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La nueva ley de Puntos de Encuentro primará por el interés del menor cuando tenga que visitar a sus padres o tutores.
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La nueva ley de Puntos de Encuentro primará por el interés del menor cuando tenga que visitar a sus padres o tutores. (Foto: Pixabay)

Proteger al menor y a las víctimas de maltrato, claves de la nueva ley de Puntos de Encuentro

jueves 21 de febrero de 2019, 07:21h
La Asamblea de Madrid aprobará este jueves la propuesta impulsada por el PSOE -y transaccionada por el resto de grupos a excepción del PP- cuyo fin es el de regular los servicios de mediación de la Comunidad de Madrid para que se vele por la seguridad de los menores afectados. Su interés primará por encima de cualquier otra cuestión, a excepción de cuando se vean implicadas víctimas de violencia de género, maltrato o abusos sexuales. Se pretende que el personal (psicólogos, trabajadores sociales y equipo jurídico) esté especializado en Infancia y que se trate de un recurso temporal. Para ello, se formará a los padres con la intención de que logren un acuerdo que beneficie a su hijo.

Mantener las relaciones de padres e hijos en un clima de seguridad y conciliación que contribuya al correcto desarrollo del menor. Ese es el objetivo de los Puntos de Encuentro Familiar que, si bien existen ya en la Comunidad, no estaban dotados de una ley que los aúne y regule por igual. Esta situación cambiará a partir de este jueves, cuando la Asamblea de Madrid apruebe -previsiblemente con los votos de PSOE, Ciudadanos y Podemos y la abstención del PP- el dictamen de la Comisión de Políticas Sociales sobre la Proposición de Ley (PL) reguladora de los también llamados Centros de Apoyo y Encuentro Familiar.

Se trata de establecer una regulación unitaria que rija tanto para los centros dependientes directamente de la Comunidad de Madrid -que serán gratuitos-, así como a los gestionados por los distintos Ayuntamientos o instituciones privadas que tengan convenios con el Gobierno autonómico. "Estableceremos que son un espacio social especializado en el que se ofrece atención profesional e individualizada a las familias que, por resolución judicial o administrativa, necesiten la mediación de los mismos", explica la diputada socialista María José Navarro a Madridiario.

Fue el PSOE, precisamente, el que impulsó esta normativa con el fin de que la Comunidad se vea obligada, sobre todo, a "garantizar la seguridad" en dichos centros. "Si fuera por nosotros, abogaríamos por que los padres maltratadores no puedan visitar a sus hijos, pero no podemos porque no lo contempla el Código Civil", lamenta Navarro. "En los supuestos de violencia de género no deberían acordarse regímenes de visitas a favor de los hijos, por cuanto el padre que maltrata a la madre no puede transmitir adecuados valores de igualdad a los menores que, además, son víctimas directas de esa violencia", reza también el preámbulo de la ley.

De hecho, fue la actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, quien impulsó esta norma en 2017, tal y como recuerda Navarro. "En los supuestos derivados por un asunto de violencia de género o presunción de la misma, o de cualquier otro supuesto en que se sospeche de la existencia de cualquier abuso sobre los menores en el ámbito familiar, se atenderá al principio del interés superior de las víctimas", especifica la norma. Esto se extiende, también, a los casos de abusos sexuales o cualquier otro tipo de maltrato.

En el resto de casos, será el "interés superior del menor, siendo siempre prioritaria la seguridad y protección" del mismo, así como su "integridad física y psíquica" el que será prioritario a la hora de establecer los encuentros familiares. Del mismo modo, en estas citas debe regir la "neutralidad", la "confidencialidad" y la "subsidiariedad" (se recurrirá al Punto de Encuentro Familliar únicamente cuando sea el único medio posible, tras agotar otras vías, para facilitar las relaciones entre el menor y sus progenitores).

Pero Navarro pone especial énfasis en otros dos "principios rectores de actuación": la temporalidad y la especialización. "No se trata de que se usen los Puntos indefinidamente, sino de que la intervención dure lo que dure el conflicto existente y que éste sea lo más corto posible", explica la diputada socialista. Para ello, relata, se trabajará también con los progenitores para que busquen un acuerdo que beneficie a su hijo por encima de sus propios intereses y lleguen a un acuerdo de custodia que mejore las relaciones familiares. Una vez más, los casos de violencia de género quedarían excluidos de este trabajo de mediación entre los padres. En cualquier caso, "se trata de un proceso de tránsito que debe terminar en la normalidad familiar", resume Navarro.

La especialización es otro de los puntos más importantes de la ley. Para que todo funcione correctamente, se necesitan equipos jurídicos, psicólogos y trabajadores sociales bien formados que atiendan estos casos con la especialización que se merecen. Por ello, la nueva normativa obligará a los trabajadores -que serán funcionarios en los centros gestionados por la Comunidad- a tener experiencia previa, laboral y formativa, en Infancia, Violencia de Género e Intervención Social.

Además, según la diputada socialista que defenderá la PL en el Parlamento, "hay recursos" suficientes para poder implantarla ya que consta de modificaciones "asequibles" por los puntos de encuentro ya existentes que dependen de la Comunidad: Majadahonda-Las Rozas; Alcorcón-Móstoles; Centro Mariam Suárez; Mancomunidad de Servicios Sociales de Mejorada-Velilla y la de Torrelodones-Hoyo de Manzanares-Alpedrete-Moralzarzal; y los Ayuntamientos de Pinto y Tres Cantos.

"En los Presupuestos de 2019 ya hay una partida de 100.000 euros para Puntos de Encuentro", explica. Dinero suficiente, dice, para que los que ya están en funcionamiento se adapten a la nueva ley a lo largo de este año. Los tres años siguientes se intentaría crear más centros con el fin de que cada caso se derive lo más cerca posible del domicilio del menor.

Esta PL ha sido "mejorada" -en palabras de Navarro- con las enmiendas de Ciudadanos y Podemos. Sin embargo, el PP intentó tumbarla en la Comisión de Política Social presentando una enmienda a la totalidad que fue rechazada. Ahora el dictamen final recibió luz verde de todos los grupos parlamentarios, a excepción del partido de Gobierno, que se abstuvo. Todo hace prever que ese mismo resultado se repita este jueves en el Pleno de la Cámara regional.

La gratuidad de los libros de texto y los okupas, a debate

En otro orden de cosas, en el Pleno de la Asamblea no sólo se celebrará la habitual sesión de control al Gobierno, sino que comparecerán de forma extendida la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, -a petición de Podemos- y su homólogo en Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, -a petición del Grupo Socialista-. Antes, se aprobará en lectura única la Proposición de Ley (PL) que modifica la Ley 5/2018 para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas de Terrorismo y se debatirá la toma en consideración de la PL de garantías del derecho básico a la alimentación.

Asimismo, se votarán las Proposiciones No de Ley (PNL) -que no son vinculantes para el Ejecutivo autonómico- relativas a revisar el modelo de aplicación de la gratuidad de los libros de texto, a reforzar las medidas necesarias para desalojar a los okupas de las viviendas públicas de la Comunidad o la propuesta de Cs para que la Semana del Orgullo LGTBIQ de Madrid sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, entre otras cuestiones.

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