría algo de tranquilidad” para las familias y los trabajadores que se encargan de dichos servicios. Como explica, “aunque en ningún caso se dejaran de aplicar los protocolos de seguridad, es cierto que poder relajarlos mínimamente permitiría que las terapias de ralentización de estas enfermedades se pudieran llevar a cabo mejor” y, sobre todo, supondrían un bálsamo de “tranquilidad”.
Por este motivo, Moreno expone que “es importante que se les incluya lo antes posible dentro de las vacunaciones prioritarias”, ya que son un grupo que “independientemente de su edad, son más vulnerables por las afecciones y el tipo de vida que llevan”. La directora comenta que a través de las federaciones de familiares de enfermos de Alzheimer y Párkinson de España se han puesto en contacto con las autoridades sanitarias para informar de este tema, pero que por ahora no han obtenido una respuesta al respecto.
Por el momento, dice, “se nos ha solicitado un listado de profesionales de los centros sociosanitarios y de los socios o usuarios que hacen uso de los mismos para tener un tanteo de la cantidad de vacunas que se deberían destinar, pero no se nos ha indicado en qué momento o de qué manera se va a llevar a cabo” la inoculación de las vacunas contra el Covid-19.
Grandes dependientes
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia una situación similar. “En torno a 313.000 personas grandes dependientes que no se encuentran en residencias deberían ser vacunadas en las próximas semanas”, sobre todo y entre ellas más “de 32.000 que al no haber sido valoradas ni tener resolución, es decir, por encontrarse en la lista de espera”. Estas, como indican, “no podrán ser vacunadas al no saber la Administración quiénes son”.
“A estas personas se las deja al albur de la decisión de un médico o médica para que acredite enfermedades que requieran apoyos para la vida diaria, como si el personal de medicina estuviese especializado en valoración de la dependencia, además de darles una nueva actividad que sobrecargue aún más su trabajo y sature, más si cabe, los servicios sanitarios en plena pandemia”, explican.
Por otra parte, señalan que “no se incluye al más de medio millón de personas dependientes severas, cuya vulnerabilidad es manifiesta”. Se trata de 450.517 personas con prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF), de las cuales aproximadamente 133.679 tienen el más alto nivel de dependencia (Grado III). “Estas personas dependen de la persona cuidadora no profesional que las atiende, que puede ser una o varias”, explican. Por lo tanto, “hay 133.679 personas cuidadoras no profesionales que deberían ser vacunadas por estar cuidando a las personas grandes dependientes en el Grupo 4”, una cifra que “se eleva hasta 187.833 en el caso de las personas con dependencia severa”.
Desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), señalan un punto de vista similar. Javier Font, presidente de FAMMA, explica que a día de hoy están “muy preocupados por esta situación”, en especial por las personas que “no han solicitado su grado de dependencia o no se les ha concedido por el momento”. Tal y como indica, “muchos de ellos están pendientes de su revisión y no están oficialmente recogidos dentro de las listas de personas dependientes, porque se han quedado fuera del plan de vacunación por el momento”.
“Nos preocupa que se nos contemple cuanto antes y que nos informen de cómo se va a hacer el proceso de vacunación”, ya que el día a día de personas con diferentes grados de dependencia requiere de “mayor planificación” que el de alguien completamente sano. “En algunos casos, para poder atender a estas personas, hay que desplazarse a sus propios domicilios o tener en cuenta recursos sanitarios adicionales para poder ponerles una vacuna, porque tienen una movilidad reducida o requieren de personas externas que estén con ellos”, dice.
Según sus datos, en España viven unas 360.000 personas con un grado de discapacidad reconocido, de las cuales en torno a un 60 por ciento sufren dependencia física u orgánica. “Estas son personas que requieren en muchos casos de tratamientos con medicamentos inmunosupresores”, lo que implica que su vulnerabilidad ante el coronavirus sea mayor que el de otros, por lo que “dependiendo de las patologías que sufran “su vacunación es más urgente”. De nuevo, en estos casos, la edad no es prioritaria.
