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Bloque de viviendas en Carabanchel
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Bloque de viviendas en Carabanchel (Foto: Kike Rincón)

Aplazado el juicio por la venta de viviendas de la EMVS a este miércoles

Por MDO/E.P.
martes 02 de noviembre de 2021, 11:26h

Los afectados por la venta de 1.860 viviendas sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), repartidas en 18 promociones, al fondo de inversión Blackstone esperan que "por fin" se haga justicia después de ocho años desde que "una decisión" de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella truncara la vida de muchas familias y el patrimonio de la ciudad de Madrid, saliendo cada piso por un precio medio de 69.000 euros.

Por esa operación, estaba previsto que hoy se sentaran en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid Fermín Oslé Uranga, exconsejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda -sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone-.

Finalmente, la vista oral arrancara mañana debido a la incomparecencia de una acusación particular por causas médicas. La jornada de mañana se centrará en las cuestiones previas al juicio y declararán los dos acusados.

El caso, promovido por el PSOE y los afectados, se archivó hasta en tres ocasiones, al considerar el juez de Instrucción número 38 de Madrid que no había "suficientes elementos" para seguir con la investigación. Pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura a instancias de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS, que en el juicio ejerce como acusación particular. También ejerce como acusación particular el Grupo Municipal Socialista.

La Fiscalía de Madrid no imputa ningún delito a los dos acusados y solicita en su escrito la absolución al considerar que no han cometido ninguna infracción penal. En cambio, los afectados solicitan para los encausados ocho años y cuatro meses de cárcel por fraude, prevaricación, malversación de causales públicos y un delito del artículo 289 del Código Penal, así como ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público. La mercantil Fidere figura como responsable civil subsidiaria.

Un precio "ridículo"

El letrado Mariano Benítez de Lugo, abogado de los perjudicados, ha destacado que en el juicio se va a analizar "la infame operación de venta de 1.860 viviendas a un precio ridículo a un fondo americano de inversión".

"Hubo una tasación que valoró el precio el doble con independencia de que había otra solución", ha subrayado el letrado, quien ha apuntado a Ana Botella. La exalcaldesa fue exonerada por parte del Tribunal de Cuentas.

"Creemos que tuvo bastante responsabilidad. Fue bastante chocante y contrario a derecho porque la ponente fue Margarita Mariscal, exministra de Justicia con José María Aznar. Su deber de abstención era manifiesto", ha reseñado.

Una veintena de perjudicados han querido arropar al abogado en el juicio, siendo aplaudido a su llegada a esta sede judicial. La presidenta de la asociación de afectados, Arantxa Mejías, ha señalado que esperan justicia aunque ha dicho que "lo más justo era que no se hubieran vendido esas viviendas ni especulado con los hogares de 1.860 familias".

"Por parte de Ana Botella no hemos tenido ninguna noticia, solo la del Pleno que fue una decisión que nos truncó la vida y el patrimonio de la ciudad de Madrid. Hemos tenido algunos apoyos como los del Defensor del Pueblo y el PSOE y otros apoyos oportunistas", ha lamentado.

La investigación penal se instruyó por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude respecto a la participación en la venta irregular por parte de Fermín Oslé Uranga y Alfonso Benavides Grases.

Además del ámbito judicial, el caso tuvo una vertiente administrativa y económica por parte del Tribunal de Cuentas. En septiembre de 2017, se hizo público informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que se centraba en los ejercicios 2012 y 2013, bajo un mandato del PP.

En el informe se señalaba que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar, ya que lo más parecido a ello es una estimación realizada por una entidad, que además resultó ser asesora de los adjudicatarios.

A eso se sumaba que no existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada que con carácter previo al acuerdo de la venta tuvieron cuatro compañías, entre ella la adjudicataria Magic Real State, que después cedió sus derechos a las compañías Fidere.

Ana Botella resultó exonerada del caso después de que el Tribunal de Cuentas revocara una sentencia condenatoria y absolviera a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo. La sentencia revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros.

No ve delito

Ya en la esfera penal, la Fiscalía subraya en su escrito que "el procedimiento en todo momento se ajustó a las prescripciones establecidas en el artículo 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y al artículo 18 del Decreto 74/09, Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid".

A su juicio, ello "permitía la enajenación por sus titulares de las viviendas con protección pública para arrendamiento y arrendamiento con opción a compra por promociones completas y a precio libre, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda".

Por tanto, entiende que se siguieron "en todo momento los principios establecidos en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, de aplicación complementaria para resolver lagunas en aquellos contratos excluidos de la Ley entre los que se encontraban los de enajenación de inmuebles".

En cuanto a la EMVS, apunta que "a resultas de la operación, el ejercicio económico de 2013 arrojó un resultado positivo en todas sus partidas, incrementando el patrimonio neto y los fondos propios y reduciendo el pasivo, conforme a las previsiones del Plan de Viabilidad y dando cumplimiento a las obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

Denuncia de los socialistas

Las actuaciones se incoaron a raíz de una denuncia presentada por el abogado del PSOE en nombre del entonces portavoz municipal Jaime Lissavetzky, así como la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas de la EMVS contra Fermín Oslé y Alfonso Benavides, el apoderado de la firma Fidere.

Los demandantes insinuaron que el procedimiento objeto de la causa "no fue correcto" por existir, entre otras cosas, "otras alternativas, otras posibilidades que produjesen algo así como menos daño a la ciudad de Madrid".

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