La Comunidad de Madrid ha comunicado este viernes a Cabify que se le otorgarán las 8.500 licencias por las que ha luchado en los tribunales durante los últimos ocho años. Sin embargo, la empresa deberá implementarlas de manera inmediata y todas al mismo tiempo.
La concesión de todas esas licencias por parte de la Comunidad de Madrid está condicionada a que la empresa demuestre que dispone de todos los vehículos requeridos para operar con ellas. Según Cabify, esta exigencia va en contra de las resoluciones judiciales.
La compañía ha afirmado en un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya había ordenado la concesión directa de estas licencias a Cabify, sin necesidad de cumplir con condiciones ni realizar trámites adicionales. Además, ha confirmado que procederá a ponerlas en funcionamiento.
Según denuncia en un comunicado, la compañía española de movilidad considera que la obligación impuesta por la comunidad de activar esta gran cantidad de licencias lo antes posible "constituye una desviación de poder y carece de fundamento jurídico".
"Tanto el TSJM como el Tribunal Supremo (TS) ya han indicado con claridad a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid cuál debería ser la forma de proceder, y no hacerlo es actuar con arbitrariedad y desviación de poder, sobrecargando innecesariamente a la propia Administración, con una reclamación que el Gobierno regional sabe que carece de fundamento", traslada la compañía.
Asimismo, considera que los ciudadanos madrileños enfrentarán un alto costo económico debido a que la administración necesitará realizar un análisis detallado para la acreditación de los vehículos a cada licencia, un proceso que, según la empresa, ya se llevó a cabo anteriormente.
Cabify expresa su preocupación de que la implementación repentina de todas estas licencias tenga un impacto negativo en el sector en su conjunto, debido a la gran cantidad de vehículos que se incorporarán al servicio. Esto contrasta con su propuesta de una introducción gradual.
Fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han señalado a Europa Press que lo único que está haciendo el Gobierno regional es "ejecutar la sentencia escrupulosamente".
Fin del proceso judicial
Cabify solicitó un paquete de autorizaciones el 20 de abril de 2018, un día antes de que se implementara un decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que restringía la proporción de VTC a una por cada 30 taxis. Sin embargo, Madrid denegó las solicitudes aplicando dicha normativa, lo que llevó a la compañía a presentar un recurso que llegó hasta el Supremo, donde se falló a favor de la empresa.
No obstante, en junio de 2023, se aprobó una ley por parte del Gobierno central actual que proporciona a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos diversas herramientas para restringir las autorizaciones de licencias VTC. Esta medida responde a la necesidad de abordar cuestiones medioambientales y la gestión del tráfico en las ciudades, tras la decisión de la justicia europea que anuló la ratio 1/30, pero permitió la posibilidad de limitar nuevas licencias por esas razones.
En julio de 2024, todas las solicitudes fueron nuevamente rechazadas por la Comunidad de Madrid, lo que llevó a Cabify a acudir a la Justicia. Como resultado, se emitieron nuevas resoluciones que reafirmaron su derecho a obtener las autorizaciones.
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