El pasado 12 de enero se produjo un cónclave en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid para abordar el "rumor" que apuntaba a que este organismo público intentó contratar detectives para espiar a Isabel Díaz Ayuso. Al anormal encuentro acudieron el presidente y delegado de Vivienda, Álvaro González, el consejero delegado, Diego Lozano, el jefe de prensa, David Fernández, y el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, sin ningún tipo de atribución en el área de Vivienda. Este martes, el vicepresidente de la EMVS y delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha reconocido que tuvo conocimiento de esta cita en la que se trató la supuesta utilización de recursos públicos por parte del PP al día siguiente, aunque ha aclarado que "en ningún caso sospeché absolutamente nada".
El concejal de Ciudadanos, único compareciente esta tarde en la comisión que investiga la trama, ha explicado que fue José Antonio Acosta, gerente de la EMVS y excluido del encuentro a propósito, quien le comunicó que este había tenido lugar. "Lo que no supe es por qué se produjo", ha precisado Fuentes. Así, Acosta se habría limitado a trasladarle su nerviosismo por que le hubieran dejado al margen de la reunión. "Me llamó por si sabía si se le iba a despedir", ha agregado.
Cuestionado por la prensa después de su declaración por si realizó alguna averiguación respecto a la reunión, el delegado de Desarrollo Urbano ha manifestado que no realiza "ningúna indagación" al considerar "que es trabajo propio interno de la EMVS". Así, ha incidido en que en la conversación telefónica que mantuvo con Acosta este solo le expuso que "estaba preocupado por si se habló de él", a lo que respondió que podía estar "tranquilo" porque su trabajo en la empresa municipal "era sobresaliente".
Fuentes ha remarcado que se enteró del caso que vinculaba a la EMVS con un uso indebido de fondos públicos para fines partidistas el día que se publicó en los medios de comunicación, el 16 de febrero. Tampoco supo de la supuesta investigación interna que habría encargado José Luis Martínez-Almeida para esclarecer los hechos "hasta el mismo momento en que el alcalde dijo que se había realizado", el día 17 de febrero.
La jornada del 18, a petición del propio Fuentes, se reunió el Consejo de Administración de la EMVS en sesión extraordinaria en la que el testimonio de Álvaro González, dijo entonces, le aportó "más dudas que certezas". Hoy se ha reafirmado sobre esta opinión y ha señalado que sigue sin despejar algunas incógnitas. "No he resuelto las dudas", ha comentado. Sin embargo, ha sentenciado rotundo en varias ocasiones que "por lo que se desprende de la documentación y de los comparecientes no se ha producido ninguna contratación de detectives". Los controles administrativos, técnicos y jurídicos de la EMVS lo habrían impedido, ha repetido, como reiteraron la Jefa de Contratación, María Teresa Peral, y el propio gerente, José Antonio Acosta.
"¿Por qué esa mente maligna pudo pensar en contratar a espías a través de la EMVS? Entiendo que se eligió porque en los códigos de contratación estaba el epígrafe de contratación de detectives", ha indicado como justificación a que se eligiera la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y no otro ente público para, presuntamente, intentar fichar a los detectives que debían bucear en las cuentas del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid por orden de Génova.
Este martes estaban citados a declarar también el presidente en funciones de la Cámara de Cuentas, Carlos Salgado, y el responsable de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, Carlos Granados, que no se han presentado. El segundo ha alegado que su intervención "no procede" por estar instruyendo expediente sobre la materia desde el organismo que dirige.
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