El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado en su reunión de este miércoles una inversión de 70.053.547 euros para el pago del bono social térmico de 2022.
A este programa para paliar la pobreza energética tienen acceso un total de 137.346 consumidores vulnerables de la región, ha desgranado el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, en rueda de prensa.
El Ejecutivo autonómico inicia ahora su tramitación tras haber recibido a mediados de febrero la transferencia del Estado con el presupuesto total, comenzando así a gestionar en breve el pago -en una única entrega- de las cantidades estipuladas para cada beneficiario.
Desde el Gobierno madrileño han explicado que un real decreto ley estableció en 2018 el programa de concesión de ayudas directas destinadas a paliar la pobreza energética en personas en riesgo de exclusión, garantizando la energía necesaria para disponer de calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Determinó los usuarios que pueden beneficiarse y las cantidades en función de su grado de vulnerabilidad y la zona del país donde están empadronados
Un recurso ante el Tribunal Constitucional declaró posteriormente contrarios a la Carta Magna uno de sus artículos, "indicando que es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas la identificación de los beneficiarios y el procedimiento para acceder a dicha información".
"Para dar cobertura legal a la obligación de las empresas comercializadoras de referencia de facilitar los datos personales de los beneficiarios del bono social térmico", la Comunidad de Madrid aprobó una Ley autonómica para así proceder a la tramitación y pago de las ayudas en cada ejercicio.
Aprobadas ayudas para conciliación, emprendimiento y modernización de polígonos industriales
El Consejo ha aprobado también una batería de ayudas por valor de 14,5 millones dirigidas al emprendimiento, conciliación y responsabilidad laboral, así como a la modernización de polígonos industriales de la región en 2023, con cuantías que llegan hasta 15.000 euros para los beneficiarios.
La convocatoria para solicitarlas ya está abierta y la información con los requisitos y detalles está disponible en la web institucional de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo destinará así cinco millones para fomentar la responsabilidad social y la conciliación laboral este año. La medida va dirigida a trabajadores autónomos y pymes que desarrollen su actividad en la región.
Se subvencionará la implantación de programas, planes directores o acciones para la obtención de certificaciones de normas o estándares de responsabilidad social. En este caso, la ayuda podrá alcanzar el 75 por ciento de los costes, con un máximo de 2.500 euros por beneficiario.
Las ayudas también son para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal mediante el fomento del teletrabajo, flexibilidad horaria y adquisición de equipos electrónicos necesarios.
Así, se subvencionará con 2.500 euros la contratación de nuevo personal en la modalidad de teletrabajo o formalizar un acuerdo de flexibilidad horaria o teletrabajo. A su vez se financiará también el 75 por ciento del coste de los equipos -con un máximo de 2.500 euros- que se adquieran para trabajar desde casa.
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado 4,5 millones de euros para financiar su programa de subvenciones para el fomento del emprendimiento colectivo, enfocado a la activación de los proyectos, contratación de servicios de asesoramiento, financiación de inversiones y apoyo a la incorporación de nuevos socios.
La primera de las líneas (a la creación), prevé un desembolso máximo de 15.000 euros, para facilitar los costes iniciales de la puesta en marcha, constitución o calificación, o los gastos de cotización del Régimen General de la Seguridad social de los socios constituyentes.
En la segunda (contratación), podrá ascender al 50 por ciento del salario bruto mensual de cada trabajador contratado para asesoramiento, con un importe máximo de 150.000 euros. En el caso de la financiación de inversiones, se incluyen los gastos en inmovilizado material o intangible, así como la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Se aportará el 50 por ciento del total, con un máximo de 20.000 euros por entidad y año.
Por último, por un lado, se ayuda a las empresas a las que se incorporen los socios, y que podrán alcanzar los 10.000 euros, y por otro, a los nuevos que aporten capital social, con una suma de un máximo de 3.000 euros.
Ayudas para mejorar las áreas industriales
El Ejecutivo regional ha aprobado también invertir cinco millones de euros en ayudas directas para la rehabilitación y modernización de los polígonos industriales de la región. Entre las actuaciones financiables se incluyen, entre otras, la mejora viaria (calzadas, aceras, aparcamiento), señalización de tráfico e identificación de calles, redes de saneamiento, infraestructuras de seguridad, sustitución de lámparas, luminarias y alumbrado exterior, gestión de residuos, obras para redes de telecomunicaciones y ajardinamiento y embellecimiento de zonas comunes.
Se establece como condición la obligación de instalar en el área puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos, cuya cantidad será directamente proporcional a la cuantía obtenida. Esta será, con carácter general, de un 50 por ciento de la inversión, que podrá llegar hasta el 60 por ciento en determinados supuestos, como ser un municipio de menos de 2.500 habitantes.
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