La paralización cautelar de la exhumación de Franco ha levantado una ola de reacciones políticas al respecto. Mientras el PP ha aprovechado para criticar una "nueva equivocación política y jurídica" del PSOE, Vox prefiere dejar "la historia para los historiadores". Pablo Iglesias ha dejado esta cuestión de lado para centrarse en otro aspecto del auto judicial en el que se señala al dictador como Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936, un hecho que ha catalogado de "barbaridad". Por otro lado, al tiempo que el Supremo decidía suspender el proceso, la asociación 'Ni Valle ni Almudena' se concentraba frente a su sede para reclamar que se ponga fin al "insulto a la sociedad" que supone que los restos del caudillo sigan en Cuelgamuros.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha recriminado este martes al Tribunal Supremo (TS) que en el auto por el que ordena la paralización cautelar de la exhumación del dictador Franco, se señale que fue Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936. "Que la sección cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo considere a Franco Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 es una auténtica barbaridad", ha señalado en un mensaje en su perfil de Twitter.
En esa fecha, en Burgos, a los pocos meses del comienzo de la Guerra Civil, el general Franco fue investido como Jefe del Estado por el bando sublevado. El líder 'morado' señala que la razón para que el TS cite esa fecha quizá sea "la cercanía de uno de los jueces a la Fundación Franco". Y recalca que ese juez, al que no nombra, ha participado en algunos actos de la fundación.
"El Supremo ha apoyado el obstruccionismo de la familia del dictador por encima de los derechos de las víctimas del franquismo y del mandato del Congreso. La exhumación de Sanjurjo prueba lo fútil de esta decisión. Franco debió dejar de tener un mausoleo de Estado hace muchos años", ha dicho textualmente en otro mensaje.
El PP carga contra Pedro Sánchez
Por su parte, el PP ha cargado contra el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por su "nueva equivocación política y jurídica" en el procedimiento para exhumar los restos del caudillo del Valle de los Caídos, un hecho que, a su entender, sirve para "mantener reabiertas las heridas de la Guerra Civil", según han informado fuentes de la dirección nacional del partido.
Para el Partido Popular, el Tribunal Supremo "de nuevo ha tenido que decirle al gobierno que las cosas no se pueden hacer saltándose la ley". "Nosotros, además, le decimos que no debe hacerse lo que el Gobierno está obsesionado con hacer", han añadido las mismas fuentes.
El partido que dirige Pablo Casado ha anunciado de nuevo que, tal y como figura en su programa electoral, presentará una Ley de Concordia que derogará la Ley de Memoria Histórica. Los 'populares' anunciaron esta norma en septiembre del año pasado pero aún no la han presentado. Esa ley incluirá "a todas las víctimas" y hará "un alegato en favor de la libertad y la paz, la tolerancia y la convivencia" con el objetivo de que "nunca más, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, vuelva el odio y la violencia entre españoles".
Mientras, el Gobierno asume dentro de la normalidad la decisión del Tribunal Supremo. "No es extraño que suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte", considera La Moncloa. No obstante, el Ejecutivo está "convencido" de que el Tribunal Supremo desestimará los recursos presentados contra la exhumación cuando resuelva sobre el fondo de la cuestión, como ha venido haciendo hasta la fecha con todos los recursos planteados por la familia Franco. Entre tanto, y como consecuencia de la suspensión cautelar, "el Gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia".
Vox, por su parte, prefiere no hacer declaraciones. Su portavoz parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, tan solo ha comentado que "no se meten". "Lo que hemos dicho siempre es que la historia hay que dejarla a los historiadores", ha sentenciado.
Los Franco, satisfechos
La familia de Francisco Franco se ha mostrado satisfecha con la paralización de la exhumación. Según ha explicado Luis Felipe Utrera Molina, abogado de la familia, la decisión "pone en su sitio" al Gobierno y recalca el respeto al control judicial de la actuación administrativa. "El Gobierno se ha movido más por razones políticas y ha abandonado el rigor jurídico en su actuación", ha criticado en declaraciones a TVE.
"Mis clientes lo han recibido con satisfacción, con alivio y con confianza en la Justicia", ha añadido Utrera Molina. Aunque admite que esta decisión cautelar no prejuzga el fondo del asunto, ha insistido en que el Tribunal considera que los argumentos que maneja la familia "son dignos de tener en cuenta". A su juicio, con esta decisión se evita un perjuicio irreparable que el Ejecutivo socialista no consideró, al querer mover el cadáver de Franco "de un lado para otro, como si fuera un mueble más".
El abogado ha explicado que, aparte de la exhumación, el recurso también tiene que ver con la posterior inhumación del cadáver del dictador en una nueva localización, en caso de que se proceda a la exhumación. "El derecho de la familia a designar el lugar donde reposen los restos no puede ser violentado por el Gobierno", ha indicado.
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La Fundación Nacional Francisco Franco, una de las cuatro que han recurrido ante la justicia la interrupción de la exhumación, también ha expresado este martes su "satisfacción". En línea con lo expresado por el resto de las partes interesadas (la familia Franco, la comunidad Benedictina que custodia la basílica del Valle de los Caídos y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos), consideran ilegal el real decreto ley que inició el procedimiento para exhumar los restos del dictador, una operación que califica de "bravuconería".
Alega la fundación que este decreto es "contrario a la doctrina constitucional sobre la prohibición de leyes singulares", al considerar que está hecha única y exclusivamente para sacar del Valle de los Caídos a Franco y no así a otras personas enterradas allí y que no murieron como consecuencia de la Guerra Civil, como es el caso de algunos monjes enterrados en el Valle de los Caídos.
En definitiva, para la fundación la decisión de exhumar a Franco responde a un "afán" del Gobierno de Pedro Sánchez de "fomentar la crispación" con una medida que "reabre heridas, enfrenta a los españoles y no propicia la unidad de todos" para hacer de España "una nación fuerte, orgullosa de su historia , que aprende tanto de los aciertos como de los errores".
Concentración a favor de la exhumación
Antes de conocerse la determinación judicial, la plataforma 'Ni Valle ni Almudena' se ha concentrado este martes frente al Tribunal Supremo para pedir la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y el traslado de sus restos.
"Venimos defendiendo públicamente que cada día que Franco pasa en Cuelgamuros constituye un insulto a la sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas", recuerdan.
El Decreto-Ley sobre la exhumación de los restos del dictador fue convalidado por el Congreso de los Diputados el día 13 de septiembre de 2018 con sólo dos votos en contra.
"Lo que ahora se dilucida es quién tiene realmente el poder en España: las instituciones democráticas electas, o la familia Franco y sus abogados, pagados con el producto del expolio de los bienes públicos llevado a cabo por la dictadura. Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy una prueba de fuego de la calidad de la democracia española", señalan.
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