Como señalan también desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Font indica que “también nos preocupa sobremanera la situación de los cuidadores informales y profesionales” que atienden a personas dependientes. La necesidad de contar con una o varias personas externas para el desarrollo del día a día implica, en muchos casos, el contacto personal constante de unos y otros, por lo que el riesgo de exposición es muy alto.
"No alcalzan los 80 años"
Del mismo modo, la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) en Madrid ha reclamado incluir en el plan de vacunación de la Comunidad de Madrid a personas con parálisis cerebral que no residen en residencias y con menos de 80 años, así como a sus cuidadores y familiares, ha informado Aspace en un comunicado. Tal y como explican, las personas con parálisis cerebral que tienen plaza en una residencia y el personal que les atiende ya han recibido la vacuna. Pero les preocupa "la situación en la que se encuentran aquellas personas con parálisis cerebral que no están institucionalizadas".
"La falta de transparencia e informaciones contradictorias que nos llegan desde varias fuentes de información oficiales y extraoficiales sobre el plan de vacunación de la Covid-19, establecido por el Ministerio de Sanidad y ejecutado por la Comunidad de Madrid, nos plantea la obligación moral de exigir a las autoridades competentes una aclaración al respecto", ha señalado el colectivo. En este sentido, este miércoles la Comunidad de Madrid anunciaba el diseño de la estrategia de vacunación a más de 30.000 personas dependientes de grado III no institucionalizadas y a sus cuidadores. Si bien se habrían recibido "instrucciones directas para vacunar a personas con grado III de dependencia, pero mayores de 80 años".
Ante estas informaciones contradictorias, Aspace Madrid se ha mostrado "realmente preocupada por la situación en la que se encuentran las personas con parálisis cerebral de la Comunidad de Madrid", ya que "un altísimo porcentaje de nuestra población tiene reconocido el grado III de dependencia y sin embargo ninguna alcanza o supera los 80 años". Como indican, "todas estas personas con parálisis cerebral y sus cuidadores no profesionales que viven en nuestra Comunidad, están incluidas por derecho en el Grupo 4 de vacunación debido a que son consideradas un grupo de riesgo ante la pandemia, pero desconocemos las fechas en las que comenzarán a recibir esta vacuna tan necesaria para nuestro colectivo", señalan. Adicionalmente "la completa cobertura de la seguridad de las personas con parálisis cerebral vendría acompañada de la vacunación de los convivientes en la unidad familiar".
“Es un trabajo que demanda cercanía”
La Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos, junto con la Asociación Servicio Doméstico Activo – SEDOAC, señalan que “con carácter de urgencia” se debe incluir al “personal del Servicio al Hogar Familiar en la Fase 2 de la vacunación ante el Covid-19”, debido a que “es un trabajo que demanda cercanía con la persona mayor y sus funciones como: levantarlas, asearlas, acompañarla, alimentarlas, etc., son tareas en donde es imposible mantener una distancia de seguridad”, señala Carolina Elías, presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo – SEDOAC.
“Así, para seguir la línea de protección que se desea brindar a nuestros mayores, también es imprescindible que se incluya a la persona que lo está cuidando”, explica. Además, desde la asociación sostienen que “ante la aprobación por parte de la Comisión de Salud Pública de la actualización 2 de la Estrategia de Vacunación en la que se incluye a las personas mayores de 80 años, y teniendo en cuenta los criterios y principios que justifican esta estrategia que aconseja priorizar a quienes están expuestos al riesgo de enfermar o a contagiar a estos grupos vulnerables, llamamos la atención sobre el colectivo de Trabajadoras de Hogar y Cuidados que trabajan en primera línea y estrecha relación con estas personas de alto riesgo”
Como indican, en la Estrategia en materia de vacunas contra el Covid-19 que desde la Comisión Europea se propone en este sentido, “se incluye en lugar destacado como posibles grupos que deben tener acceso prioritario a la vacuna a los trabajadores esenciales fuera del sector sanitario y aquellos que no pueden distanciarse socialmente”, dos condiciones que cumplen los trabajadores al servicio del hogar familiar, de las cuales calculan que son alrededor de 600.000 personas.
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