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Hospital Infanta Leonor
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Hospital Infanta Leonor (Foto: Kjell Salters)

La Comunidad incluirá en el Sermas los seis hospitales que se iban a privatizar

jueves 12 de noviembre de 2015, 10:13h
El Gobierno regional ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, en el que se recoge la incorporación al Sistema Madrileño de Salud (Sermas) de los seis hospitales cuya gestión se intentó privatizar. También incluye medidas para frenar el intrusismo en el sector del taxi.

Los hospitales Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía, Hospital del Tajo, Hospital del Henares y del Sureste dejarán de ser empresas públicas para pasar a formar parte del sistema madrileño de salud, una vez que se disuelvan sus respectivas sociedad antes del 30 de junio de 2016. El objetivo es que se homologuen al resto de hospitales de gestión directa. "Entendemos que es una medida que ahonda en el compromiso de apostar por una sanidad pública, gratuita y de máxima calidad", ha asegurado Cifuentes. La presidenta también ha señalado que los 5.600 profesionales que trabajan en ellos seguirán prestando sus servicios con normalidad. La gestión de estos seis centros hospitalarios estuvo a punto de ser externalizada por el expresidente regional, Ignacio González, quien tuvo que paralizar el proceso por el alud de sentencias que ponían en duda el proceso de adjudicación y la 'marea blanca'.

Además, en materia sanitaria la ley también incluirá la creación de cuatro nuevas categorías sanitarias: enfermero especialista, óptimo optometrista, auxiliar de farmacia y técnico de emergencia sanitaria. A la par, se deroga la declaración a extinguir 26 categorías de personal estatutario de gestión y servicios, como albañil, cocinero o peluquero.

El proyecto de Ley de Medidas Fiscales, que acompaña cada año a los presupuestos, se incluyen más medidas:

-Inmovilización de vehículos que suplanten el servicio de taxi, como pedía el sector.

-Modificación de la Ley de Especáculos para que los menores de más de 16 años puedan entrar en conciertos.

-Eliminación de tres tasas: renovación de tarjeta sanitaria, es decir, por robo, rotura o extravío; instalaciones y actividades industriales, energéticas y mineras; y autorización o reconocimiento de compatibilidad con actividades públicas o privadas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad.

-Simplificación de la Administración: A raíz de la supresión del Consejo Consultivo, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad asumirá la función que tenía atribuida el Consejo en materia de buen gobierno y transparencia, como las reclamaciones frente a la Administración madrileña o municipio relativas al acceso de información. También se suprime el Jurado Territorial de Expropiación, cuyas funciones serán ejercidas por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Por último, se modifica la Agencia Madrileña de Atención Social. Con estos cambios, el Gobierno de Cifuentes ahonda en la reducción de organismos públicos de la Comunidad, del 18 al 24 por ciento.

-Se extiende la asistencia de los letrados de la Comunidad, previa firma de convenio, a las entidades locales de la Comunidad.

-Ampliación de la bonificación del 95 por ciento de la cuota de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las operaciones de compra de suelo industrial en el Corredor del Henares, Sureste y Sur Metropolitano.

-Los ocupantes de viviendas públicas sin título, en su mayoría familiares del adjudicatario inicial, podrán permanecer en el inmueble con un contrato de arrendamiento si han estado en la vivienda los últimos 12 meses.

-Se adapta la Ley del Juego de la Comunidad a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, lo que permitirá dar validez en nuestra región a las homologaciones de materia de juego y al registro de las empresas de juego en otras comunidades autónomas. Además, se regulará la instalación en establecimientos de juego de terminales físicos de juego online.

-Se autoriza la cesión de datos de carácter personal de beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) entre el Servicio Público de Empleo y la Consejería de Políticas Sociales para garantizar la puesta en marcha de políticas activas de empleo.

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