La representante del Ministerio Fiscal ha mantenido la solicitud de una multa de 3.600 euros por un delito leve de homicidio imprudente menos grave al no aceptar la tesis presentada por el tribunal en relación al caso del guardia civil que disparó a un joven durante un brote psicótico en septiembre de 2020 en Manzanares el Real, lo que contrasta con la posición de la familia.
Después de los informes presentados por las partes, el juicio se ha dejado a la espera de sentencia. Los abogados y la fiscal fueron convocados por el tribunal para evaluar si se daba lugar a un homicidio imprudente en concurso ideal con lesiones dolosas, así como las posibles eximentes de legítima defensa y de actuar en cumplimiento de un deber.
El artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) fue invocado por el magistrado Juan José Ortega, quien preside la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid. Al evaluar las acusaciones presentadas en los escritos, consideró que estas eran incompletas y, durante la fase de alegaciones finales, propuso abordar una posible intencionalidad en los hechos que se estaban juzgando.
La fiscal ha sostenido en su informe que la actuación del agente, que resultó en "la peor de las consecuencias", es decir, la muerte de un joven de 26 años, fue "una imprudencia". Esta afirmación se apoya en los testimonios de testigos que informaron a la Policía y a la Guardia Civil sobre una persona en la plaza del Ayuntamiento, quien se encontraba en pleno brote psicótico, en un estado agresivo y gritando "os voy a matar" mientras empuñaba dos navajas.
El sargento que lideraba el operativo policial estableció un diálogo con esta persona, pero él continuó agitando las navajas. "Se abalanzó contra el sargento y este logró esquivarle. La víctima huyó por una calle adyacente y unos agentes le persiguieron. El chico inició acometidas contra los agentes y estos retrocedieron", ha relatado.
Disparos como elemento de disuasión
La agresividad que la víctima exhibía hacia los agentes fue un aspecto destacado por la fiscal, lo que llevó a estos a abrir fuego. "Hubo disparos disuasorios. No cesó en su actitud y enfiló las navajas hacia el agente acusado, poniendo en peligro su integridad física y efectúa dos disparos", ha señalado.
Se ha cuestionado el testimonio de varios testigos que afirmaron haber visto cómo le dispararon por la espalda mientras corría, basándose en un informe pericial sobre la trayectoria de las balas que refuta esa posibilidad. Además, los expertos también concluyeron que el disparo no se realizó a quemarropa, sino desde una distancia de uno o dos metros.
La fiscal ha señalado que los hechos corresponden a un delito leve de homicidio menos grave, ya que, en primer lugar, "la acción la lleva a cabo un joven agente que llevaba tres años en el cuerpo y nunca se había enfrentado a una situación parecida".
"Y esa acción se realiza dentro de un operativo policial complejo en el que hay un diálogo previo y cuatro disparos disuasorios", ha agregado. En el caso de que se contemple el dolo, ha planteado que asume las eximentes formuladas por la defensa.
La abogada que defiende a la familia ha considerado en parte la valoración del tribunal, proponiendo cambiar su calificación a homicidio imprudente en combinación con un delito de lesiones dolosas. Esto incrementa su solicitud de condena de prisión de cuatro a cinco años.
La abogada ha enfatizado que el joven, que incluso estaba haciendo videollamadas solicitando ayuda, sufrió un brote que no fue considerado por los agentes.
"No era el procedimiento más adecuado el formar un cerco de guardias civiles que le impedía salir. No intentaba agredir, sino huir. Hubo una falta de planificación absoluta porque ocho agentes le persiguieron a pie y tres patrullas en vehículo", ha dicho. Defiende que los disparos fueron laterales y que no se usaron las defensas. "Ninguno evitó la muerte", sentencia.
La abogada del Estado ha argumentado que los agentes actuaron "en el ejercicio de sus funciones" y ha solicitado la absolución de su cliente, ya que considera demostrado que la víctima portaba dos armas blancas en las manos. Según su alegato, "no se le puede exigir responsabilidad penal alguna".
El agente sostiene que siguió el protocolo
El agente declaró que se cumplió con el protocolo, lo cual fue confirmado por los demás miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que formaron parte de la intervención policial, que tuvo una duración aproximada de seis minutos.
Dos testigos, la semana pasada, ofrecieron su declaración en contra de lo que sostiene el procesado, afirmando que los agentes dispararon al joven mientras este corría y sin que se lanzara hacia alguno de ellos. "Le encañonaron", afirman.
El encausado explicó en su declaración que se respetaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. "Me dijo: «Te mato, he salido a matar policías solo me vais a parar con un tiro en la cabeza. Voy a morir matando». Estaba a cinco o diez metros y en todo momento estaba con las navajas en alto", relató.
En un momento determinado, se les acercó a unos tres metros y un sargento efectuó varios disparos. "Se giró y se abalanzó sobre mí en ese momento saqué el arma y realicé dos disparos a las piernas a zona no vital", apuntó.
Ante el tribunal, la madre del fallecido compartió la experiencia de los episodios psiquiátricos que padecía su hijo debido a las dificultades que tenía para tomar su medicación. "Ese día tenía la idea de que la policía le iba a matar. Él chillaba en la plaza. No era violento. Tenía miedo", relató, y expresó su indignación por el hecho de que 12 guardias civiles se acercaran a su hijo y le dispararan en una ráfaga de ocho tiros.
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