Fermín Oslé Uranga, exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, se sentarán este martes en el banquillo de los acusados por la presunta venta fraudulenta de 1.860 viviendas a un fondo de inversión en 2013 bajo el mandato de Ana Botella.
El caso iniciado a raíz de una denuncia del PSOE y afectados se archivó al considerar el juez de Instrucción número 38 de Madrid que no había "suficientes elementos" para seguir con la investigación. Pero en mayo de 2019 la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura a instancias de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS, que en el juicio ejerce como acusación particular.
La Fiscalía de Madrid no imputa ningún delito a los dos acusados y solicita en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la absolución al considerar que no han cometido ninguna infracción penal.
En cambio, la asociación de afectados solicita para los encausados ocho años de cárcel por fraude y por malversación de causales públicos, así como ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público, según ha detallado a Europa Press una portavoz del colectivo. La mercantil Fidere figura como responsable civil subsidiaria.
La investigación penal se instruyó por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude respecto a la participación en la venta irregular por parte de Fermín Oslé Uranga y Alfonso Benavides Grases.
Además del ámbito judicial, el caso tuvo una vertiente administrativa por parte del Tribunal de Cuentas. En septiembre de 2017, se hizo público informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que se centraba en los ejercicios 2012 y 2013, bajo un mandato del PP.
En el informe se señalaba que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar ya que lo más parecido a ello es una estimación realizada por una entidad, que además resultó ser asesora de los adjudicatarios.
A eso se sumaba que no existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada que con carácter previo al acuerdo de la venta tuvieron cuatro compañías, entre ella la adjudicataria Magic Real State, que después cedió sus derechos a las compañías Fidere.
Ana Botella resultó exonerada del caso después de que el Tribunal de Cuentas revocara una sentencia condenatoria y absolviera a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo. La sentencia revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros.
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