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Foto de Archivo de la Secretaria de General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín.
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Foto de Archivo de la Secretaria de General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín. (Foto: Kike Rincón)

CC.OO. critica la falta de libertad de elección de centro escolar en la región y la legalidad de estos procesos

Por MDO/E.P.
jueves 30 de septiembre de 2021, 11:44h

CC.OO. ha calificado de “perverso y falsario” el sistema que perpetúa el supuesto decreto de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid. Entienden que con él se "mantiene y agudiza" un modelo que se reproduce "año tras año" en el que no existe esa libertad de elección por la propia interferencia de la Administración regional al cerrar unidades educativas en los centros públicos.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la secretaria general de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CC.OO., Isabel Galvín, que ha analizado la modificación del decreto de 2013 para actualizar los criterios de baremación, su ponderación y el procedimiento general para la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial en la Comunidad de Madrid.

Acompañada de la secretaria de política social e igualdad de la Federación, María Eugenia Alcántara, la responsable sindical ha recalcado que las modificaciones planteadas "agudizan" este sistema "perverso" en el que "no se produce la posibilidad de elección de centro para las familias con plena libertad", con "libertad real".

Una libertad de elección de centro educativo que, según CC.OO., no existe al estar supeditada a la existencia de plazas. "Un derecho de transcendida constitucional" que "no es un derecho absoluto" en la medida en que su cumplimiento depende de que existan o no plazas vacantes en el centro elegido. "Solo habrá libertad de elección cuando haya plazas. Y dado que ellos recortan plazas, la conclusión es muy sencilla: no hay libertad", sostiene el sindicato.

En este sentido, ha alertado de que solo en Madrid capital se han quedado sin atender 179 solicitudes para primero de ESO en el IES San Isidro; 155 para el mismo curso en el Tirso de Molina; 123 en el IES Las Musas e igual cifra en el Príncipe Felipe; 122 en el instituto Madrid Sur; 110 en el Blas de Otero;108 en el IES Gran Capitán; 105 en el Cervantes; 97 en el Alfredo Krauss, y en primero de Bachillerato, 342 en el IES Ramiro de Maeztu, entre otros.

"El caso del Bachillerato es sangrante, puesto que al tratarse de una enseñanza no obligatoria no se garantiza una plaza pública y se aboca al alumnado a los centros privados, con la evidente quiebra de la equidad y la igualdad de oportunidades", ha denunciado María Eugenia Alcántara.

En concreto, este decreto actualiza los criterios aplicables al proceso de admisión en centros educativos públicos para adaptarlos a la normativa básica estatal con el objetivo de incorporar a la condición de alumnado nacido de parto múltiple, la condición de familia monoparental, la situación de acogimiento familiar del alumnado solicitante y la condición de víctima de violencia de género o del terrorismo.

"Este sistema de oferta y demanda nos parece una aberración conceptual y como principio, además de un absurdo, dado quién proporciona los medios" que es la Consejería de Educación, ha subrayado CC.OO., que además ha lamentado la "gravísima falta de equidad" en el sistema educativo público madrileño.

En este sentido, Isabel Galvín ha lamentado que el modelo educativo en los colegios públicos sitúa a la región como "campeones de la desigualdad educativa en el país y en el marco europeo", equiparado en el contexto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con "los modelos de países más desiguales".

Cuestionamiento jurídico

El sindicato ha puesto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el proceso de admisión en estos cursos para el próximo curso 2021/2022 en la Dirección de Área Territorial (DAT) de la capital --hay cinco en total-- y la supresión de "más de 1.3000 aulas".

En este sentido, la secretaria de política social e igualdad de la Federación ha expuesto algunas cuestiones de dudosa legalidad como el hecho de que el concebido no nacido se contabilice a los efectos de aplicación del criterio de admisión de sus futuribles hermanos o hermanas.

"A tenor de lo que dice el Código Civil consideramos que el nasciturus puede ser, de manera cautelar, titular de derechos para el caso de que nazca, pero para él o ella misma, no para terceras personas como serían, en este caso, las hermanas o hermanos", ha argumentado Alcántara.

En esta línea, ha defendido que esta premisa "queda fuera de la legalidad", además de suponer un "absurdo" si lo que se quiere es apoyar a las familias.

Desde el sindicato también se ha lamentado que el texto de la norma se haya redactado con un lenguaje que "no es respetuoso con la igualdad entre mujeres y hombres". "Esta cuestión no es en absoluto baladí ni podemos obviarla ya que está de sobra demostrado que el lenguaje condiciona el conocimiento y la construcción de la realidad", ha defendido Galvín.

En esta línea, la responsable de Enseñanza de la federación madrileña del sindicato ha alegado que "la no visibilización verbal de las mujeres marca y determina la consideración que de ellas se da en el mundo, y que esta invisibilización se produzca desde el propio ámbito educativo resulta todavía más grave".

Por todo ello, CC.OO. ha reclamado a la Consejería de Educación que dé un giro copernicano al sistema de admisión del alumnado ante un decreto "que no hace sino abundar en la mayor falacia del sistema educativo madrileño y que ha ido configurando una red de centros en la que se ha ido debilitando la Escuela Pública sin pausa y, dependiendo de las zonas" y que se erija "en garante de la calidad en equidad del sistema educativo madrileño, contando con las organizaciones representantes del profesorado".

Así, ha recalcado su oposición "a los postulados neoliberales impulsados por Esperanza Aguirre, según los cuales los centros son los que compiten por el alumnado, como si de unos grandes almacenes se trataran" y su rechazo a un "sistema de oferta y demanda" que supone una "aberración conceptual" y "un absurdo" dado que "quien proporciona los medios a los centros públicos, que es el Gobierno a través de la Administración".

Frente a ello, ha defendido que debe existir un centro público razonablemente cerca de cada alumna o alumno, provisto de unos medios que garanticen la calidad y equidad educativa, con bajas ratios y demás medios para ello, y con la libertad (de enseñanza, de cátedra, de elección de opciones formativas) necesaria para la diversidad del sistema educativo, no eligiendo centro (y renunciando al resto del espectro de la diversidad, por tanto).

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