El 9 de agosto de 1969, un sorprendente editorial publicado en el diario SP dejó entrever el gran enfrentamiento entre los dirigentes del régimen franquista y los ministros económicos provenientes del Opus Dei durante el caso Matesa. Estos dirigentes (los azules) pretendían servirse de este escándalo para debilitar a los mencionados ministros, (los tecnócratas). Sin embargo, lo que iba a suponer una victoria sencilla para un cierto sector del Gobierno, desencadenó en un escándalo que perjudicó al franquismo.
Todo comenzó el 23 de julio de 1969. Víctor Castro Sanmartín había presentado una denuncia contra la empresa Matesa, acrónimo de Maquinaria Textil del Norte S.A., ante el Tribunal de Delitos Monetarios. Al parecer, la considerada como primera multinacional española había logrado un gran éxito gracias a un novedoso telar sin lanzadera denominado Iwer, ensamblado en España y exportado a distintos países del resto del mundo.
Esto hizo que la empresa se beneficiara de numerosos créditos y ayudas oficiales, pero el éxito de aquel aparato distaba notablemente de la realidad. La venta de los telares se realizaba a distintas empresas filiales de la propia compañía y establecidas en diversos países, mediante una operación que podría ser calificada de autoventa. Así, una gran cantidad de estas maquinarias se guardaba en almacenes mientras la empresa llegó a acumular créditos cuyo valor ascendía a 10.000 millones de pesetas en 1969.
La ocasión para acabar con los tecnócratas
Tras destaparse este escándalo, fue detenido el día 28 de aquel mes Juan Vilá Reyes, creador de la empresa y presidente del club de fútbol R.C.D. Español. Dada la vinculación del empresario con el Opus Dei y al sector de ministros económicos procedentes de esta organización, el Ministerio de Información encabezado por Manuel Fraga aprovechó para perjudicar a sus adversarios políticos mediante una importante campaña a través de aquellos medios de comunicación afines al régimen.
Amparado en la Ley de Prensa de 1966, Fraga permitió que este asunto se tratara con una libertad inusual para la época en distintos medios. Así, aparecieron informaciones en periódicos como el diario Madrid o el SP, que publicó el 9 de agosto un editorial en primera página en el que afirmaba: "El control público de la empresa privada Matesa lleva camino de convertirse en el 'affaire' más sonado de los 30 últimos años". Además, en el propio diario se llegó a pedir la dimisión de los ministros económicos, un contenido absolutamente inesperado en un diario de tendencia falangista. Sin embargo, esta inusual libertad para tratar el tema creó algunas sospechas sobre un posible enfrentamiento directo entre dos sectores del Gobierno, con intereses por parte de uno de ellos.
En ese momento, todo parecía que iba a terminar con los ministros tecnócratas destituidos y el régimen fortalecido en unos años marcados por la evidente debilidad de Franco. Sin embargo, este asunto, que el propio dictador prefirió tratar de manera discreta, se había convertido en un gran escándalo y eso le hizo tomar una decisión inesperada. Con el fin de solucionar el asunto, Francisco Franco decidió renovar el Gabinete y sustituyó a 13 de los 18 ministros, entre los que se encontraban tanto tecnócratas como azules. Entre ellos se encontraba el propio Manuel Fraga Iribarne y los tecnócratas pasaron a ser mayoría, dando paso a un Gobierno calificado de monocolor.
Vilá, condenado; y Matesa, embargada
En lo que respecta al propio caso Matesa, se confirmó que las cifras reales de exportación de los famosos telares eran muy inferiores a las que presumía la propia empresa. De hecho, se sospechaba que todo se trataba de una tapadera para la financiación del Opus Dei, pero no se llegó a conocer aquella información en España.
Finalmente, Vilá Reyes fue multado en 1970 con 21 millones de pesetas, así como posteriormente recibió otra multa de 1.658 millones y una pena de tres años de prisión. También fueron procesados algunos de sus colaboradores y ciertos responsables del Banco de Crédito Industrial, responsable de los créditos. En 1971, Vilá fue indultado por Franco, de manera que se le condonó el pago y el cumplimiento de una cuarta parte de la pena. También fueron indultados de manera simultánea los exministros Navarro Rubio, Espinosa San Martín y García Moncó.
No todo había terminado para el empresario en ese momento. Fue condenado de nuevo en 1975 por la Audiencia de Madrid, por dos delitos de estafa, 417 delitos de falsedad en documento mercantil y cuatro delitos de cohecho activo. La pena ascendía a 223 años de prisión y 9.600 millones de pesetas de indemnización, confirmada por el Supremo en 1976, aunque fue indultado por el rey Juan Carlos I. Había cumplido seis años y medio de prisión. En los años posteriores, intentó limpiar su nombre después de un gran escándalo que acabó suponiendo la debilitación del régimen franquista en sus últimos años de vigencia.
Matesa contuinuó sus actividades industriales bajo el control de un administrador judicial hasta marzo de 1983. La empresa había sido embargada en 1969 y 14 años después fue subastada por 66.000 pesetas, adjudicada a una sociedad laboral formada por sus antiguos empleados. Se creó una comisión liquidadora para recobrar el importe de los créditos acumulados por la empresa, pero solo se lograron recaudar 6900 millones de pesetas al valor de 1983 procecentes en su mayoría de las entidades de seguros.
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